. "No puede ser que venga una movilizadora de otro lugar y le llene la cabeza a la gente"

 

Lo expresó el intendente Hernán Bertellys al referirse a Griselda Altamirano, líder del Movimiento 1º de Octubre que el lunes tomó el palacio municipal. El jefe comunal apuntó directamente hacia la dirigente y dijo además que los pedidos que formuló “son insólitos e imposibles” de cumplir para un intendente. Por su parte, el subsecretario de Legal y Técnica, Roberto Dávila, informó que ampliarán la denuncia radicada el lunes por la tarde ante los daños relevados en el edificio. 

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Luego de la toma del Palacio Municipal por parte del Movimiento 1° de Octubre y el posterior desalojo del edificio por parte de personal policial, en la mañana de ayer el intendente Hernán Bertellys brindó una conferencia de prensa, acompañado por funcionarios de su gabinete, para informar los pasos seguidos durante y luego de la toma.

Cabe recordar que el lunes al mediodía la mencionada organización tomó el palacio municipal con reclamos dirigidos al gobierno nacional.

Por la tarde, el Ejecutivo radicó la correspondiente denuncia penal, la que recayó en la UFI Nº 2 a cargo de Laura Margaretic. Fue esta fiscal la que pidió el desalojo, al cual hizo lugar la jueza de Garantías Magdalena Forbes.

Así, ayer temprano en la mañana se produjo finalmente el desalojo, que terminó con la aprehensión de cinco mayores, entre ellos la líder de la agrupación. Unas pocas horas después, el jefe comunal se encontró con los medios en su despacho oficial. Allí estuvo EL TIEMPO.

“Acciones que rozan la delincuencia”

En principio, Bertellys señaló que “quiero llevarle tranquilidad a la comunidad de que el municipio está funcionando de forma normal, luego de la toma del día lunes por parte del Movimiento Social 1º de Octubre”.

En ese marco, explicó que “hicimos la denuncia correspondiente y en función de esto la fiscal actuó”, el mismo lunes por la tarde.

Con la orden de desalojo ya dada, el Intendente indicó que ayer, antes del amanecer, “tuvimos una reunión conciliatoria a la que ingresamos con la fiscal para hablar con quienes estaban en la toma. Tuvimos una respuesta parcial porque si bien no accedieron a desalojar espontáneamente, sí se comprometieron a colaborar para que se haga en forma organizada, lo que fue un poco raro porque hubo que forzar las puertas para ingresar”.

Inmediatamente añadió que “lo importante, lo que yo quería preservar la salud y integridad de los menores presentes, que desde mi punto de vista sus derechos son absolutamente violados, utilizándolos como escudos para este tipo de acciones que rozan la delincuencia”.

Luego consignó que las fuerzas policiales ingresaron al palacio comunal para desalojarlo con un 80 por ciento de personal femenino, “quienes se encargaron de invitar a salir a las mujeres y niños, sin ningún elemento contundente para que no haya violencia. Según las fuerzas policiales y la fiscal, la actuación ha sido exitosa”.

“Es una agrupación aislada” 

En otro tramo, el jefe comunal remarcó que “estas cosas no deben ocurrir. El pedido que hacían era irreal. Luego de hacer un alegato político en contra del gobierno pidieron cosas que son insólitas e imposibles, especialmente para que un intendente las pueda ni siquiera negociar”, en relación a la demanda de trabajo genuino; trabajo digno por encima del límite de la pobreza; tierra para trabajar; vivienda sociales; que se declare la emergencia habitacional y nutricional afectando recursos nacionales para garantizar soluciones; elevar el salario mínimo vital y móvil y las jubilaciones mínimas a 15.000 pesos; el pase a planta permanente la estabilidad laboral a todos los trabajadores del Estado; la derogación de la ley antiterrorista; y que se declare inconstitucional el protocolo antipiquete.

“Es decir, es la toma de un municipio reclamándole al gobierno nacional”, indicó.

Consultado respecto de la situación de las familias azuleñas que estaban presentes en la toma dijo que “esas personas son asistidas por el municipio, pero en este caso no venían a solicitar asistencia sino que es en apoyo al discurso de Griselda Itatí Altamirano, un discurso que ella les impone cotidianamente y los lleva a participar de esta toma”.

Ante la pregunta de si sabe a quién responde el Movimiento, dijo que “concretamente, no. Para nosotros es una agrupación aislada que ha tenido un protagonismo fuerte en la ciudad de Tandil, donde ya no actúan porque la justicia se lo ha impedido y han sido denunciados en reiteradas oportunidades. Están haciendo el mismo sistema en Azul; por eso llevamos el mismo camino judicial que inició Tandil en su momento”.

“Hago un mea culpa” 

Frente al comentario de este medio de que la presencia de tantos efectivos policiales hacían presuponer que no había otro camino que el desalojo, Bertellys advirtió que “es un protocolo que obviamente no lo disponemos nosotros; es de la Provincia y de la Nación para este tipo de acontecimientos. Lo importante es la contemplación de tener un volumen de personal femenino fundamental para poder desactivar una toma de este tipo sin que haya ningún perjudicado físicamente”.

También ante la consulta de EL TIEMPO sobre qué tipo de medidas tomará el Ejecutivo para que, como dijo, estas situaciones no se reiteren, apuntó que “las acciones son estar cada vez más cerca de la gente y poder hablar directamente con vecinos que nos conocemos. Por ahí estamos haciendo una gestión macro porque el problema de Azul ha sido y es macro. Nosotros hemos tenido que resolver una situación administrativa, económica y financiera muy complicada y esto nos lleva a un escenario donde tenemos que estar continuamente gestionando”.

En ese marco, reconoció que “tenemos que estar mucho más cerca de la gente, hago un mea culpa. La gente necesita contención, la presencia del Intendente, que tiene que estar en todas partes a toda hora y a veces es prácticamente imposible. Pero sí tenemos que estar al lado del vecino”.

Por último, añadió en ese contexto que “no puede ser que venga una movilizadora de otro lugar (por Altamirano), que esté tomando mate en la casa de cada vecino, haciéndole la cabeza, cambiándole la cabeza a gente que es buena, nuestra, de Azul, que está incluida en la sociedad, y que por cosas que ya están recibiendo estén manifestándose de esta manera. Creo que esto pasa por mucho diálogo, por tener tiempo ocioso para poder ir y, como se dice en el barrio, llenarle la cabeza al vecino”.

AMPLIAR LA DENUNCIA

Junto al Intendente también fue parte de la conferencia el subsecretario de Legal y Técnica, Roberto Dávila, quien fue el encargado de radicar la denuncia penal en representación del municipio el lunes por la tarde. “Hicimos la denuncia en la fiscalía de turno. En principio calificamos al hecho como una usurpación, por la turbación de la tenencia que significaba esta ocupación, y además por los delitos de impedir el funcionamiento de la administración pública”, explicó.

Añadió que “lamentablemente hoy (por ayer) después del ingreso detectamos que puede haber alguna otra situación, por lo que ampliaremos la denuncia, dado que hay algún daño y hace falta hacer un relevamiento de los expedientes para ver en qué condiciones están”.

Explicó que la causa seguirá su curso y que “ahora va a quedar en manos de la fiscalía procesar a las personas y a darle la calificación legal final. Tenemos entendido que esta señora Griselda Altamirano que lidera el grupo, tiene algunas otras causas y eso supongo que va a complicar su situación procesal”.

Consultado sobre la posibilidad de que intervenga el Tribual de Menores, advirtió que “podría intervenir, aunque en este caso creo que no se le dio intervención porque no fue necesario. Como los menores estaban con sus familias, no hizo falta brindarles una contención y además, como decía el Intendente, nuestra mayor preocupación era preservarlos. Por eso se trató de agotar el camino de conciliación antes de ir a la justicia. Incluso en la Justicia se siguió tratando de mediar, y cuando no quedó otro camino se desalojó de una forma muy profesional, porque por suerte salió bien”.