OPINIÓN. Panorama político: La peor crisis y su después

Por Andrés Lavaselli

Aunque lo negará en público, Kicillof tiene la actuación de Sergio Berni en la mira. Al ministro no solo le reprocha no anticipar una protesta que había sido anunciada por las redes sociales y la TV. El lunes mismo por la noche, cuando efectivos de uniforme habían trasladado el reclamo a la puerta de su residencia -el Gobernador estaba con su esposa y sus dos hijos- Berni le seguía restando importancia. Se lo reprochó, a los gritos, un ministro que estaba ahí dentro. Pero él no lo admitió hasta que fue inocultable. El costo lo político lo pagó Kicillof.

Es cierto que la nueva sociología de la policía, que combina falta de vocación (en un libro publicado hace días, Sabina Frederic dice que la Bonaerense es la tercera opción laboral para los sectores sumergidos) con escasa formación (Daniel Scioli duplicó el número de efectivos solo para mostrarlos en campaña y María Eugenia Vidal apenas maquilló la situación) trasformaron esta protesta en una crisis de contornos nuevos. En concreto: esos policías, lanzados a las calles, demostraron ser más difíciles de controlar que los de antes.

Kicillof lo entiende. Pero eso no resuelve su duda central: Berni ya no parece asegurar el control absoluto de los uniformados. Y ese era hasta ahora el principal motivo del Gobernador para aguantar sus excentricidades y sus gestos de autonomía. Hay un dato clave: la crisis se encauzó por un "error propio" de los insubordinados, llevar a Olivos el reclamo y rechazar el pedido de diálogo que les hizo llegar Alberto Fernández. Recién ahí apareció el espacio para que la política encontrara el respiro del aumento y la salida de la coparticipación.

La cúpula que armó Berni quedó, igual que él, en la mira. Empezando por el superintendente general Daniel Alberto García. Fue segundo de Fabián Perroni, el jefe policial que en la era Vidal salió a timbrear y tiene buena relación con Cristian Ritondo. Con esos antecedentes escaló hasta la cima porque resolvió bien el caso de Facundo Baez Sosa. ¿Pero Los mandos medios lo siguen respetando? ¿Esos mismos mandos dejaron hacer contra un ministro al que ven como un agente exógeno que enfatiza su condición militar y no tiene pruritos en lanzar una candidatura política?

Son preguntas que inquietan en gobernación y que ilustran un dato central: el problema fue "endógeno" y de gestión, pero los perfiles de Berni y García tal vez ayuden a explicar por qué si la pérdida salarial por la que se reclamó se produjo durante la era Vidal, el estallido se dio recién ahora. Claro que hay otro elemento determinante: la presión que puso la pandemia a una policía mal equipada y mal paga. Pero otra vez: más que conspiraciones, errores de gestión. Es decir, de Berni.

Eso no quiere decir que no haya habido juegos un poco vidriosos. En gobernación dicen que los intendentes "atendieron todo el tiempo el teléfono y fueron al anuncio del jueves". Pero existe un recelo con lo que ocurrió en Lomas de Zamora, La Matanza y Almirante Brown. Se detectó un cierto "dejar hacer". Los jefes políticos de esos distritos son Insaurralde, Espinoza y Cascallares, enemigos de Berni. Al massismo también se le recela.

El anuncio que selló la salida -el aumento salarial- requirió la intervención presidencial. Es un dato para el Gobernador. Lo matizael hecho de que abrió la puerta a un plan del que Kicillof ya hablaba en público en julio de 2019: "corregir" la desigualdad entre CABA y PBA, desandando la suba de coparticipación que había decretado Mauricio Macri. No es un remedio que resuelva las finanzas de la provincia y tiene un efecto político adverso: ubica a Larreta como el principal opositor en detrimento de Macri, que igual ya estaba muy golpeado en las encuestas. Tiende a resolver una interna a la oposición. Para el gobierno, el dato en cambio es que Larreta se vio obligado a asumir un discurso de defensa del distrito más rico. "Se terminó el "amigo opositor que no estaba sacando electorales, se conformaban en Gobernación.

En PBA hay una tensión adicional, que preocupa más al Ejecutivo que el enojo de los gremios que no recibieron aumentos. Es la puja por el reparto de la plata "nueva" que Fernández aseguró más allá de lo que pase en la Justicia con el decreto que transfiere la coparticipación. Son 9 mil millones hasta fin de año. La oposición pide que sea coparticipable. El gobierno dice que no está obligado, porque el dinero se integra a un fondo especial. Los intendentes del PJ tampoco lo quieren: confían más en el reparto centralizado de un gobernador del mismo signo político. (DIB) AL