. PIDIERON CUARENTA AÑOS DE PRISIÓN PARA UN LEÑERO AL QUE ESTÁN JUZGANDO POR UN GRAVE CASO DE VIOLENCIA FAMILIAR

EN UN TRIBUNAL LOCAL

Está preso desde diciembre de 2009, cuando se descubrió que había mantenido cautivos durante alrededor de dos meses, en un campamento en Pereda, a una mujer que era su pareja y a los cuatro hijos de ella. Durante ese tiempo, existen elementos que demuestran que los sometió a todos a diferentes castigos. También, que abusó sexualmente de una nena. Por esa pluralidad de hechos, el hombre está siendo juzgado. El fallo del debate, a puertas cerradas, se anunciará el viernes de esta semana. El año pasado, un pedido de juicio abreviado para que el leñero fuera condenado a doce años de prisión fue rechazado. En una decisión sin precedentes, el juez que había intervenido en ese proceso consideró "irrazonablemente exigua" a la pena de doce años de prisión acordada por las partes, fundamentando su decisión en la gravedad, magnitud y cantidad de delitos que se le imputan a este hombre.

Un fiscal pidió una pena de cuarenta años de prisión para un hombre que está siendo juzgado por un grave caso de violencia familiar ocurrido años atrás en esta ciudad.
Lo hizo el pasado viernes, durante el debate que por este caso -a puertas cerradas- se está llevando a cabo en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2.
Los jueces que están integrando el Tribunal para este proceso, los Drs. Gustavo Abudarham, Alejandra Raverta y Martín Céspedes, informaron que anunciarán el fallo el viernes de esta semana en horas del mediodía.
Una primera opinión vinculada con este caso ya la había vertido el año pasado el juez Carlos Pagliere (h), en oportunidad de rechazar un pedido de juicio abreviado para que el acusado -entre otros varios delitos- de reducir a la servidumbre y golpear a quien era su pareja, maltratar y obligar a trabajar a los hijos varones de la mujer y abusar sexualmente de una hija de su ex concubina, fuera condenado a doce años de prisión.
En lo que significó un pronunciamiento sin precedentes, el magistrado rechazó el juicio abreviado por considerar "irrazonablemente exigua" a la pena acordada por las partes para el encausado, valorando para eso la gravedad, magnitud y cantidad de delitos que se le atribuyen.
Los hechos que están siendo abordados ahora en este juicio indican que el hombre llevó durante varios días a quien era su pareja y a los cuatro hijos menores de edad de ella a un campamento en Pereda, con la excusa de juntar leña.
Durante ese tiempo, quienes aparecen como víctimas en esta causa penal estuvieron privadas de la libertad, además de que fueron sometidas a diferentes maltratos que, en algunos casos, se tradujeron en que los nenes sufrieran lesiones cuyas secuelas aún persisten.
Un leñero identificado como Ángel Reynaldo Rossi Andrade es quien está siendo sometido a este juicio en la sala ubicada en el segundo piso del Palacio de Justicia local.
Rossi Andrade había sido detenido en diciembre del año 2009, luego de que los abuelos paternos de los menores radicaran una denuncia por el paradero de los chicos, quienes sorpresivamente habían dejado de concurrir a la escuela desde octubre de aquel año.
La razón de esas ausencias había tenido que ver con la decisión de Rossi Andrade de llevarlos a un campamento en Pereda, con la excusa de permanecer con él durante los días en que iba a dedicarse a juntar leña para después venderla.
Junto con los menores -tres varones y una nena- también fue a ese campamento la madre de los chicos, una mujer que por aquel entonces vivía en una casa de esta ciudad con el ahora imputado de cometer estos hechos encuadrados en un grave caso de violencia familiar.

El juicio

El debate había comenzado el lunes de la semana pasada y la recepción de la prueba testimonial se extendió hasta el jueves. Un día después, es decir el viernes último, las partes formularon sus respectivos alegatos.
El fiscal Luis Surget fue quien solicitó para Rossi Andrade una condena consistente en los ya mencionados cuarenta años de prisión.
De acuerdo con la descripción de los hechos que diera por acreditados, considera al leñero -actualmente preso en la Unidad 7, la cárcel del SPB que está en Azul- autor penalmente responsable de los siguientes delitos: reducción a la servidumbre (cuatro hechos), lesiones graves culposas, lesiones graves reiteradas (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por el encargado de la guarda (al menos un hecho) y coacción, todo ello en concurso real de acciones.
En su alegato, el actual titular de la UFI 6 de Azul desistió de acusar al hombre del delito de "amenazas" por el que también fuera procesado con prisión preventiva años atrás.
El hecho de que los delitos que le imputa estén considerados "en concurso real de acciones" es lo que le permitió al funcionario judicial solicitar que en esta ocasión se aplique la sumatoria de penas por cada uno de los ilícitos que le atribuye.
De ahí que finalizara su alegato del viernes pidiendo esos ya señalados cuarenta años de prisión para este hombre, pedido del que existen pocos precedentes en el ámbito del Departamento Judicial de Azul, pero que el mismo fiscal Surget hiciera (ver cuadro aparte) cuando el año pasado representó al Ministerio Público en un juicio donde un hombre fue condenado como autor de los crímenes de dos hermanos.
Además, solicitó que -por los antecedentes penales computables que registra- Rossi Andrade sea declarado "reincidente por segunda vez".
Cuando la mujer y sus cuatro hijos fueron hallados en diciembre del año 2009 en aquel precario campamento en Pereda, se descubrió que todos ellos habían estado en carácter de cautivos por parte del acusado, durante aproximadamente dos meses.
En el marco de la investigación iniciada se estableció que la nena, que para ese entonces tenía siete años, había sido violada por su padrastro.
A la mujer, en tanto, existen diferentes elementos que señalan que Rossi Andrade -además de obligarla a mirar cómo él abusa de su hija- le efectuó brutales golpizas durante el tiempo en que duró toda esta dramática situación, resultando con secuelas físicas permanentes por las mencionadas agresiones.
También habrían sido sometidos a diferentes castigos los hijos varones de la mujer. El más chico era prácticamente un bebé cuando fue hallado por la Policía con síntomas de desnutrición en aquel campamento.
Los otros dos, sufrieron castigos físicos y psicológicos por los que también en la actualidad presentan algunas secuelas.

"Un verdadero calvario"

En octubre del año 2009 Rossi Andrade había decidido irse a Pereda con los nenes y la mujer. Fue aproximadamente dos meses el tiempo en que todos ellos estuvieron cautivos en ese campamento.
En una entrevista realizada con este diario días antes a que el juez Pagliere (h) rechazara el juicio abreviado, la mujer que resultara víctima de este caso había declarado que vivió "un verdadero calvario" en compañía de sus hijos a causa de toda esta dramática situación.
De todo eso dio cuenta cuando el pasado lunes declaró en el debate por alrededor de tres horas, revelando detalles escalofriantes del caso.
Cuando compareció ante los jueces, se decidió que Rossi Andrade estuviera alojado en una sala contigua a la de debates, lugar desde la cual podía escuchar todo lo que su ex mujer contaba.
Volviendo a lo que fuera esa entrevista con EL TIEMPO, ella había referido, entre otras cosas: "Mis hijos estaban amenazados de que, si hacían algo, él me mataba a mí. Tanto como lo estaba yo, amenazada de que si hacía algo él mataba a los nenes. Y el día que yo decidí escaparme fue cuando me hizo la desfiguración del rostro".
Además de golpearla brutalmente en forma permanente, a la mujer también la obligó a tatuarse su nombre -"Ángel"- en uno de sus brazos.
Tiempo después, una vez que todo comenzó a conocerse, ella decidió tapar ese tatuaje con otro, concretamente el de una mariposa considerada para ella como un signo de libertad.
"Él decía que era como el dueño del ganado y que nosotros teníamos que tener su nombre. A mí me puso el nombre de él en mi brazo izquierdo. Doy gracias a Dios que se le rompió la maquinita de hacer tatuajes, porque les iba a tatuar las iniciales de él a cada uno de mis cuatro hijos", había recordado la mujer también en aquella entrevista con este diario.
"Todo empezó cuando teníamos que regresar, que ya habíamos pasado una noche. Ahí nos dijo que no volvíamos porque él necesitaba quedarse. Y desde ese momento empezó a golpearnos a mí y a los chicos. Yo fui la primera a la que empezó a golpear", dijo la mujer en otro tramo de esa nota.
Los testimonios de los nenes han sido incorporados al debate, después de que ellos declararon a través de la Cámara Gesell en el marco de lo que había sido la instrucción de esta causa penal en la UFI 1.

El dato

Cuando el pasado viernes Rossi Andrade compareció en la sala del TOC 2, lo hizo presentando lesiones en sus brazos que al parecer se habría provocado él mismo. También, después de finalizada la audiencia de ese día, radicó una denuncia en la fiscalía de turno, presentación donde afirmó que había sufrido diferentes maltratos en la cárcel donde está alojado.

La mujer que figura como una de las víctimas de este caso. La foto corresponde a cuando mantuviera una entrevista con este diario, donde contó el grave caso del que ella y sus hijos fueron víctimas. Todo eso que vivió, volvió a relatarlo cuando el lunes pasado declaró ante los jueces del TOC 2 por alrededor de tres horas.
ADRIÁN GELOSI/ARCHIVO/EL TIEMPO

"ES INCONSTITUCIONAL"

Para la Dra. Adriana Hernández, la defensora Oficial de Rossi Andrade, el pedido de cuarenta años de prisión formulado por el fiscal Surget "es inconstitucional" y "sería como darle una pena de muerte".
Así lo afirmó durante su alegato del pasado viernes, ocasión en la cual solicitó a los jueces del TOC 2 la nulidad de ese pedido de pena formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal.
La abogada sostuvo que en este caso lo que hubo fue "un delito continuado" y no "un concurso de delitos".
Además, al referirse a los ilícitos por los que su defendido fue procesado, pidió que lo absuelvan por los hechos de "reducción a la servidumbre" que le imputan como cometidos tanto contra la mujer como contra los nenes.
En cuanto al abuso sexual, también solicitó que lo absuelvan, por considerar insuficiente y como única prueba el relato que la nena hizo a través de la Cámara Gesell. En subsidio, de ser condenado por ese hecho, pidió que lo consideren autor de un "abuso sexual simple", ya que a su criterio el acceso carnal no quedó fehacientemente demostrado.
Según lo que sostuvo la Defensora Oficial, la Constitución Nacional y los pactos y acuerdos internacionales a los que Argentina ha adherido hacen imposible que le dicten una pena superior a los 25 años de prisión a un encausado, tal como podría ocurrir en este caso de prosperar el pedido formulado por el fiscal Surget.
Y habló que debe valorarse para el imputado, como una circunstancia atenuante, su particular historia de vida, en la que sufrió "maltratos y privaciones".
También se pronunció a favor de solicitar la nulidad por ese pedido que hizo el fiscal de que lo declaren a Rossi Andrade reincidente.

ALGUNOS ANTECEDENTES

No es la primera vez que el fiscal Luis Surget solicita una pena de cuarenta años de prisión para un imputado. Ya lo había hecho el año pasado, en ocasión de que el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de esta ciudad se convirtiera en escenario de un juicio por los crímenes de dos hermanos ocurrido en el Villa Suiza en 2009.
Aquel juicio finalizó el 18 de septiembre de 2012, con la condena a una pena única de veinte años de prisión para el hombre hallado autor de ambos asesinatos: un santafesino llamado Lionel Luis Walter Cosentino, alias "Lucho".
Además de los crímenes, Cosentino fue condenado por tres causas acumuladas que fueron también materia de aquel juicio, donde en representación del TOC 2 habían intervenido Alejandra Raverta, Gustavo Abudarham y Carlos Pagliere (h).
La sanción que recibió por todos esos hechos se unificó con un antecedente penal que registraba desde el 23 de noviembre de 2011, cuando un Juez Correccional lo había condenado a dos años de prisión de efectivo cumplimiento y al pago de una multa de 300 pesos, como autor del delito tenencia ilegítima de estupefacientes.
De esa manera, le fueron impuestos a modo de pena única los ya mencionados veinte años de prisión.
En su alegato, el fiscal Surget había pedido que Cosentino fuera condenado a cuarenta años de prisión por los asesinatos de los hermanos Mauro y Bernardo Román, a quienes -según quedó demostrado en aquel debate- el santafesino había matado a tiros el 1 de marzo de 2009.
El mismo día de ocurrido el hecho en el frente de una casa situada en Sarmiento y Jujuy de esta ciudad, Cosentino se dio a la fuga.
Logró mantenerse prófugo hasta el 11 de marzo del año 2011, cuando en Tandil lo aprehendieron en un camping bajo una identidad falsa, portando un arma de fuego y con una importante cantidad de droga en su poder para vender al menudeo.
En ese mismo debate, la abogada que se presentó como Particular Damnificado en nombre de los familiares de los hermanos asesinados había solicitado 44 años de prisión para el autor de los crímenes.
Pero el pedido de la Dra. Carina Ballester, vinculado tan sólo con los asesinatos de los hermanos Román, tampoco prosperó.

Treinta años

Revisando los fallos de los últimos años dictados por los dos tribunales orales que funcionan en el Palacio de Justicia de Azul, tanto en el TOC 1 como en el TOC 2 existen, respectivamente, dos casos que derivaron en duras condenas para quienes fueron juzgados.
Ambos debates finalizaron con las imposiciones de penas de treinta años de prisión para sus protagonistas: un hombre hallado autor de los asesinatos de un matrimonio en General La Madrid; y otro que abusó sexualmente de sus hijas en Olavarría, una de las cuales había tenido una nena con severísimas discapacidades mentales.
El 23 de mayo del año 2011 el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Azul, integrado en esa oportunidad por sus actuales miembros, es decir, Gustavo Borghi, Joaquín Duba y Martín Céspedes, halló autor penalmente responsable del delito homicidio simple (dos hechos) en concurso real a un hombre llamado Héctor Miguel Breden.
Oriundo de Coronel Pringles, lo condenaron a una pena única de treinta años de reclusión por haber asesinado a un matrimonio.
Ese hecho había ocurrido en La Madrid y las víctimas, identificadas como Teresa Ester Tisera y Dardo Alberto Scabuzzo, fueron asesinadas a puñaladas en una casa quinta, el 28 de febrero de 2010.
La pena única para Breden fue comprensiva de los veinticinco años de prisión que los jueces azuleños le impusieran por el hecho abordado en ese juicio y del tiempo que en ese entonces le faltaba cumplir de una condena de 21 años de prisión, dictada cuando años atrás el encausado había sido hallado autor de otro doble asesinato.
En tanto, el 24 de agosto del año 2009 el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Azul había condenado a treinta años de prisión a un olavarriense.
El fallo firmado por los jueces Alejandra Raverta, Gustavo Abudarham y Gustavo Borghi había tenido características extraordinarias. No sólo por la magnitud de la pena impuesta a un hombre que había abusado sexualmente de sus dos hijas, una de las cuales quedó embarazada y tuvo una nena que sufre una severa discapacidad mental. También, porque el mismo día de anunciado se ordenó la detención del autor de este caso de abuso sexual agravado.
El hombre había sido hallado autor en aquel juicio del delito abuso sexual calificado (reiterados) en concurso real de acciones.
Los hechos ventilados en ese debate demostraron que a partir del año 1998 el encausado, "comenzó a abusar sexualmente de su hija, quien por entonces contaba con ocho años de edad".
Cuando esa nena tenía 12 años, el abuso sexual al que la sometía su papá se tradujo en acceso carnal. Y las consecuencias fueron más graves para ella cuando quedó embarazada de su padre y tuvo una hija, en abril del año 2005.
Esa nena sufre una discapacidad total, consecuencia de la incompatibilidad sanguínea generada por esa relación incestuosa.
En aquel juicio, quedó demostrado también que el hombre abusó de otra de sus hijas, sometimiento que comenzó cuando la víctima tenía ocho años.
El defensor Oficial del imputado, Samuel Bendersky, logró en diciembre del año 2010 que Casación dejara en libertad al autor de estos aberrantes abusos.
Por mayoría, el Tribunal de Alzada dio lugar a un hábeas corpus que en primera instancia le había sido denegado por la Cámara Penal de Azul al Defensor. La polémica decisión estuvo basada, entre otras cosas, en que por aquel tiempo el fallo aún no estaba firme.