. POR DOS TESTIMONIOS PIDEN LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA Y EL TRIBUNAL DE CUENTAS

COMISIÓN INVESTIGADORA

Una persona llamada a declarar esta semana, apuntó que la base de datos con la información de todos los contribuyentes del Partido de Azul fue entregada en su momento a la empresa TIP S.A -que iba a tener a su cargo el cobro de las tasas municipales vencidas- y aún no fue recuperada. Por esto, la Comisión pidió la intervención de la Justicia para que investigue la posible comisión de un delito en perjuicio de los fondos municipales. A su vez, en otro testimonio se hizo referencia a presuntas irregularidades en el manejo de la caja chica de la Subsecretaría de Comunicación, declaración que fue enviada a Contaduría General y al Tribunal de Cuentas.

En la sesión del viernes pasado de la Comisión Investigadora, los concejales que la integran decidieron enviar a la Justicia una copia del acta de la declaración testimonial de un funcionario comunal. Quieren que se investigue la probable comisión de un delito en perjuicio de los fondos municipales. También, posibles incumplimientos de deberes de funcionarios públicos. Asimismo, en otra declaración tomada durante la semana, se hizo referencia a presuntas irregularidades en la Caja Chica de la Subsecretaría de Comunicación, se remitió copia de sus dichos a la Contaduría General y al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. En ese caso, se busca determinar si se realizaron las auditorias y controles correspondientes en esa área.

Base de datos y manejo de Caja Chica

De esta manera, Maya Vena, Carlos Bevacqua, Ramiro Ortiz, Cristina Croharé y Andrea Marina -integrantes de la Comisión- resolvieron por unanimidad dar este paso ya que el tenor de ambas declaraciones excede el ámbito legislativo.
Según pudo saber este diario, de una de las declaraciones tomadas en el transcurso de la semana, se desprende que el Ejecutivo entregó a la empresa TIP S.A la base de datos municipal, en el marco de lo que fue la fallida licitación del cobro de tasas vencidas, operatoria que fue motivo de la primera interpelación al intendente José Inza en noviembre del año pasado. Esa documentación no fue recuperada y motivó a los ediles a enviar las actuaciones a la justicia para que se investigue la probable comisión de delito en perjuicio de los intereses de la Municipalidad del Partido de Azul. También, y siempre en ese sentido, posibles incumplimientos de los deberes de funcionarios públicos tanto de aquellos que suministraron la base de datos como así también de los funcionarios que no impulsaron las acciones para su recuperación.
Es que cabe recordar que durante la interpelación del año pasado tanto el intendente Inza como el entonces secretario de Gobierno Héctor Bolpe, aseguraron que se impulsaría un sumario administrativo para investigar este grave hecho.
De acuerdo a lo explicado por una fuente consultada por este medio, las bases de datos que poseen los municipios son intransferibles ya que contienen el detalle de todos los contribuyentes del Partido y es información confidencial.
Esas declaraciones fueron giradas a la Unidad Funcional de Instrucción N° 6, donde tramita la investigación penal sobre la fallida licitación.
Por otra parte, en otro testimonio que se tomó durante la semana se hizo referencia a presuntas irregularidades en la administración de la Caja Chica de la Subsecretaría de Comunicación y Prensa Municipal, por unanimidad resolvieron también remitir copia a la Contaduría General y al Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Azul, para que les informe si se realizaron las auditorias y controles que corresponden. Si fuese así, solicitan que se les remita las copias certificadas de esos actos administrativos.