. Positivo anuncio sobre publicidad oficial

Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ponderaron la decisión del Ejecutivo Nacional de regular la distribución de la pauta publicitaria oficial. “La implementación de criterios que apunten a una adjudicación clara y transparente de la propaganda del Estado, así como la creación de un Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial, van en línea con lo que señalan estándares internacionales en la materia”, señalaron desde la entidad.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) destaca la decisión del Gobierno Nacional de regular la distribución de la pauta publicitaria oficial.

La implementación de criterios que apunten a una adjudicación clara y transparente de la propaganda del Estado, así como la creación de un Registro Nacional de Proveedores de Publicidad Oficial, van en línea con lo que señalan estándares internacionales en la materia.

Abren, asimismo, la esperanza de que no se reitere el dispendio de recursos y la manifiesta arbitrariedad que caracterizó el manejo de la pauta oficial en etapas anteriores, y en especial durante las gestiones de los últimos 12 años.

La discriminación en la asignación de publicidad estatal con la indisimulada intención de premiar a los medios afines y castigar y hasta asfixiar económicamente a quienes eran críticos de las políticas oficiales llegó a extremos tales que la Justicia debió ordenar al Estado que restituyera la pauta que durante años había negado a editorial Perfil. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema, se conocieron otras decisiones judiciales en similar sentido, no obstante lo cual el gobierno de entonces siguió ignorando los fallos y persistió en su actitud discriminatoria, en abierta violación de la libertad de expresión.

Ello pese a que la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, emitida en 2001 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, condena de manera expresa las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales”.

En el punto 13, dicho documento señala que debe estar expresamente prohibido por la ley, entre otros modos de censura indirecta, “la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial”.

En ese sentido, la Corte argentina ha advertido en reiterados pronunciamientos sobre la ausencia de normas legales que regulen de manera clara y transparente la distribución de la pauta oficial, no sólo del gobierno nacional sino de otros estamentos públicos. Para el máximo tribunal, deberían establecerse marcos legales que limiten la discrecionalidad de los funcionarios públicos e impidan arbitrariedades.

La resolución 247 - E/2016, ahora conocida, es sin duda un paso hacia ese objetivo. En su articulado, la norma cumple en líneas generales con los estándares fijados por organismos internacionales, tales como: procedimientos claros y objetivos que reduzcan la discrecionalidad; planificación adecuada; mecanismos de contratación preestablecidos y transparentes, y fomento del federalismo y de la pluralidad de voces.

En cambio, no se contemplan mecanismos externos e independientes de auditoría y control para evaluar si el plan elaborado por la Secretaría de Comunicación Pública cumple con aquellos preceptos. La existencia de esos controles externos es otro de los estándares previstos internacionalmente.

Es altamente valorable, por contrapartida, las exclusiones expresas que se contemplan para toda publicidad oficial. Entre ellas, se prohíben mensajes que afecten derechos humanos y sociales; los que promuevan intereses particulares de funcionarios o partidos políticos; los que en forma directa o indirecta hagan referencia a la campaña electoral del partido o partidos de gobierno; campañas de desprestigio a personas o instituciones; toda forma de discriminación; la incitación a la violencia; informaciones engañosas o encubiertas.

ADEPA ratifica su beneplácito por el avance concretado con esta medida. Ratifica, asimismo, la necesidad de complementar los criterios ahora anunciados con medidas que contribuyan a la subsistencia de numerosos medios pequeños y medianos de todo el país. Más allá de los criterios de fomento del federalismo y la pluralidad de voces antes mencionados, la profunda transformación que vive la prensa en el mundo entero torna imprescindible implementar políticas activas para garantizar su sustentabilidad, como elemento esencial para el debate de ideas en un sistema democrático.