PROVINCIALES. Primer aval judicial al impuesto a la riqueza: habilitan a intendente a cobrar una tasa a productores

La Justicia se expidió por primera vez a favor del cobro de un impuesto extraordinario en tiempos de emergencia sanitaria, al avalar un impuesto especial a productores de la localidad de Castelli que había sido impulsado por el intendente Francisco Echarren (Frente de Todos).

La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Dolores, que rechazó dos presentaciones realizadas por un grupo de ruralistas de esa localidad y por el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Luciano Bugallo.

La tasa municipal, con la que el municipio espera juntar el equivalente a un mes de recaudación para destinarlo a gastos en salud, fue aprobada por el concejo deliberante en una sesión a la que no asistieron los ediles de Juntos por el Cambio. Se trata de un aporte extraordinario de $ 42 por hectárea que deberán pagar aquellos productores que cuenten con campos de más de 50 hectáreas.

Tras la aprobación del impuesto, un grupo de productores de las sociedades rurales de Castelli y Dolores presentaron un amparo judicial, mientras que el diputado Bugallo pidió a la Justicia el dictado de una medida de "no innovar" para frenar su cobro.

Sin embargo, este miércoles el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 rechazó ambos planteos y habilitó a la comuna a cobrar la tasa especial, cuyo vencimiento operaba hoy.

En diálogo con DIB, Echarren destacó que la medida judicial es "un antecedente a favor del impuesto a las grandes fortunas", puesto que el juzgado interviniene "dejó en claro las potestades que tiene el Estado en épocas de emergencia", y sostuvo que una de ellas es el cobro de un impuesto especial.

Según calculó Echarren, el fondo (que también estará integrado por el 30% del sueldo del jefe comunal y parte de la dieta de los concejales) equivale a un mes completo de recaudación de la comuna, y sus recursos están afectados al sector de la salud.

El jefe comunal cargó contra quienes fueron a la Justicia, al indicar que se trata de "un sector minoritario, que además son dirigentes políticos que a su vez son productores rurales". Además, defendió el pago al indicar que para un productor de 1.000 hectáreas representa "el valor de dos terneros".

Echarren destacó además que "los productores empezaron a pagar porque operó el vencimiento. Hay un alta tasa de cobrabilidad, lo que demuestra que los productores querían colaborar". (DIB)