. Procesada por el delito de "defraudación", una ex trabajadora municipal irá a juicio

La mujer, que ya no desempeña tareas en la comuna, está acusada de haber utilizado tarjetas de beneficiarias del Plan “Más Vida” para pagar mercadería que había comprado para ella. El estudio del abogado que la está patrocinando en este caso fue allanado días pasados, después de que años atrás el Defensor Particular se había llevado el expediente penal de Tribunales y nunca lo devolvió.  
Un juez de Garantías elevó a juicio una causa penal donde como procesada figura una ex empleada municipal que está acusada del delito de defraudación, después de que habría utilizado varias tarjetas de beneficiarias de un plan asistencial para efectuar diferentes compras en beneficio propio, informaron ayer a EL TIEMPO fuentes judiciales ligadas a la investigación de ese hecho.
La decisión para que esa Instrucción Penal Preparatoria se convierta en materia de un futuro debate había sido ordenada días atrás por Juan José Suárez.
El titular del Juzgado de Garantías número 3 con sede en los Tribunales de Azul había dado lugar así a la requisitoria que fuera formulada por Laura Margaretic, la fiscal que instruyó ese expediente judicial.
Como imputada en esa causa penal figura una mujer llamada Fabiana Andrea Redolatti, de 46 años de edad.
Una vez que fuera procesada por esta maniobra defraudatoria, la mujer había sido separada de su trabajo en la Municipalidad de Azul, desde donde se le inició un sumario interno.
Para cuando el ilícito que ahora se le atribuye se produjo, en la comuna desempeñaba tareas en el área de Desarrollo Social.
Tarjetas del Plan “Más Vida”
En la causa penal ha quedado demostrado -con el grado requerido para convertir a esa investigación en materia de un futuro juicio- que la mujer, mientras era empleada de la Municipalidad de Azul, llevó a cabo esas maniobras de defraudación.
Temporalmente hablando, a esos hechos la fiscal Margaretic los situó como ocurridos entre los meses de junio y noviembre de 2014.
En esas circunstancias, las pruebas incorporadas a lo que fue la Instrucción Penal Preparatoria sirvieron para establecer que Redolatti se apoderó “ilegítimamente” de varias tarjetas de débito pertenecientes a un programa asistencial de la Provincia: el Plan “Más Vida”.
Esas tarjetas, que tenían que ser entregadas a diferentes beneficiarias del ya referido programa, estaban en la Oficina de Desarrollo Social de la Municipalidad, el sector donde la mujer procesada en esta causa penal desempeñaba tareas en la Mesa de Entradas.
De acuerdo con lo demostrado por la fiscal titular de la UFI 2, Redolatti utilizó dichas tarjetas para realizar varias compras de productos alimenticios en distintos comercios locales.
En esos negocios, con el fin de evitar que fuera descubierta esa defraudación que ahora le atribuyen, al momento de pagar con las tarjetas la imputada decía que las mismas le pertenecían o que, tal como sucedió en otros casos, que las usaba “por encargo y mandato de sus titulares”.
Durante la tramitación de este expediente judicial quedó demostrado que fueron un total de once beneficiarias del Plan “Más Vida” las damnificadas por el accionar de la ahora ex empleada municipal. Un perjuicio que también se hizo extensivo a la administración provincial, teniendo en cuenta que el  Estado bonaerense está a cargo de la implementación de este programa asistencial.
Defraudación especial mediante el uso de una tarjeta de débito es el ilícito que le están imputando a la azuleña y por el que, en una fecha que todavía no ha sido determinada, tendrá que ser sometida a un juicio en un juzgado correccional.
Hay que recordar que el Plan “Más Vida”, destinado a mujeres embarazadas y a madres con niños de hasta seis años, es un programa alimentario que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y que en Azul se implementa -de manera coordinada con el Estado bonaerense- desde la comuna a través de Desarrollo Social, el área donde trabajaba la mujer procesada por esta defraudación.
Para percibir este plan, la prestación se hace a través de dos vías. Por un lado, se dispone diariamente de la entrega de leche a las beneficiarias. Por el otro, perciben un monto fijo de dinero en cuentas a las que acceden con tarjetas de débito emitidas por el Banco Provincia, las mismas de las cuales la ex empleada municipal se habría apoderado para efectuar esa maniobra ilícita por la que será juzgada.

El dato
Teniendo en cuenta que esa requisitoria de elevación a juicio de la causa formulada por la fiscal Margaretic fue avalada por el juez de Garantías Suárez y que el abogado que está patrocinando a la encausada no se opuso a dicha medida, ese paso procesal ya adquirió rango de firmeza.

AL ABOGADO DE LA ACUSADA LE ALLANARON SU ESTUDIO PORQUE NO HABÍA DEVUELTO LA CAUSA
El pasado 21 de mayo fue allanado el estudio de Héctor Susperreguy. En ese lugar se encontró la causa donde está patrocinando a una ex empleada municipal. A ese expediente el abogado se lo llevó en julio de 2016 de Tribunales. Y a pesar de que fue intimado, no lo devolvió. NACHO CORREA

Días antes a que el pasado martes el juez de Garantías Suárez elevara a juicio esa causa penal donde la ex empleada municipal está acusada del delito de defraudación, el estudio del abogado que como Defensor Particular está patrocinando a la imputada se convirtió en escenario de un allanamiento.
Ese procedimiento, ordenado por el titular del Juzgado de Garantías número 3 con sede en el Palacio de Justicia local, había sido solicitado también por la fiscal que instruyó ese expediente por el que ahora Fabiana Redolatti tiene que ser juzgada.
El allanamiento fue solicitado teniendo en cuenta que Héctor Victoriano Susperreguy -el abogado de la ex trabajadora municipal- se había llevado años atrás la causa penal y después no la restituyó nunca a la sede de la fiscalía donde ese expediente se tramitó.
Susperreguy, quien fuera candidato a intendente de Azul en 2011, había retirado el sumario de Tribunales el 14 de julio de 2016. Y hasta que días atrás se hizo el allanamiento en su estudio, ubicado en la calle Moreno entre Yrigoyen y San Martín de esta ciudad, nunca lo devolvió.
Así se mencionaba por parte de la Fiscal entre los argumentos que esgrimió para recuperar el expediente a través de ese allanamiento que en el estudio del abogado hiciera la Policía el pasado 21 de mayo.
En el pedido para la realización del procedimiento, la titular de la UFI 2 había señalado también que Susperreguy había sido intimado para que devolviera la causa durante el pasado mes de abril, advertencia que tampoco sirvió para que la restituyera, al parecer argumentando en ese entonces que no la encontraba, por lo que también le fue otorgada una prórroga para que la buscara.
Del allanamiento se informó al Colegio de Abogados de Azul, que envió un veedor que presenció ese procedimiento donde, finalmente, la causa penal fue recuperada.
Cuando días más tarde la fiscal Margaretic pidió la elevación a juicio de la causa que involucra en este caso de defraudación a la ex trabajadora municipal, le pidió al juez que se extrajeran copias de las actuaciones para que fueran remitidas a la Fiscalía General Departamental y se lo investigue al abogado Susperreguy “por la posible comisión de un delito de acción pública”, teniendo en cuenta que no devolvió nunca la causa penal que la Policía después encontró en su estudio jurídico.