. Procesados en una causa por venta de drogas, dos mujeres y un varón cumplen arresto domiciliario

UNA EMPLEADA MUNICIPAL ESTÁ PRESA DESDE AYER EN SU CASA

Fueron arrestados en junio pasado, junto con tres jóvenes que siguen presos en unidades penales. Las medidas cautelares de la totalidad de los imputados que tiene esta investigación se habían hecho efectivas durante allanamientos que en diferentes viviendas de esta ciudad llevaron adelante policías de la Federal. En esos procedimientos se incautaron drogas y elementos relacionados con la venta al menudeo de estupefacientes.

Una empleada municipal que trabajaba en el Hospital Pintos se encuentra desde ayer con detención domiciliaria, después de que prosperara un pedido de morigeración a la prisión preventiva que tiempo atrás le había sido dictada, informaron fuentes judiciales.

La causa penal por la que ahora está presa en su casa se relaciona con una infracción a la Ley de Estupefacientes, un sumario donde también como imputados figuran su hija, otra mujer y tres varones.

Los implicados en esta investigación habían sido detenidos en esta ciudad durante una serie de allanamientos realizados durante el pasado mes de junio.

En aquellos procedimientos, llevados a cabo por policías de la Federal, se habían incautado drogas y otros elementos relacionados con la venta al menudeo de esas sustancias.

Actualmente, sólo la hija de la empleada municipal que ahora está en su casa y dos de los varones coimputados siguen privados de la libertad en unidades penales.

Del mismo modo que sucedió ayer con la trabajadora municipal, también habían sido otorgadas sendas morigeraciones de prisión a otra de las mujeres y a uno de los varones procesados.

Dando lugar a un pedido presentado desde la Defensoría Oficial que la está patrocinando, la mujer que fue trasladada ayer en calidad de detenida desde la Unidad 52 -la cárcel del SPB que está en Azul- hasta su vivienda de esta ciudad se llama María Marcela Marino.

La medida se llevó a cabo al quedar firme dicha morigeración de prisión, que en un principio había dispuesto Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías número 3 departamental que entiende en este sumario penal.

Ese expediente judicial se instruye desde la UFI 22, actualmente a cargo en forma subrogante del fiscal David Carballo.

Una casa ubicada en la calle Laprida es donde ahora Marino, que tiene 53 años de edad, se encuentra con morigeración de prisión, una medida que incluye “el control semanal del arresto domiciliario”, que en distintos horarios debe efectuarse “a través de la Seccional Primera de Policía local”, según determinó el Juez de Garantías.

Esa resolución data de semanas atrás y ahora quedó confirmada.

En caso de no cumplir con las condiciones impuestas, a la mujer le será revocado inmediatamente el beneficio.

La “atenuación de la coerción a la prisión preventiva” que le fuera a dictada a Marino obedeció a cuestiones de salud. Además, se tuvo en cuenta que no existían peligros procesales para que continúe detenida en su casa.

Según un informe médico, la mujer “sufre patologías que requieren medicación específica” y “no puede estar en ambientes que atente contra el asma que presenta”.

“Corresponde otorgar a María Marcela Marino el arresto domiciliario requerido, por entender que su estado de salud constituye circunstancias extraordinarias y de una relevancia tal que permite excepcionar la presunción de fuga derivada de una importante pena en expectativa, permitiendo entonces arribar a una resolución que morigere la medida de coerción impuesta”, había escrito el juez de Garantías Suárez en la resolución.

A esa situación se sumó que “no se avizoran, y tampoco se han demostrado, riesgos o peligros procesales de fuga y/o entorpecimiento probatorio”, concluyó el magistrado.

El mismo beneficio

Días antes, ese mismo beneficio le había sido otorgado -aunque por distintos motivos- a una jubilada que tiene 67 años y se llama María Eva Todaro y a un hombre identificado como Gastón Oscar Pereyra.

En el caso de la mujer, que vende ropa y elabora empanadas y pasteles en su vivienda, “la carencia de antecedes penales y sus padecimientos físicos constituyen circunstancias extraordinarias y de una relevancia tal que permiten excepcionar la presunción de fuga derivada de una importante pena en expectativa, permitiendo entonces arribar a una resolución que morigere la medida de coerción impuesta”, había señalado el juez de Garantías Suárez.

El hombre de 32 años de edad que ahora está detenido en su casa por esta misma investigación penal, en tanto, es propietario de una despensa que había sido allanada durante estos procedimientos antidrogas que se hicieron en junio pasado.

“Por las particulares circunstancias que presenta el grupo familiar conformado por el encartado, su pareja, sus cuatro hijos menores de edad y el que está por nacer, es dable concluir que resulta procedente la morigeración de la coerción”, sostuvo el juez que también se pronunció a favor de concederle la prisión domiciliaria.

“Es cierto que el delito que se le imputa a Pereyra es un delito grave, considerando la escala punitiva prevista para el mismo. Pero también es cierto que resulta poco probable que Pereyra pueda obstaculizar el desarrollo de la investigación, cuya instrucción ya ha logrado recabar la mayor parte de los elementos para alcanzar la convicción necesaria”, agregó y tuvo en cuenta que el imputado “no cuenta con recursos para profugarse, dejando a su familia a su suerte”.

En su caso, como una condición para que permanezca detenido en su casa, le fue impuesta la obligación de someterse a un tratamiento psicológico “para tratar su adicción” a las drogas.

Allanamientos y detenciones

La investigación de una supuesta organización que se dedicaba en Azul a la venta de estupefacientes bajo la modalidad conocida como “narcomenudeo” había sido la que en junio pasado derivó en las detenciones de las personas que ahora están presas en su casa.

También, en los allanamientos que se hicieron en ese entonces fueron arrestados dos jóvenes y la hija de la mujer que desde ayer permanece en su domicilio, identificados como Maximiliano Exequiel Zeberio, de 24 años de edad, Carlos Matías Kessler (28) y Juana Milagros Marino (26).

Según lo mencionado en la investigación penal, la droga era comercializada bajo la modalidad “delivery” y también a través de los lugares donde los encausados residían.

Considerado quien “les provee la sustancia” a los demás acusados y quien también “vende al menudeo a sus propios clientes”, para cuando Kessler fue arrestado le alquilaba una casa a Todaro.

Los efectivos de la Federal habían realizado cinco allanamientos en los que habían incautado marihuana, cocaína, dinero en efectivo y elementos relacionados con la venta en pequeñas dosis de esas sustancias, el delito que les siguen imputado a los seis procesados que tiene esta Investigación Penal Preparatoria.

El dato

En los próximos días el juez de Garantías Suárez deberá resolver otro pedido de morigeración de prisión. Según fuentes judiciales informaron ayer, en este caso es para la hija de la empleada municipal que ahora está presa en su casa de esta ciudad.