COLUMNISTAS. Pronunciamiento

APDH-Azul repudia solicitada golpista

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul repudió al igual que la secretarìa de Derechos Humanos de Nación la solicitada aparecida recientemente en diversos diarios, donde un grupo de firmantes reivindican la última dictadura cívico-militar y piden que se quite la placa colocada por el gobierno nacional y municipal en la puerta del cuartel de Azul, que recuerda que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad.

AZUL, 26 de enero 2015..- La APDH-Azul repudia la solicitada de
nostálgicos de la última dictadura del terrorismo de Estado, texto plagado de mentiras, falsedades, reivindicativo de la banda criminal de militares que derrocó un gobierno elegido por el pueblo e impuso a sangre y fuego un plan económico neoliberal en contra de la clase trabajadora y el pueblo, privilegiando los intereses de grandes grupos económicos nacionales y trasnacionales.

Esto está documentado, como está probado por la justicia que la banda criminal que dio el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, puso el Estado al servicio de los intereses de los mismos de siempre: los grupos oligárquicos que alentaron el derrocamiento del presidente radical Yrigoyen en 1930, los que derrocaron a Perón en 1955. Los que el 16 de junio de 1955 bombardearon desde aviones de la Marina la Plaza de Mayo con el fin de asesinar a Perón dejando 300 muertos niños, jóvenes y ancianos y mil heridos. Los que proscribieron al líder del movimiento peronista 18 años, los que encarcelaron obreros y dirigentes peronistas y prohibieron hasta la mención de su nombre. Los que fusilaron en los basurales de José León Suárez a civiles desarmados como investigó Rodolfo Walsh en Operación Masacre. Los que alentaron la masacre en Ezeiza, los que subieron al palco a los militares franceses que enseñaron los métodos de tortura aplicados en Argelia.

Los que fusilaron a 16 jóvenes peronistas y marxistas de las organizaciones político-militares en Trelew en 1972, tras la fuga de la cárcel de Rawson. Los mismos que tuvieron a José Martínez de Hoz al ministerio de Economía en 1976, hombre de la Sociedad Rural Argentina, dictadura que arrasó con la organización gremial, política y social y impuso la censura y el silencio de los cementerios. Y el salario de los trabajadores perdió poder adquisitivo y se prohibieron las paritarias y las negociaciones colectivas de trabajo.
Los autores de la solicitada hecha en Buenos Aires tienen la misma cultura de la muerte que aquellos que alentaron la banda parapolicial Triple A con López Rega a la cabeza.

Los que mandaron a una guerra perdida de entrada a pibes de 18 años que nunca habían agarrado un fusil, los mismos que los olvidaron después, la misma Junta Militar que los escondió a su regreso como si fuera una vergüenza, así murieron tantos pibes suicidados (más de 700) como los que cayeron en las Islas Malvinas, que son argentinas, uno de los últimos enclaves coloniales de Inglaterra.

Estos personajes que firman la solicitada en cuestión, que no quieren un cartel en el cuartel de Azul que recuerde que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad, son los nuevos lefrebristas vernáculos: así como el obispo católico Lefebre niega el Holocausto judío (dice que no fueron 6 millones de judíos asesinados por la maquinaria nazi, sino apenas unos cientos de miles). Los firmantes desconocen el terrorismo de Estado del 74 a entrados los años ochenta, ni les consta que hubo 30.000 detenidos-desaparecidos. Están furiosos y muestran su odio porque la justicia argentina no está de su parte y se haya juzgado y siga juzgando ajustado a derecho los crímenes de lesa humanidad, que están comprobados hasta el hartazgo, con pruebas irrefutables. Y comprobado por la justicia también en el histórico Juicio a las Juntas Mlitares que hubo un plan sistemático para desaparecer opositores políticos y para robarse los niños nacidos en las mazmorras de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, de los cuales 116 recuperaron su identidad con la labor infatigable de las queridas Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, restando ubicar a otros 400 que viven aún hoy con una falsa identidad.

Desde la anulación y derogación de las leyes de impunidad en el gobierno kirchnerista, leyes de perdón conseguidas a punta de pistola por los sectores “carapintadas” con Alfonsín y Menem (esa oficialidad militar que participó activamente del Terrorismo de Estado y se amparó en que eran “héroes de Malvinas” para evitar ser juzgados por sus crímenes), las políticas aplicadas de memoria, verdad y justicia han logrado condenar en juicios a 553 acusados, mientras otros 50 fueron absueltos. Otras 51 personas fueron sobreseídas en la etapa de instrucción y los jueces resolvieron que no había pruebas suficientes para acusar a 112 imputados. Es decir que en los casos finalizados casi el 30 por ciento de los imputados fue sobreseído, absuelto o se le dictó falta de mérito, lo que muestra la plena vigencia del derecho de defensa. El número de autores de esos crímenes fue muy superior, pero la clandestinidad de la represión, el exterminio de la mayor parte de las víctimas y la destrucción de los documentos probatorios torna imposible llegar a cada uno de ellos, esto escribió el periodista y presidente del CELS Horacio Vertbisky. O sea, no pueden hablar de “juicios de la venganza”, esa es una descabellada e interesada interpretación de estos juicios, que son orales y públicos, no como los centros clandestinos de detención de la dictadura videlista donde se llevaba a los secuestrados para su posterior exterminio, y donde nacían bebés hijos de las secuestradas, robados y sus madres asesinadas y luego desaparecidas.

Este grupo que firma la solicitada no es el “Partido Militar” que apuntó y disparó las armas contra su propio pueblo en los siglos XIX y XX, ese agrupamiento no existe más. Si se repasa los dni de los firmantes, se verá que son gente mayor, por así decirlo, algo así como los aludidos por Charly García en la canción Los Dinosaurios. No hay militares en actividad, ninguno, ni personal de otras fuerzas de seguridad activos, se trata de militares retirados, familiares, pudiéndose distinguir una ignota asociación de abogados sin peso alguno. No hay centros de estudiantes, sindicatos, gremios, partidos político alguno apoyando esta solicitada.

El brulote en cuestión llega en momentos que como todos los años en enero en el cuartel se hace un acto recordando la toma del cuartel por el Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP-, agrupación guevarista que respondía al Partido Revolucionario de los Trabajadores –PRT-; y su recuperación posterior por el Ejército, que ya era verdugo de su pueblo, seguía siendo el ejército, el brazo armado de la burguesía, de las patronales.

Sí, fue en 1974 la toma del cuartel para llevarse armas, cuando gobernaba el general Juan Domingo Perón, un gobierno constitucional, elegido por el pueblo. Es común que un partido revolucionario se pertreche y enfrente a las oligarquías cuando se cierran los caminos de participación popular. Es lo que ha hecho el Movimiento Peronista cuando estos mismos militares que tratan de guerrilleros o subversivos a funcionarios del actual gobierno imponían feroces dictaduras contra las que lucharon los peronistas, cuando estos mismos militares que reivindican la democracia que había en 1974, luego derrocan a ese mismo gobierno. Y reivindican cada uno de los golpes de Estado. La contradicción en persona: golpistas que la posan de democráticos y al mismo tiempo hacen juego a las movidas destituyentes que tuvo que aguantar este gobierno democrático, donde más del 50 por ciento de la ciudadanía votó a la presidenta Cristina Fernández acompañando este proyecto de independencia económica, soberanía política y justicia social.

La toma del cuartel por el ERP, para muchos, acción desacertada, se dio en un contexto donde la represión parapolicial ya asolaba a la población, donde la derecha mostró los dientes en Ezeiza, donde murieron cientos de personas que habían ido a recibir al general Perón al regreso de su exilio. Esos crímenes no fueron investigados, quedaron impunes. Ya actuaba el denominado Comando Libertador General San Martín, que en Azul tenía su célula, con el comisario Villar al frente, luego ajusticiado por Montoneros.

Es insólito que esta solicitada abone que eran “delincuentes subversivos” los combatientes del ERP, cuando esos militares fueron un flagelo en el siglo XIX y XX en Argentina, poniendo al Ejército al servicio de los privilegiados de siempre, los que se quejaban del Estatuto del Peón Rural de Perón, que sacó a los obreros del campo de la precaria situación de vasallaje o semiesclavitud en que estaban sumidos por los patrones del campo.
Si tanto les importaba la “constitucionalidad” y ese gobierno de Perón de 1974, ¿por qué lo derrocaron dos años después?. La respuesta es que estos grupos no son democráticos y la toma del cuartel de Azul es una excusa más para volver a atacar al gobierno peronista actual. Como fue una excusa para que Perón echara culpas al gobernador bonaerense Oscar Bidegain, peronista de la primera hora, obligado a renunciar días más tarde de ese episodio.

Este grupo de nostálgicos de la picana y el terrorismo con dinero suficiente para publicar solicitadas, hubieran tratado de “guerrillero delincuente subversivo” a Martín Güemes, a Juana Azurduy, que aplicaron el método de la guerrilla para combatir al invasor español. Intentan asustar con el mote de “subversivos” aplicado a sus enemigos, nosotros, cuando los subversivos fueron ellos. Las organizaciones político-militares de Argentina que libraron una guerra revolucionaria en los setenta, jamás torturaron, jamás secuestraron un obrero. La solicitada miente y en el discurso del 19 de enero en el cuartel, se volvió a mentir. Se insiste con que el ERP mató a la esposa de Gay y que el teniente llevado de rehén fue asesinado. Falso. La justicia en Mar del Plata demostró en la causa por este hecho que la mujer del jefe militar fue asesinada a balazos por los propios militares, que desalojaron a sangre y fuego a la herrería donde se habían refugiado algunos guerrilleros que rodeados, esperaban rendirse ante un juez federal. Y el teniente Irarzábal, se quitó la vida estando retenido por esa organización revolucionaria en una cárcel del pueblo.

La campaña del Desierto del general Argentino Roca, ese que todavía está en los billetes de 100 pesos, fue el primer genocidio étnico, con el cual el Ejército Argentino a fuerza de balazos y asesinatos arrebataron millones de hectáreas y se creó así la oligarquía terrateniente. Los que financiaron la campaña (que no era un desierto, estaba lleno de gente) luego obtuvieron su jugosa recompensa en tierras. Los Martínez de Hoz se quedaron así con más de 1.000.000 de hectáreas. Esto está documentado, como dice Bayer. Las grandes estancias y los apellidos de ahí en más “ilustres”, los Anchonrena, Pereyra Iraola, Alzaga Unzué, y sigue la lista de un millar de apellidos (sector al que el mediopelo llegó a ver con fascinación y glamour fruto de la colonización cultural), esas fortunas están manchadas de sangre de los hermanos mapuche, pampa y ranquel, a quienes les robaron no solo las tierras, sino que el aniquilamiento incluyó su idioma, su rica cultura, su forma de ser.

Con el general Roca se volvió a la esclavitud, retrocedimos más atrás que la Asamblea del Año 1813, que abolió la esclavitud. Los indios vencidos no asesinados que no los llevaron presos ni confinados a la Isla Martín García y que podían trabajar, fueron reducidos a mano de obra gratis en los ingenios azucareros que la familia Roca poseía en la provincia de Tucumán. Los diarios de la época de Capital Federal dan cuenta del “reparto de indios” entre las familias acomodadas: llantos y dolor, porque separaban a madres y padres de hijos, que eran “regalados” las “chinas” y los “chinitos” para que sean sirvientes en las casas de los ricos de Buenos Aires.

El Ejército que defiende este grupete no es el de San Martín, el de Belgrano, el de Savio, el de Mosconi, sino el del coronel Varela, que masacró obreros rurales a la Patagonia, a pedido de los estancieros ingleses y locales sobre todo. 1.500 trabajadores rurales fueron fusilados sin piedad: su delito, pelear con la huelga por un mejor salario y condiciones laborales, más velas para alumbrarse, que les pagaran los arreos extras, cosas así, chiquitas y grandes a la vez para gente trabajadora de campo.

Hay que leer los libros de Osvaldo Bayer, ahí está la verdad histórica. Varela con engaños logró que los huelguistas depusieran su actitud y les ocultó que los iba a fusilar sin misericordia. Pobres obreros, confiaban en Varela, un militar de la Nación, el mismo con el que habían podido dialogar para acordar el pliego de condiciones salariales tras lo cual se levantó la primera huelga. Pero los patrones cuando se volvió Varela, no cumplieron el acuerdo firmado, por eso la segunda huelga de 1921-1922. Pero Varela los humilló y los baleó sin asco. Y después, como los milicos de las Juntas Militares del ´76, quisieron ocultar sus crímenes amparados en supuestos “enfrentamientos armados” con los huelguistas, Varela ocultó que habían fusilado a mansalva y que habían llenado la Patagonia de fosas comunes. ¿Cómo es que, salvo un episodio de balacera, en esos “enfrentamientos” no hubo militares muertos ni heridos y del otro lado, de los obreros, centenares y centenares de muertos, si estaban armados?. “Es que el viento de la Patagonia desviaba las balas” adujo cínicamente un militar preguntado por el historiador Bayer.

El partido radical, estaba Hipólito Yrigoyen en el gobierno, nunca hizo un mea culpa sobre esta tragedia. Dicen que Yrigoyen le dijo a Varela, vaya y haga lo que tenga que hacer. Varela interpretó que era masacrar a los huelguistas, no hacerle cumplir a los estancieros el pliego de salarios y condiciones laborales que obreros y estancieros habían firmado meses atrás.

Ahora el grupo de nostálgicos -casi todos de la tercera edad- que pide que sea retirada y destruída la placa del cuartel de Azul donde desaparecieron soldados dados por desertores y fue el último lugar donde se vio entrar con vida al militante peronista Carlos Labolita en 1977, invocan cuestiones similares, para intentar someternos a la amnesia colectiva, proponiéndonos volver al pasado que el pueblo argentino le ha dicho Nunca Más. Y añoran un gobierno no peronista, no kirchnerista, que haga cesar los juicios de esos terribles crímenes, por eso la intención es influir en la campaña electoral del 2015, con el objetivo de esmerilar al gobierno de Cristina Kirchner y conseguir la vuelta al neoliberalismo.

Es probable, es una fuerte sospecha, que la justicia Federal debe rápidamente dilucidar con el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense, que en el sótano del edificio de la ex Estación del Ferrocarril Provincial, haya enterrados bajo una losa de cemento que colocó la dictadura, personas desaparecidas, como es el caso de Carlos Labolita. El lugar funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio y ahí fueron llevados jóvenes de nuestra ciudad que reconocieron el lugar años después. Los CCD, novedosa y macabra creación de la dictadura que los multiplicó por todo el país, que añoran los autores de la solicitada, fueron los complementos necesarios de los métodos de “Noche y Niebla” de los nazis aplicados por los militares argentinos del ´76.

Estos hechos también están probados por la justicia, por eso este año se espera que tenga lugar en Azul un juicio por crímenes de lesa humanidad, por el centenar de casos de secuestros, desapariciones y torturas que perpetrados por el Ejército y las fuerzas de seguridad en Azul y en la zona centro de la provincia de Buenos Aires.

La solicitada en cuestión fue repudiada por el gobierno nacional a través del área de Derechos Humanos, de la dirección de Políticas Reparatorias, funcionarios que estuvieron en Azul cuando se colocó e inauguró la placa, parte de las señalizaciones que impulsó la APDH-Azul, organismo que ha sido querellante en dos juicios de lesa humanidad, donde fueron condenados civiles y militares a cárcel común, como es el caso de los hermanos Méndez en Tandil; y militares como el coronel Verdura, dueño de la vida y la muerte en esta zona en la dictadura de la picana, los secuestros y los aviones que arrojaron personas secuestradas vivas al mar y al Río de la Plata. Esto está documentado y probado.

Los firmantes de la solicitada comparten el odio al gobierno peronista, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, odian que haya asignación universal por hijo, odian que se repartan netbooks, odian que se haya recuperado YPF, odian a la clase trabajadora. Odian que haya retenciones a las exportaciones de granos. Odian que haya matrimonio igualitario, y no quieren que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo, ni una planta como el cannabis y otras sustancias, para seguir dando excusas para detenciones arbitrarias de jóvenes y militantes y su judicialización y cárcel, cuando la Constitución Nacional con el artículo 19 reza que no son punibles las acciones privadas de los ciudadanos que no atentan contra nadie. Este criterio ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros tribunales de menor jerarquía.
Liberación o dependencia sigue siendo la contradicción principal en Argentina, traducido en Patria o Buitres, Patria o Corporaciones. Y los escribas y adherentes a la solicitada están claramente del lado de la dependencia, defendiendo intereses mezquinos, pequeños, falseando la historia y pretendiendo condicionar a los argentinos y al gobierno municipal y nacional, embarcados en construir una patria para todos sin excluídos.