TAMBIÉN SE BUSCA ELIMINAR EL 1% DE APORTE PATRONAL . Proponen que a los gremialistas municipales les paguen el sueldo los propios sindicatos

Por Marcial Luna

Redacción El Tiempo

La concejal Pilar Álvarez (UCR Azul) es la autora de una iniciativa que propone excluir al personal del Concejo Deliberante del Decreto 723 del Ejecutivo local, ya que detectó "una afectación indebida al régimen de horarios establecido". Además, promueve la derogación de dos artículos del Convenio Colectivo del personal municipal. El primero refiere que los sueldos de los representantes de sindicatos con licencia gremial sean abonados por las entidades de base y no por el Municipio. El segundo busca eliminar el aporte patronal del 1 por ciento que reciben los gremios desde las arcas comunales, equivalente a 12 millones de pesos mensuales.

El proyecto de Resolución de Álvarez fue ingresado en el Orden del Día y será tratado en la octava sesión ordinaria del martes próximo. En primer lugar, en la iniciativa se plantea la necesidad de "excluir al personal del Concejo Deliberante del alcance del Decreto 723/2025 [del Ejecutivo municipal] por haberse detectado una afectación indebida al régimen de horarios establecido".

Luego encomienda al "Departamento Ejecutivo que, en el marco de las negociaciones paritarias, promueva la modificación del artículo 39 del Convenio Colectivo del personal municipal, disponiendo que los representantes gremiales en licencia gremial conserven la reserva de cargo, pero no perciban sus haberes con cargo al presupuesto municipal, debiendo los mismos ser abonados por el sindicato correspondiente".

Finalmente, solicita al Ejecutivo local que "promueva la derogación del artículo 187 del Convenio Colectivo, eliminando el aporte patronal del 1 por ciento de la masa salarial mensual a los sindicatos, en virtud de su incompatibilidad con la Ley Nacional N° 23.551".

Para la elaboración de su proyecto, la concejal Pilar Álvarez tuvo en cuenta el Decreto 723 del 2025 del Departamento Ejecutivo, que modifica el régimen horario del personal municipal; la nota elevada por la Presidencia del Concejo Deliberante el pasado 21 de mayo, en la que solicitó que el personal del Cuerpo legislativo local quede fuera del mencionado decreto; y finalmente considera los artículos 39 y 187 del Convenio Colectivo de Trabajo vigente en el ámbito municipal, así como también la Ley Nacional N° 23.551 de Asociaciones Sindicales.

En cuanto a "la nota de Presidencia" del legislativo local, remitida al Intendente en mayo, señala que "el personal del Concejo Deliberante cumple funciones administrativas en un régimen horario diferenciado -de lunes a viernes de 8 a 14, más sesiones quincenales los días martes-, y que las decisiones relativas a la contratación, organización y sanción del personal son competencia exclusiva de la Presidencia del [Concejo Deliberante], en el marco de la autonomía funcional y administrativa reconocida al Poder Legislativo local".

Por su parte, afirma la concejal Pilar Álvarez en su proyecto, "el Decreto N° 723/2025 no respeta dicho régimen, legalmente establecido en el Reglamento Interno del Concejo -artículo 42-, ni fue dictado con participación del Deliberante ni con modificación del convenio colectivo de trabajo, contraviniendo lo dispuesto en la Ley N° 14.656".

Además, plantea que "la norma mencionada se funda en un acuerdo celebrado únicamente entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de Azul (STMA), entidad que no representa a la totalidad de los trabajadores municipales".

Álvarez sostiene, además, que "dicho decreto, en los hechos, prorroga de manera encubierta e ilegítima el estado de emergencia económica -cuyo plazo estaba legalmente limitado a 180 días-, introduciendo reducciones horarias y sustituyendo remuneraciones por sumas no remunerativas, en detrimento de los derechos laborales del personal municipal".

"Con especial gravedad -afirma la concejal- la medida no establece un plazo de vigencia, configurando así un nuevo régimen laboral implementado por fuera de los mecanismos legales establecidos".

En tanto, "el artículo 39 del Convenio Colectivo de Trabajo garantiza el derecho a la actividad gremial, incluyendo la licencia con goce íntegro de haberes para los representantes sindicales, incluso cuando no prestan funciones dentro del Municipio".

Pilar Álvarez -del bloque UCR Azul y presidente del Concejo Deliberante- también apunta que "el artículo 187 establece un aporte mensual del 1 por ciento de la masa salarial municipal a favor de las organizaciones sindicales, destinado a fines sociales, asistenciales y organizativos".

La legisladora de UCR Azul puntualiza que "ambas disposiciones implican una erogación considerable por parte del erario municipal, aun cuando dichas organizaciones cuentan con fuentes propias de financiamiento mediante los aportes de sus afiliados".

En esa línea, la concejal Álvarez observa que "estas previsiones resultan contrarias a lo establecido en la Ley Nacional N° 23.551 de Asociaciones Sindicales -norma de orden público-, que, en su artículo 9 -incico E- dispone que los sindicatos deben sostenerse exclusivamente con los aportes de sus afiliados, sin recibir subsidios del Estado ni de los empleadores".

El artículo 53 de la misma ley "prohíbe expresamente a los empleadores subvencionar a las organizaciones sindicales, incluso de forma indirecta".

"La jurisprudencia nacional y provincial ha sostenido que los salarios correspondientes a licencias gremiales deben ser afrontados por los propios sindicatos, y que el uso de fondos públicos para tal fin vulnera el principio de legalidad", afirma Álvarez en su proyecto.

En ese contexto, subraya que, "a pesar del contexto de emergencia y las restricciones presupuestarias alegadas por el Departamento Ejecutivo -que motivan la reducción horaria y el pago de sumas no remunerativas al personal-, se continúa abonando el 1 por ciento mensual de la masa salarial a los sindicatos, así como los sueldos completos a representantes gremiales en uso de licencia".

"Tales erogaciones -sostiene Pilar Álvarez- constituyen subsidios indirectos prohibidos por la Ley 23.551 y por la jurisprudencia vigente".

Al respecto, detalla que, "según datos obtenidos por RAFAM, desde el 1 de enero de 2025 a la fecha [junio de 2025] se han ejecutado por el citado aporte 59.226.000 pesos del presupuesto. Esto, en promedio, significa 12.000.000 de pesos mensuales".

A partir de esas consideraciones, la legisladora local sostiene que "en virtud de las restricciones económicas alegadas por el Departamento Ejecutivo y del principio de equidad en la distribución de las cargas públicas, resulta razonable y justo eliminar aporte y redireccionar esos recursos al financiamiento de áreas prioritarias como salud, infraestructura o servicios comunitarios".

"Asimismo -sostiene luego Pilar Álvarez-, el pago de los salarios de los representantes sindicales durante sus licencias por parte de las propias organizaciones sindicales, permitiría un uso más eficiente y transparente de los fondos públicos, sin menoscabar los derechos sindicales".

Considera que, en ese marco, "corresponde adoptar las medidas pertinentes a fin de garantizar el respeto del orden jurídico vigente, la autonomía del Concejo Deliberante y el uso responsable del erario público".