. Proyecto para que hipermercados paguen multas de inmediato por violar la Ley de Defensa del Consumidor

“Las empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires que sean sancionadas por violar la Ley de Defensa del Consumidor deberán pagar de inmediato las multas que les impongan el Estado provincial o los municipios aunque recurran la resolución ante la Justicia”, según un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense. La iniciativa, de los diputados del Frente para la Victoria Mario Caputo y Evangelina Ramírez, modifica el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios con el objetivo de “posibilitar la inmediata ejecución de las sanciones respetando el derecho constitucional de defensa y el debido proceso”.

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En los fundamentos, los autores del proyecto sostienen que el reconocimiento de derechos “se torna inoperante e ineficaz si no se acompañan con mecanismos y procedimientos de implementación que aseguren su aplicación concreta”.

“La actual redacción del Código permite que los infractores a los derechos de los consumidores escapen a las sanciones que se les imponen sin importar la gravedad o perjuicio que generan con el sólo hecho de impugnar judicialmente la resolución que dicta la autoridad de aplicación”, explicó el diputado azuleño.

Caputo precisó que tal como lo señaló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Poder Legislativo “debe tomar nota de la ineficacia de los mecanismos de protección del ciudadano frente a la especulación que realizan algunos sectores vinculados fundamentalmente a la comercialización de productos”.

Aseguró que la modificación propuesta “permite el inmediato cobro de las multas que se apliquen a los comercios, principalmente las grandes empresas, lo que redundará en una efectiva protección a los ciudadanos ante comportamientos abusivos e ilegítimos de los proveedores de bienes y servicios”.

Caputo detalló que hasta el momento “si un comercio era multado por violar la Ley de Defensa del Consumidor la sanción sólo podía hacerse efectiva con una resolución judicial firme, proceso que puede demorar años con lo que desnaturaliza el sistema punitivo y resta eficacia a los derechos que contempla la norma”.