. PUJA ENTRE INTENDENTES Y LA PROVINCIA POR LA "CAJA" DE LAS FOTOMULTAS

Una disposición de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial generó profundo malestar entre los intendentes que, aseguran, se verán privados de un alto porcentaje de la recaudación de las fotomultas ubicadas en las rutas provinciales.

A la ya conocida quita del Fondo Sojero y del anunciado ajuste que, de seguro impactará en las cuentas municipales durante 2019, los intendentes bonaerenses acaban de sumar una nueva preocupación: una disposición del Gobierno provincial que reduce el porcentaje de la recaudación de las fotomultas que venían percibiendo y que significaban, en muchos casos, porciones interesantes de su recaudación.

El documento fue publicado el 29 de agosto en el Boletín Oficial y establece un cambio en el reparto de una torta que, según estimaciones de los propios alcaldes, acumula unos 1.800 millones de pesos por año. Hasta el cambio de reglas, el 40 por ciento de esa “caja” quedaba para los municipios, otro 40 por ciento iba a la Universidad Tecnológica Nacional y el 20 restante a la Provincia.

Con ese esquema, unos 69 intendentes bonaerenses –de Cambiemos y de toda la oposición- se llevaban una “torta” de 800 millones de pesos anuales. Ahora, calculan, se quedarán con la mitad.

Es que, amparada en lo que establece el artículo 42 de la ley 13.927, la Provincia se quedará con el 50 por ciento de la recaudación y manda a los municipios a discutir con la Universidad Tecnológica la distribución del resto.

Ese artículo prescribe que “cuando las actas de comprobación (es decir las multas) hayan sido labradas por faltas cometidas en rutas o autopistas que atraviesen el ejido urbano, por autoridades de comprobación municipal, el producido por el cobro de multas se distribuirá en un cincuenta por ciento (50%) para el Municipio donde la falta fue cometida, y un cincuenta por ciento (50%) para la Provincia”.

Desde la Dirección Provincial de Política y Seguridad, que depende del Ministerio de Gobierno, que comanda Joaquín De la Torre, explicaron que la decisión tenía como objetivos “transparentar y ordenar”.

Entre las razones que encuentran en el Gobierno para justificar el cambio de reglas, se esgrime la existencia de convenios “poco claros”, “caídos” y sin justificación. Es que, aseguran, los municipios utilizaban las fotomultas para “recaudar” en lugar de generar prevención vial.

La versión de los intendentes es un poco más pragmática: “necesitan recaudar porque se les viene un ajuste feroz y están manoteando de todos lados”, aseguran, mientras sacan cuentas y mastican bronca.

Como compensación por la quita, la Provincia les da a las comunas la potestad de instalar radares en suelo urbano y quedarse con el 90 por ciento de la recaudación. Para eso debían justificar la necesidad y pedir la habilitación. De más está decir que la propuesta no entusiasmó a nadie: “sólo querían multar a los que pasan por la ruta”, dicen en Gobierno.

La resolución lleva la firma de Victor Stephens, Director Provincial de Política y Seguridad Vial, pero los intendentes le apuntan a la figura de Iván Budassi como autor intelectual de la medida. Budassi, ex titular de ARBA en los tiempos del sciolismo, recaló en el Ministerio de Gobierno en diciembre de 2017, de la mano de Joaquín De la Torre.

En Seguridad Vial negaron que Budassi esté tras la iniciativa. Lo cierto es que, como Subsecretario de Gestión Gubernamental, el bahiense tiene a su cargo la dirección que capitanea Stephens. (Infocielo)

MULTAS A LOS POLARIZADOS

En Río Negro comenzarán a cobrar multas a aquellos conductores que circulen con vidrios polarizados en sus autos. Si bien la prohibición estaba fijada en la Ley Nacional de Tránsito, los montos de las multas por circular con vidrios polarizados habían perdido valor, ya que nunca fueron actualizadas desde la década del 90. Ahora ese valor fue actualizado y estará ligado al valor de los combustibles, por lo que tendrá actualizaciones constantes. El Jefe de Seguridad Vial Alto Valle Oeste, Marcos Peralta, ya estaría todo encaminado para que en enero del 2019 se comiencen a cobrar las multas con los valores actualizados. “No se permitirá ningún polarizo que impida visualizar las siluetas de los pasajeros. Sólo estarán permitidos el denominado polarizado claro, y el que viene de fábrica. Esto es por seguridad vial, ya que los cristales oscuros reducen la visibilidad, y por seguridad, dado que la placa impide ver los números de los cristales”, expresó Peralta. Además, confirmó que la multa, valuada en 300 UF, rondará los $10.623.