. Red Telemétrica, venta de Sudamtex y compra de Curtiembre: las irregularidades "detectadas" por Inza

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Ayer, el Intendente convocó a los medios para dar a conocer las presuntas irregularidades administrativas que son materia de investigación por parte del Ejecutivo que encabeza. Tienen que ver con la compra y contratación de la red de alerta temprana de inundaciones; con el proceso de venta del predio de la ex Sudamtex iniciado en 2001; y con la compra de los terrenos de la ex Curtiembre Piazza, cuyo crédito se solicitó en la anterior gestión pero la adquisición se efectivizó en esta.

EL DATO:

Llamativamente, la lectura de las presuntas irregularidades y la posterior conferencia de prensa de ayer no se hicieron en el despacho oficial, como era de esperar al tratarse de temas de “sumo interés público” como los definió el propio Inza. Contrariamente, fue el local donde funciona el recientemente inaugurado Núcleo de Acceso a la Información (NAC) donde el jefe comunal recibió a los medios. Tal vez haya sido porque además de algunos de sus funcionarios había alrededor de 40 militantes acompañándolo, cantidad de gente que en el despacho oficial no hubiese podido entrar.

 

Ayer por la mañana el intendente José Inza convocó a una conferencia de prensa para finalmente informar el inicio de acciones investigativas desde el Ejecutivo por presuntas irregularidades en tres temas específicos que se relacionan directamente con la gestión anterior del ex intendente Omar Duclós y también a la anterior conformación del Concejo Deliberante. Pero en dos de las presuntas irregularidades interviene también su propia gestión.

El primero de los temas está relacionado con la compra y contratación de la Red de Alerta Temprana de Inundaciones -Red Telemétrica- que, según indicó el Intendente, tanto en el contrato como el circuito administrativo presentan irregularidades. Los dos restantes son la venta del predio de la ex Sudamtex, que se inició en 2001 aunque fue durante su gestión que se firmaron las escrituras; y la compra de terrenos de la ex Curtiembre Piazza, que también propuso la administración Duclós pero se concretó en este mandato.

Según señaló, elevó pedidos de informes al Concejo Deliberante para que sea remitida de manera inmediata la información obrante en ordenanzas, resoluciones y/o decretos del cuerpo, incluidas las actas transcriptas de sesiones en las que se trataron esos temas y todo otro antecedente, para así avanzar en su esclarecimiento y deslindar responsabilidades.

Acompañado por funcionarios del gabinete, el jefe comunal arrancó la lectura del texto que tenía preparado remontándose a la suspensión de la sesión de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. (Ver recuadro), de quien se refirió una vez más y en general en muy duros términos. Al pasar al anuncio de las presuntas irregularidades, advirtió que “no estamos haciendo ninguna denuncia, es importante aclararlo. Voy a avanzar en informar y describir presuntas irregularidades administrativas y comunicarles cuál va a ser nuestra acción en consecuencia”.

Red Telemétrica: contrato y pagos en dólares al exterior  

Respecto de este tema, Inza indicó que “a partir de expedientes tales como el T 90 2012, iniciado por la Tesorería Municipal y el I 47/2014 iniciado por el Instituto de Hidrología de Llanuras, en que se nos informaba acerca de dificultades tanto en el cumplimiento de obligaciones contractuales -de ejecución y pago- como así también sobre el deficiente funcionamiento de la Red Telemétrica instalada en nuestro Partido, el Departamento Ejecutivo buscó interiorizarse en la real problemática de lo que se planteaba como una simple falta de pagos y de mantenimiento en la adquisición, la instalación, el objeto y el estado actual de funcionamiento de la Red de Alerta Temprana de Inundaciones -Red Telemétrica- instalada en el Partido de Azul”.

En ese sentido, describió primero irregularidades en el contrato firmado para la adquisición de esa Red y dijo que “los planteos iniciales sobre el tema se relacionaban con la presentación por parte de las áreas específicas de este Departamento Ejecutivo de la obligación de cancelar pagos pendientes a la empresa proveedora, en el marco del contrato celebrado. Procedimos al análisis detallado de la contratación y de allí surge que se efectuó una contratación directa por un monto acordado en 67.373,95 dólares más IVA, más la suma mensual de 850 dólares más IVA (contrato N°2985)”.

Luego detalló que ese contrato está “carente de fecha de suscripción, carente de póliza de seguro, carente de determinación de compañía y tampoco se denuncia en la contratación un domicilio constituido en Argentina de la empresa contratista”.

A partir de ahí, dijo que se llevó adelante un seguimiento en lo que hace al circuito administrativo del año 201 y que “se realizaron giros en dólares al exterior, los cuales se encontrarían en violación a la normativa del Banco Central de la República Argentina”.

Sostuvo además que “los pagos habrían sido realizados sin facturas válidas para la ley argentina, situación por entonces no observada por ninguno de los responsables de producir y/o ejecutar los mismos”. Señaló que “atento las irregularidades detectadas, no se realizará la cancelación de la obligación contraída, en caso de corresponder, hasta tanto se aclaren las situaciones citadas, destacando que habiendo sido pagadas en el extranjero una estación y una radio, a la fecha no han sido importadas”.

“No funciona como red de alerta temprana” 

No quedó ahí el tema, ya luego señaló que “los graves problemas de inundaciones que sufre y ha sufrido nuestro distrito, impulsaron a los vecinos de nuestra ciudad a buscar soluciones a tan dramática problemática con suerte y éxito relativo. Para afrontar debidamente este problema no sólo se necesitan las obras hídricas que hoy nuestro gobierno está llevando adelante, sino que también es necesario contar con un sistema de alerta temprano eficiente y moderno, que ayude a prevenir y alertar a los vecinos ante posibles inundaciones”.

En ese marco, informó que el Ejecutivo municipal solicitó al Instituto Nacional de Agua (INA), que es la autoridad competente en la materia, la realización de un estudio del sistema de alertas que determinó que “no funciona específicamente como red temprana en caso de peligro de desbordes o inundaciones y no presenta la funcionalidad para emitir las alarmas o alertas correspondientes al superar valores de parámetros predefinidos”.

Añadió que “en función de esta grave situación a la que nos vemos sometidos y habiendo obtenido recientemente el diagnóstico de la problemática hídrica en su aspecto preventivo, es que solicitaremos al INA el asesoramiento y una propuesta para avanzar en la tarea de implementar, de una vez por todas en nuestro distrito, el funcionamiento de una red telemétrica como corresponde”.

Volviendo a las irregularidades, consignó que “debemos investigar a fondo todas las actuaciones porque vemos que el equipo se habría adquirido para registrar estados de alerta temprana ante el peligro de inundaciones; observamos diversas irregularidades en los procedimientos de compra; y según el informe de la autoridad competente, los elementos no cumplen con la función para la que supuestamente habrían sido instalados”.

Afirmó que “ante la gravedad de los hechos invocados y en la tarea de determinar responsabilidades, así como también de informar correctamente a la población sobre una temática de riesgo para todos los azuleños, es que solicitaré al Concejo Deliberante nos remita toda la información” al respecto, en un pedido que elevará mañana lunes.

Venta del predio de la ex Sudamtex 

El segundo punto en el que detectaron irregularidades es en el proceso por la venta del predio de la ex Sudamtex, ubicado en el Parque Industrial de esta ciudad. En este sentido, informó que el Departamento Ejecutivo, a partir del Decreto 2009/2014, lleva adelante desde la Subsecretaría Legal y Técnica un proceso de revisión de los instrumentos que llevaron a la venta del predio de 30 hectáreas donde funcionaba y que fue cedido a favor del Sr. Néstor Arias y sus empresas HM, TCR y Celanova o Mourillos. ”Resulta menester determinar las responsabilidades institucionales y/o privadas por la venta del predio”, sostuvo.

En cuanto a la suscripción de la escritura traslativa de dominio realizada en 2012 por él mismo, dijo que “creo importante destacar que era mi deber en su oportunidad no dilatar de ninguna manera el acto escriturario” y agregó que “partimos, como en cada escritura en que se trasfieren propiedades a terceros o se incorporan a nuestro patrimonio, del hecho de que para poder solicitar a Escribanía General de Gobierno un acto de estas características es necesario contar con actos administrativos previos que gozan de la presunción de legalidad”.

Luego recordó que “convalidados los actos del ex Intendente mediante diversas ordenanzas, se remitió en el año 2010 al organismo provincial el expediente en que obraba todo lo actuado a fin de solicitar la escrituración del inmueble”.

Advirtió que ese mismo año, Escribanía General de Gobierno consideró que era necesario cumplir con pasos administrativos previos, con lo que el expediente fue devuelto al municipio. “Finalmente en julio de 2011, el expediente completo se giró a provincia nuevamente con la declaración expresa de escrituración a favor de las empresas presididas por el Sr. Néstor Arias. Un año más tarde, la Escribanía General de Gobierno, luego de considerar cumplidos los requisitos formales conforme la ley vigente, finalmente comunicó a este Intendente que se estaba en condiciones de proceder a la firma de las escrituras ya confeccionadas, sin que para esa fecha el expediente administrativo 4006 - 73/2010 hubiese regresado a la Municipalidad de Azul”, aseguró.

Así fue que subrayó que “el expediente que dio origen a las escrituras -como habitualmente ocurre- permaneció en la Escribanía General de Gobierno, desde su remisión en julio de 2011 hasta enero de 2013. Las escrituras se firmaron en el año 2012, considerando válidos los actos administrativos previos que dieron origen y con el contralor de un órgano provincial que consideró acreditados los requisitos para su certificación”.

Planteado este marco legal, dio lectura al pedido elevado al Concejo Deliberante justificado a partir de la Ordenanza Nº 3595/2014 que faculta al Ejecutivo a adoptar las medidas judiciales y administrativas para reinscribir los inmuebles bajo la titularidad de la Municipalidad del Partido de Azul en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

En la nota dirigida al presidente del cuerpo, Inza señala que “resulta menester determinar las responsabilidades institucionales y/o privadas por la venta del predio, sobre todo citando como cuestión central que el proceso de venta iniciado en el año 2001 de un predio de treinta hectáreas luego se transformaría en quince lotes totalmente identificables, de los cuales sólo uno fue utilizado para el desarrollo del proyecto”.

Los terrenos de la ex Curtiembre Piazza

El tercer punto materia de investigación por parte del Ejecutivo, se relaciona con la compra del predio donde funcionaba la ex Curtiembre Piazza. Según indicó el Intendente durante la conferencia de prensa de ayer, la operatoria se inició en 2011 y dio origen al endeudamiento tomado por el Municipio ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires, autorizado por Ordenanza 3283/2012, para la compra del predio perteneciente a la ex Curtiembre Piazza. “La razón invocada para la compra del inmueble sin edificar, que funcionara históricamente como depósito de afluentes provocados por la actividad de curtiembre de cueros de la empresa Curtiembre Piazza, fue la de disponer de una ‘reserva estratégica de tierra municipal’”, dijo.

Luego indicó que desde su gestión, a través del Servicio Geológico Minero Argentino, se efectuó un estudio de suelos que determinó que el predio “padece un importante pasivo ambiental. Para la tranquilidad de la población, les informo que ya nos hemos puesto a gestionar en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, a los efectos de conseguir el asesoramiento y definir estrategias y financiamiento para la remediación del predio”.

Lo que concretamente está bajo su lupa es “determinar las responsabilidades de haber adquirido y/o comprometido los recursos del Municipio y su capacidad de endeudamiento por un predio no apto para su utilización. Como así también la decisión tomada en el marco de la quiebra que vende a precios de mercado un bien no apto para la habitabilidad humana”.

Por este tema también pedirá mañana lunes informes al Concejo Deliberante.

Luego de dar a conocer las tres presuntas irregularidades, prosiguió leyendo el extenso texto. “En cuanto a las irregularidades, el Estado como persona de derecho público responde por los actos de los sucesivos gobiernos, por lo tanto en cumplimiento de nuestro deber de funcionarios públicos, se informará y actuará en caso de tomar conocimiento de eventuales irregularidades que pongan en juicio la presunción de legitimidad de los actos de la administración”, sostuvo, y dijo que pedirá a título de colaboración dictámenes de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

SOSPECHAS 

Antes de dedicarse a detallar las tres presuntas irregularidades administrativas que se están investigando -las cuales seguramente formaban parte del discurso que no pudo terminar en la apertura de sesiones-, ayer el Intendente desparramó sospechas sobre la suspensión de esa sesión especial del pasado 10 de abril.  También leyendo dijo que “los hechos acaecidos en mi discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante el pasado viernes 10 de abril, cuando el presidente de ese Concejo dio por suspendido un acto propio de nuestro estilo de vida democrático, dejaron pendientes de consideración muchos aspectos de gran importancia”.

En otro párrafo, leyó: “Quiero resaltar la profunda frustración y desagrado que sentimos los azuleños por la interrupción violenta y autoritaria de la apertura del período de sesiones del Concejo Deliberante. El hecho es inédito en nuestros 32 años de democracia, y entiendo que desde algunos sectores no se le ha dado la debida trascendencia. Es más, los móviles políticos denunciados oportunamente podrían asociarse a un particular interés de que el Intendente no pueda transmitir ciertas cuestiones graves y de sumo interés público en el último año de su mandato, con el fin de evitar que ciertas responsabilidades recaigan en quienes corresponda”.

Añadió que “esta es una cuestión sumamente preocupante, porque estas acciones atentan directamente contra nuestro sistema de convivencia, y si en la vida política no actuamos con respeto, moderación y responsabilidad, nunca tendremos una mínima medida de las posibles consecuencias de nuestros actos”.

Posteriormente hizo alusión a la Constitución Nacional que garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.

En ese marco señaló que “se ha soslayado, tanto el deber del Departamento Ejecutivo en proveer la información a sus representados, como el derecho de los ciudadanos a obtener dicha información”.


“PEDIMOS AL DELIBERANTE QUE TRATE LOS TEMAS CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE”

Después de leer los tres puntos que son materia de investigación por parte del Ejecutivo, Inza le dedicó algunos minutos al Concejo Deliberante. También leyendo, le pidió que trate los temas con la mayor celeridad posible y detalló algunos de los expedientes que aún no han sido tratados. Textualmente dijo que “creo que es fundamental rescatar la importancia que tiene el armónico funcionamiento de las instituciones democráticas, concretamente la trascendencia determinante que tiene el normal progreso de las sesiones del Concejo Deliberante. Las ordenanzas emitidas en tiempo y forma desde el cuerpo legislativo, brindan al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para llevar adelante una gestión eficaz en beneficio de los vecinos del Partido de Azul.

Añadió en ese marco que “los tiempos excesivamente prolongados sin sesionar por parte del Concejo Deliberante y la decisión de suspender las sesiones ordinarias de manera improcedente, dificultan sensiblemente el avance de las gestiones propias del Gobierno Municipal. Considerando que recién el 5 de mayo comenzarán las sesiones ordinarias, luego de la última postergación, es que remitiré en los próximos días un pedido de pronto despacho de varios expedientes pendientes de resolver, que se relacionan con temas de gran importancia para los azuleños”.

Y ahí detalló una gran cantidad de temas, entre los que marcó los cinco expedientes

por el servicio de barrido y recolección de residuos, ambos concesionados a la empresa Malvinas, uno de ellos del año 2013; la concesión del servicio del Parador Boca de la Sierra elevado en el 2014. También instó “a resolver el inexplicable freno a una obra importantísima” como la de cloacas de Villa Piazza Norte. 

Además, mencionó la falta de convalidación de los actos administrativos realizados en situación de emergencia a favor de 40 puestos de trabajo de la cooperativa Sudamtex Ltda.; “están paralizadas en el Concejo Deliberante” las obras públicas como las relacionadas al Fondo de Obra Pública de Azul, Chillar y Cacharí, el plan integral de alumbrado público, el Fondo de Salud o los convenios que involucran fuentes laborales como el programa Argentina Trabaja. Por último, recordó que el presupuesto 2015 tampoco ha tenido tratamiento y sostuvo que “es patético que habiéndolo elevado en tiempo y forma, estemos a punto de iniciar el mes de mayo y aún no tengamos un tratamiento adecuado del mismo”.

Para finalizar, Inza leyó también que “tenemos 40 casos pendientes de tratamiento del año 2014 y hemos elevado 45 proyectos de ordenanza en el curso del 2015, por eso pedimos al Deliberante que trate los temas con la mayor celeridad posible”.

Cuando terminó de leer, los cerca de 40 militantes o simpatizantes que se habían hecho presentes en el NAC para presenciar la conferencia, aplaudieron enérgicamente al Intendente.