. Repudio por actitudes violentas

En el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación se están llevando a cabo negociaciones salariales entre la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), que transcurren por los carriles ordinarios en que tales diferendos se sustancian.

Pero el 21 del corriente mes se hicieron presentes en la ciudad de Olavarria un grupo de activistas en el domicilio particular del presidente de ADIRA, y a su vez director del Diario El Popular de Olavarría, señor Jorge Botta, entre los que se encontraban el Secretario General de FATPREN y otros miembros directivos, en forma violenta y agraviante, generando tanto en las personas que estaban en la vivienda como también en los vecinos del lugar un manifiesto temor e incertidumbre hasta que las fuerzas policiales lograron disuadirlos de su actitud. No conformes con lo antes narrado se dirigieron a la sede del diario El Popular con idéntico accionar durante aproximadamente dos horas.

Este hecho reconoce antecedentes similares ocurridos el año anterior frente a las instalaciones de algunas empresas editoras del interior del país, con los mismos participantes y sin la intervención de los trabajadores locales. Por eso pone de manifiesto una escalada de violencia inusitada que trasciende el marco de los legítimos derechos con que cuentan las organizaciones sindicales para peticionar o exhibir sus desacuerdos, transformándose en un elemento de coacción e intimidación que están penada por de la ley.

Es lastimosa la actitud de la policía que no actuaron dentro de la ley. Fueron muy permisivos para no ponerlos a disposición de la Justicia a los responsables de estos hechos violentos delictuosos.

Durante conflictos laborales existen medidas de fuerza como el paro, el trabajo a reglamento, etcétera que el Ministerio de Trabajo debe arbitrar las medidas para la continuación del diálogo dentro de un marco de respeto de las partes que establece la ley. Nunca se puede admitir la violencia física o moral para el chantaje, la extorsión, la intimidación. Menos aún hacerlo dirigido a una persona cuando se está representando a una institución.

ADEPA considera que esta clase de medidas de un grupo minúsculo, que se dicen gremialistas, exceden todo marco de razonabilidad. Es evidente que se busca intimidar a quienes participan de las instancias de paritarias en representación de los medios de comunicación del interior del país, lo que plantea un ámbito poco propicio para la búsqueda de consensos en un clima de tolerancia y respeto.

Desde ADEPA, ADIRA, EL TIEMPO y seguramente muchos medios periodísticos del país, se repudia toda actitud de violencia y se exhorta a la dirigencia gremial a retomar la senda del diálogo, única vía concebible para una sociedad que pretende desarrollarse en un sistema republicano y democrático.

Es necesario que las autoridades ministeriales laborales de la Nación adopten las medidas  adecuadas que permitan neutralizar situaciones como la descripta y encauzar dentro del marco que la ley dispone las negociaciones colectivas. También se solicita a las autoridades judiciales que correspondan que prohijan las acciones que sirvan para proteger la integridad física y el patrimonio de las personas y empresas afectadas.

En este hecho sucedido en Olavarria va nuestra solidaridad con Jorge Botta como director del Diario colega El Popular y presidente de ADIRA.