16 de noviembre de 2015
El proyecto fue presentado por el SUTEBA y está destinado a los trabajadores de la educación que son víctimas de situaciones de violencia en las escuelas u objeto de denuncias penales.
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El Consejo General de Educación aprobó días atrás el proyecto presentado por el SUTEBA de medidas de Resguardo y Reparación Pública para los Trabajadores de la Educación que son víctimas de situaciones de violencia en las escuelas u objeto de denuncias penales.
“Este significativo hecho es producto del trabajo desarrollado en toda la provincia por el Programa de Intervención en Situaciones de Conflicto en el Ámbito Escolar que llevan adelante las secretarías de DDHH, Gremial y Salud provincial. Estas medidas fueron además refrendadas masivamente por los docentes de toda la Provincia de Buenos Aires a través de miles de firmas recogidas en un petitorio y apoyadas por los cuerpos de delegados de nuestra organización a lo largo y ancho de nuestra provincia”, se expresó.
“El proyecto busca resguardar a los docentes ante situaciones de violencia física, psicológica o simbólica, como también ante denuncias realizadas contra los trabajadores de la educación mientras se lleve adelante la investigación”, se explicó desde el SUTEBA. Así mismo se afirmó que “además, debido a que son hechos que ocurren en el ámbito laboral, se solicita que sea la patronal la que se ocupe de la salud física y psicológica del compañero que atraviese por estas situaciones”.
Respecto a las denuncias contra docentes, el sindicato recordó que “corresponde investigar”. En ese aspecto se recordó que desde el SUTEBA se viene solicitando “no puede existir un prejuzgamiento, ya que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, como señala la Constitución Nacional. Por eso es que se exige mayor rapidez en las investigaciones judiciales y/o administrativa, así como un respaldo legal de parte de la Dirección General de Cultura y Educación”.
Asimismo se destacó que “también los medios de comunicación juegan un rol en estas acusaciones. En ese sentido, se solicita, por un lado, que sean las dependencias de la DGCyE las que tengan contacto con los medios, pero también que se coordinen acciones con diversos organismos para mejorar la cobertura mediática de este tipo de hechos, de modo tal que no contribuyan a complejizar aún más la situación”.
“En los casos en los que los denunciados son encontrados inocentes o incluso se comprueba que las denuncias eran falsas, esta resolución solicita que se realice una reparación pública para el trabajador de la educación, como también para la institución”, se apuntó desde el gremio y se añadió que “con la aprobación del dictamen, la resolución quedó a la espera de pasos administrativos y a la firma de la Directora General de Cultura y Educación, por lo que debería estar aprobada antes de fin de mes”.
Por último se manifestó que “el SUTEBA consigue una importante medida para preservar a los docentes de la provincia de Buenos Aires ante las denuncias, buscando darle celeridad a las investigaciones, para llegar la verdad más rápido, lo cual será una enorme ventaja para el conjunto de la comunidad Educativa”.
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