HOY, EN LA PLAZA SAN MARTÍN . Se realizará un plenario abierto del Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad

Por Javier Ciappina

Redacción EL TIEMPO

Hoy a la hora 11, en la Plaza San Martín, se llevará a cabo un plenario abierto en el marco de una convocatoria nacional en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La acción, impulsada por el Consejo Municipal de las Personas con Discapacidad, busca visibilizar una serie de problemáticas vinculadas al acceso a derechos, la situación de los prestadores y el pedido de derogación de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En diálogo con EL TIEMPO, Silvina Lazarte, integrante del Consejo, explicó los motivos de la concentración, y dejó en claro que el reclamo no responde a banderías políticas. "Es una convocatoria a nivel nacional, en todo el país se va a estar saliendo a las 11 de la mañana, porque al mediodía se trata en el Congreso la emergencia en discapacidad. No lo hacemos en el veredón municipal porque no tiene nada que ver con el gobierno local. Esto trasciende a un montón de otras cosas. Es una cuestión de política pública que está dejando en condiciones de más vulnerabilidad a muchas personas", destacó.

La decisión de manifestarse en lugares públicos y neutros responde a la necesidad de mostrar que el reclamo es transversal y colectivo. "En todos lados se convoca en plazas, en espacios abiertos, sin ningún tipo de connotación partidaria. Porque acá no hay banderas políticas. Nos une un interés superior, que es el de garantizar y defender los derechos de las personas con discapacidad", remarcó Lazarte.

"Nadie está en contra de que se audite"

Uno de los principales ejes del reclamo es la exigencia de derogación de la Resolución 187/2025 de la ANDIS, que generó amplio rechazo en la sociedad por el lenguaje empleado y los criterios de evaluación que propone. "Esa resolución hizo mucho ruido en su momento porque usaba palabras como imbécil, idiota y disminuido mental, que son términos totalmente obsoletos y ofensivos. Y si bien después, ante la presión social, la ANDIS sacó un comunicado diciendo que iba a quitar esos párrafos, el trasfondo sigue siendo el mismo", señaló.

Asimismo, Lazarte explicó que más allá del lenguaje, el problema profundo son los criterios que se pretenden aplicar para evaluar y auditar las pensiones y subsidios. "Nadie está en contra de que se audite, quienes no tienen nada que esconder tampoco tienen nada que temer. El problema es cómo se hace, se deben utilizar los criterios que corresponden. La ANDIS propone usar test y baremos extranjeros, que responden a otras realidades y que miden la discapacidad sólo desde lo cuantitativo. Eso puede ser sencillo de medir -por ejemplo- en los casos de movilidad reducida, pero en la discapacidad intelectual o sensorial es mucho más compleja la evaluación", advirtió.

De igual forma, la integrante del Consejo señaló que Argentina adhirió en 2008 a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que plantea un modelo social de la discapacidad. "La discapacidad no está solo en la persona, sino también en las barreras sociales. Por eso se habla tanto de inclusión. El modelo no puede ser exclusivamente médico o clínico, porque no refleja la realidad ni garantiza derechos", apuntó.

"No son beneficios, son derechos"

A su vez, Lazarte destacó que el impacto de estas políticas ya se está viendo en distintos ámbitos. "Muchos chicos están perdiendo terapias. Las obras sociales, con la desregulación, hacen caso omiso de su obligación de brindar el 100% de cobertura en lo que figura en el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Y estos no son beneficios, son derechos", afirmó.

Los altos costos, sumados a la falta de cumplimiento por parte de las prepagas y obras sociales, están dejando a muchas familias sin acceso a tratamientos fundamentales. "Terapias como psicología, fonoaudiología, terapia ocupacional, fisiatría, rehabilitación... todo eso es carísimo. Y no vamos a criticar a los profesionales, que se han formado y se siguen formando, pero la realidad es que muchas familias ya no pueden pagar. Y si vos tenés un niño con determinado diagnóstico que empieza sus terapias a los 3 o 4 años, puede adaptarse, avanzar, y lograr ser un adulto autónomo. Pero si no recibe ese empujón inicial, ese acompañamiento, no tiene las mismas oportunidades", enfatizó.

Otra de las problemáticas que mencionó Lazarte es el desfinanciamiento de los talleres protegidos, espacios donde muchas personas con discapacidad aprenden oficios y desarrollan actividades laborales después de la etapa escolar. "Algunos siguen funcionando porque hay gente que los sostiene con mucho esfuerzo, otros reciben algo del Estado, pero cada vez es más complicado. Y lo que reciben, muchas veces, no alcanza", indicó.

Frente a este panorama, el proyecto de ley presentado por el diputado Daniel Arroyo -que se debatirá hoy en comisiones- busca declarar la emergencia en discapacidad. "Este proyecto cuenta con el acompañamiento de muchos legisladores, de varios bloques. Lo que plantea es restablecer los valores prestacionales actualizándolos por inflación; asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en educación, salud, rehabilitación, trabajo; y también mejorar la situación de los prestadores", explicó.

Finalmente, Lazarte invitó a sumarse a la convocatoria prevista para la mañana de hoy a "todas las personas con discapacidad, a quienes no la tienen pero sienten empatía y sensibilidad por este tema, a instituciones, gremios, a la comunidad en general".