. SIGUEN ESPERANDO PARA COBRAR SUS INDEMNIZACIONES: Trabajadores de la ex Curtiembre quieren iniciar acciones legales contra Inza y la Municipalidad

Acreedores laborales de la quiebra de la firma sostuvieron que la decisión del Intendente de insistir en la compra del predio, los perjudicó notablemente. Llevan perdido el 50% de las indemnizaciones que debían percibir. Es por eso que piensan iniciarle acciones legales “por el daño que nos están haciendo”. Jorge Adami, Raúl Laporte y Arturo Borda entendieron que se trata de un capricho del jefe comunal y remarcaron que “nos quiere mandar ‘al horno’ y no entendemos por qué”.

“Culpa del Intendente estamos perdiendo un 50 por ciento de nuestra indemnización”

Lo advirtieron los ex trabajadores de lo que fue la Curtiembre Piazza, Jorge Adami, Raúl Laporte y Arturo Borda. Son 150 las familias que aguardan que el intendente José Inza desista de la compra del predio que ocupaba esa firma para poder percibir sus indemnizaciones. Hace un año, un empresario azuleño se adjudicó la licitación pero el Ejecutivo decidió interponer distintas medidas judiciales para dejarla sin efecto. Esto hizo que todo quedase en suspenso y que los acreedores laborales deban seguir esperando. Ante este panorama y la falta de respuesta del jefe comunal a su pedido, dijeron que le iniciarán acciones legales.

Sigue pasando el tiempo y los ex trabajadores de la ex Curtiembre Piazza continúan esperando que el intendente José Inza desista de su propósito de comprar el predio donde funcionó esa empresa hasta su cierre en 1998. Es que la insistencia del jefe comunal en proseguir con las medidas judiciales para lograr adquirir esos terrenos -cuya licitación perdió en diciembre de 2012- no hace más que demorar todo para que los acreedores laborales de la quiebra (los ex empleados) puedan cobrar finalmente sus indemnizaciones.
Por esta razón, Jorge Adami, Raúl Laporte y Arturo Borda indicaron que en estos días están buscando un estudio jurídico que los represente para iniciarle acciones legales tanto a Inza como a la Municipalidad de Azul “por el daño que nos están haciendo”.
En muy duros términos se refirieron al Intendente, de quien entre otras tantas cosas dijeron que tiene “una postura testaruda”; que durante 8 meses estuvieron pidiéndole una reunión hasta que se las otorgó, pero no les dio ninguna respuesta y tampoco los volvió a recibir. También apuntaron que por esa decisión de querer comprar el predio, que ni siquiera saben para qué lo quiere, ellos perdieron el 50 por ciento de lo que debían percibir.

Licitación y apelación

Para entender la situación de los ex trabajadores, cabe señalar que en estos 15 años sólo pudieron cobrar el 23 por ciento de la indemnización que les corresponde. Ese pago se hizo con la venta de las máquinas que había en la planta de la ex Curtiembre y de algunos de los terrenos.
En diciembre de 2012 se llamó a licitación para la venta del predio. El 20 de diciembre de ese año se abrieron los sobres y resultó ganador de la compulsa un empresario azuleño.
“Ya nos veíamos con la plata en el bolsillo”, comentaron los trabajadores. Pero no. No pudo ser porque el municipio hizo una presentación judicial para que se convoque a una mejora de ofertas. Ese pedido fue rechazado por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 4. El Ejecutivo apeló esa resolución y es ahora la Suprema Corte bonaerense la que tendrá la última palabra.
Estas idas y vueltas judiciales impiden que los ex trabajadores cobren finalmente sus indemnizaciones y también, como consecuencia de la situación económica financiera, que se desvaloricen cada día que pasa.
Así, hay 150 familias que siguen esperando. El pedido más fuerte y contundente que realizan es al Intendente para que retire las acciones judiciales que encaró.

Sin respuestas

Según recordaron Adami, Laporte y Borda, el 14 de noviembre pasado Inza los atendió después de 8 meses de solicitar repetidamente una audiencia. En esa oportunidad, le plantearon directamente su preocupación e indignación por no poder cobrar sus indemnizaciones ante la insistencia de la Municipalidad en comprar el predio de la ex Curtiembre.
“Nos dijo que le diéramos en una semana que nos iba a recibir otra vez para darnos una respuesta, porque antes tenía que hablar con sus asesores”, señalaron, pero la realidad marca que “nunca más nos llamó”.
En su lugar, lo hicieron el secretario de Gobierno Mauro Grandicelli; el secretario de Obras Públicas Héctor Bolpe; y la secretaria de Relaciones Institucionales, Modernización y Comunicación, Ángela Fuotti.
“Es verdad, cada vez que fuimos nos atendió uno de ellos, pero nosotros pedíamos que nos reciba el Intendente porque es el que insiste en comprar el predio. Además, ninguno de ellos estaba al tanto de la situación de la Curtiembre y tuvimos que explicarle a cada uno lo que pasaba” señalaron, e insistieron en que esos funcionarios “nos recibieron porque el Intendente no lo hizo”.
Advirtieron que ninguno pudo darles una respuesta, por lo que siguen esperando que la justicia decida al respecto (ver “Quince años de espera”) o que el jefe comunal desista de la compra, que es en realidad lo que están pidiendo y lo que el Concejo Deliberante también solicitó a través de una Resolución de diciembre del año pasado.

“Donación de los ex empleados”

En este contexto, remarcaron que “con la inflación perdimos el 50 por ciento de lo que tenemos que cobrar. Si esto sigue para largo, no vamos a cobrar nada”, e irónicamente apuntaron que “es más, cuando se haga el negocio vamos a tener que poner una placa que diga que el terreno es donación de los ex empleados de la Curtiembre Piazza, porque ya no nos va a corresponder cobrar nada”, por la inflación y cómo se devalúan sus indemnizaciones.
Por esto, indicaron para que quede bien claro en la comunidad que “la responsabilidad es del Intendente que nos traba a la posibilidad de cobrar, y más sabiendo que no va a ganar, que va de perdedor porque ya apeló dos veces. Entonces, no
sotros queremos saber qué misterio hay detrás de todo esto”.
Justamente consultados qué creen que hay detrás, consignaron que “algo raro hay, porque nadie puede condenarnos a no cobrar nada, como lo está haciendo el Intendente”.
Señalaron seguidamente que “él dice que vela por el patrimonio de la ciudad de Azul (por el edificio de la ex Curtiembre que fue declarado por el Concejo Deliberante de “Interés Municipal”), ¿y nosotros quiénes somos?, ¿no formamos parte de la comunidad?. Culpa de la imposición del Intendente estamos perdiendo un 50 por ciento de nuestra indemnización.
Es un capricho, un negocio armado por alguien, y eso que es un gobierno nacional y popular...”.
Fue en este contexto que recordaron que, en mayo de 2012, “Inza tenía los 10 millones de pesos autorizados por el Concejo Deliberante para la compra de la Curtiembre, para arreglar el ex Cine San Martín y para hacer asfalto. No hizo ninguna de las tres cosas, ¿y dónde está la plata?. Además, los concejales para qué están, ¿no controlan?. Así se pasaron las tasas de Requelme, los sobresueldos, las horas extras”.

Una canallada

Ante la consulta de si en algún momento los funcionarios que los atendieron les dijeron para qué quiere el Ejecutivo ese predio, aseguraron que “nunca”. “No saben para qué lo quieren. Dicen que para Gendarmería, un obrador o un polideportivo, pero en realidad nunca supieron”, agregaron.
Por lo pronto, siguen sin ser recibidos. Lo último que les dijeron en el municipio fue que “esperásemos hasta febrero cuando se levanta la feria judicial, pero no tiene nada que ver. Inza dice que todo depende de la justicia, pero es mentira, porque si quisiera podría retirar la apelación y se termina todo acá. Por eso decimos que es un capricho, nos quiere mandar al horno y no entendemos por qué. Él es el único que tiene la decisión de hacer una cosa u otra”.
Yendo un poco más allá, remarcaron que “es una canallada” la situación generada por el propio Ejecutivo y marcaron por último que en estos días están buscando un estudio jurídico que los represente para iniciar acciones legales contra la Municipalidad de Azul y el Intendente José Inza “porque alguien tiene que pagar el daño que nos están haciendo”, marcaron.

EL DATO
Los ex trabajadores que dialogaron con este diario, informaron que el miércoles próximo se dirigirán una vez más al municipio con la intención de ser atendidos por el intendente José Inza. Para esto, convocan a los acreedores de la ex Curtiembre Piazza y a sus familiares a concurrir a las 12 de ese día al palacio comunal.

Raúl Laporte, Jorge Adami y Arturo Borda, son tres de los 150 acreedores laborales de la ex Curtiembre Piazza que siguen esperando poder cobrar sus indemnizaciones.

Los ex trabajadores de la ex Curtiembre Piazza hablaron en muy duros términos de la decisión del intendente José Inza de no retroceder en su intento de adquirir el predio donde funcionaba la empresa, lo que hace que no puedan cobrar las indemnizaciones.

En un tramo de la nota con este diario, Jorge Adami comentó que el día de Navidad la esposa de un acreedor de la Curtiembre, que fue su compañero de trabajo durante años, lo llamó para preguntarle cuándo iban a cobrar. Sucedía que necesitaba viajar a Buenos Aires para realizarle unos estudios a su marido, y no tenían el dinero suficiente para los pasajes ni para los estudios.
Esta situación le llegó mucho a Adami, quien, según comentó, “solamente pude decirle que mientras el Intendente se mantenga en su postura testaruda de seguir apelando, no vamos a cobrar”.
Inmediatamente, indicó que “como este caso, hay varios más”. Son de gente que tiene más de 60 años que no ha podido reinsertarse en el mercado laboral azuleño y que, por esto, atraviesa situaciones económicas más que delicadas.
“A esta altura creo que sólo un milagro va a hacer que el Intendente desista de la compra. Mientras tanto, nosotros seguimos quedando en el medio y sin cobrar”, remarcó.

En diciembre de 2012 se llamó a licitación para la venta del predio que ocupaba la ex Curtiembre Pizza en esta ciudad. Hubo dos ofertas: una del municipio y otra de un empresario local. Cuando se abrieron los sobres, la propuesta de la Municipalidad de Azul fue 3.525.000 pesos (la misma base con la que salió a la venta el inmueble), mientras que la que realizó el empresario Matías Niémela fue de 3.526.000 pesos (1.000 pesos más).
Justamente por esa poca diferencia y porque el Concejo Deliberante la había declarado de Interés Municipal, el Ejecutivo comenzó una batalla judicial.
Ante la escasa diferencia, la Municipalidad pidió que se convoque a una mejora de ofertas. Esa solicitud fue denegada por la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial N° 4, Sala II del Departamento Judicial Azul.
No conforme con esto, el Ejecutivo apeló esa resolución. Ante la insistencia en hacerse con ese predio, deberá resolver la situación la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Así, las 150 familias que llevan 15 años sin poder cobrar las indemnizaciones que les corresponde, tendrán que continuar esperando. Mientras tanto, el monto asignado a cada uno de ellos se sigue desvalorizando a una velocidad asombrosa. Es que los valores no cambian: sin hace 15 años debían percibir 60.000 pesos, hoy el monto es el mismo, aunque ya erosionado por el impacto de la inflación y la devaluación de los últimos tiempos.
En este sentido, Jorge Adami, Raúl Laporte y Arturo Borda explicaron que “nuestra indemnización está congelada desde el año 1998 y no se actualiza nunca más”.
Es más, según las cuentas que hicieron, quien se beneficia es el empresario que ganó la licitación. Al día de hoy y con el tipo de cambio actual, “hizo una diferencia de 2.100.000 pesos. El empresario no tiene nada que ver en todo esto porque él compró en buena ley, pero c
uanto más tiempo pasa, más gana, mientras nosotros seguimos perdiendo”.