. Solamente el 15 por ciento de municipios de la provincia prohíben locales de explotación sexual

Un total de 20 comunas -sobre 135- cuentan con algún tipo de normativa que prohíbe las habilitaciones de locales que facilitan la explotación sexual, mientras que 43 toleran la habilitación de esos establecimientos y en los 72 restantes no existe ningún tipo de regulación.  

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Según un relevamiento realizado por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense durante el período comprendido entre los años 2011 y 2013, un total de 20  municipios de la provincia -sobre 135- cuentan con algún tipo de normativa que prohíbe las habilitaciones de locales que facilitan la explotación sexual, mientras que 43 toleran la habilitación de esos establecimientos y en los 72 restantes no existe ningún tipo de regulación.

“Tenemos que generar una fuerte conciencia colectiva, que exija a los representantes y formadores de leyes un mayor compromiso en esta lucha permanente contra la explotación sexual”, expresó el Defensor del Pueblo bonaerense, Carlos Bonicatto, durante la presentación del informe sobre “Trata de personas y delitos conexos”.

El mencionado documento también reveló que fueron 16 las sentencias por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en la provincia en estos años. De esos procesos, en 11 hubo condena de los imputados, en dos se absolvieron a alguno de los imputados y en otras dos se absolvieron a todos los procesados.

A su vez, esas 16 sentencias dan cuenta de 132 personas encontradas en los allanamientos como potenciales víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual.

De esa cantidad, finalmente 70 fueron reconocidas como víctimas (el 53 por ciento), de las cuales el 85 por ciento fueron mujeres, el 8 por ciento personas trans, mientras que sobre el porcentaje restante no se pudo identificar el género.

Por otro lado, el 60 por ciento de las víctimas fueron de nacionalidad paraguaya; 14 por ciento dominicanas; 9 por ciento argentinas; 1 por ciento brasileñas; mientras que del restante 16 por ciento no hay información sobre su origen. Asimismo, la gran mayoría fueron mayores de edad (97 por ciento), mientras que un 3 por ciento fueron menores.

En cuanto a los imputados, el 49 por ciento fueron varones; el 43 por ciento mujeres y del porcentaje restante no hay datos. Del total, el 35 por ciento fueron argentinos; un 11 por ciento paraguayos; y el 2 por ciento dominicanos. Del porcentaje restante no fue posible reconocer su nacionalidad, se indicó.

Por último, del análisis de las sentencias se desprende que la mayoría de las víctimas pertenecen a sectores sociales excluidos, sin capacidad económica, sin instrucción escolar, y la mayoría fueron extranjeras ilegales o en situación irregular.

MADRES Y EMBARAZADAS, CON PULSERA

En otro orden, recientemente La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires privilegió el monitoreo electrónico para detenidas embarazadas y con hijos y el resto de “la población carcelaria más vulnerable del Sistema Penitenciario bonaerense”. El máximo tribunal solicitó a los magistrados que privilegien el monitoreo electrónico a “mujeres embarazadas y/o con hijos menores de 5 años, adultos mayores de 50 años y a personas con padecimientos de enfermedades graves y la situación de aquellos detenidos/as con prisión preventiva prolongada siempre atendiendo a los delitos en juego”. La disposición fue recibida con beneplácito por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), que recordó que la investigación “El ejercicio de la maternidad de mujeres encarceladas en unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires”, realizada por el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense y el equipo de Antropología Política y Jurídica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, había sugerido esas medidas.

La Corte bonaerense especificó que el Ministerio de Justicia provincial informó que “sobre un total de 1000 unidades de pulseras magnéticas existentes, se encuentran incorporadas al sistema de monitoreo electrónico 499 internos, existiendo en disponibilidad otros 501 equipos”.

La CPM recordó que en la Unidad Nª 33, de Los Hornos, está alojado el 26 por ciento de la población carcelaria femenina de la provincia de Buenos Aires, algo que “refleja la relación entre condenadas y procesadas que se reproduce en el resto de las unidades provinciales: del total de 286 mujeres, 196 están procesadas y 89 condenadas”. De ese total de madres internadas en la Unidad, “sólo 70 conviven con sus hijos/as menores de 4 años” y “debido a que las autoridades no llevan un registro de esta información se desconoce el número absoluto de niños y niñas afectados y el porcentaje de mujeres encarceladas con ellos”. El informe también había remarcado los efectos “que el uso extendido de la prisión preventiva produce en las madres, lo cual traspasa la propia individualidad de la mujer y se trasladan a sus redes vinculares y comunitarias”.

De acuerdo con datos de la OVG, en esa misma Unidad el 90 por ciento de las mujeres son madres y “tienen entre 3 y 5 hijos aproximadamente, proporción que se mantiene en otras cárceles que alojan mujeres”.