. Solicitaron que vaya a juicio un azuleño acusado de una defraudación en perjuicio de la Escuela Agraria

La fiscal que instruyó el expediente penal formuló, durante la semana que pasó, la requisitoria de elevación a juicio del sumario a una jueza de Garantías. Involucrado en este caso figura un azuleño de 38 años, a quien lo denunciaron por no devolver en tiempo y forma un núcleo porcino valuado en 65.000 pesos que desde la Provincia le había sido entregado el año pasado al establecimiento educativo que depende de la Municipalidad de Azul.

La fiscal Neli Rosas, en la imagen junto al auxiliar letrado Carlos Habitante. La funcionaria judicial a cargo de la UFI 1 local fue quien instruyó el sumario vinculado con esta presunta maniobra defraudatoria, expediente que, durante la semana que pasó, pidió que sea elevado a juicio.

Una fiscal que investiga una presunta maniobra defraudatoria donde como damnificada figura la Escuela Agraria de Educación Secundaria de esta ciudad resolvió cerrar la instrucción de la causa penal iniciada meses atrás y pedir la elevación a juicio del expediente, informaron a EL TIEMPO voceros judiciales.
El caso involucra a un azuleño de 38 años de edad identificado por fuentes allegadas a la causa penal como Alberto Marcial Abonjo.
El hombre es licenciado en Administración y en dicho sumario figura acusado del delito defraudación por retención indebida.
Meses atrás Abonjo había sido indagado por la fiscal Neli Rosas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción número 1 del Departamento Judicial Azul que llevó adelante la sustanciación de este expediente penal.
En aquella indagatoria llevada a cabo en Tribunales el hombre se negó a declarar, luego de que también había sido solicitado un pedido de detención para el acusado, medida cautelar a la que finalmente no diera lugar un juez de Garantías.
Ahora, con la instrucción de este sumario penal ya finalizada, durante la semana que pasó se solicitó desde la UFI 1 la elevación a juicio de la causa.
Esa requisitoria fue formulada ante el Juzgado de Garantías número 1 que está a cargo de la Dra. Mariana Irianni, funcionaria judicial que deberá resolver con respecto a dicho pedido.

El caso

En la Investigación Penal Preparatoria llevada a cabo, en principio ha quedado demostrado que el 30 de junio del año pasado el imputado recibió por parte de la Escuela Agraria de Azul, a través de la Asociación Civil DESEA y en carácter de depósito, un módulo genético que estaba integrado por diez cerdas hembras y un macho. También, le fueron dados en esa ocasión 8.000 kilos de maíz y una máquina moledora y picadora de carne, todo lo cual tenía un valor total de unos 65.000 pesos.
Los animales habían sido entregados a la escuela y a la Asociación Civil DESEA, en el marco de un contrato de préstamo suscripto entre la Fundación ArgenINTA y el establecimiento educativo.
Estaba previsto que fueran utilizados para la actividad productiva, a través del llamado Programa de Mejoramiento y Formalización de la Actividad Porcina del Plan Ganadero Provincial.
Teniendo en cuenta que en ese entonces la escuela no contaba con un espacio físico para alojar a los porcinos, el propio Abonjo se ofreció para que los cerdos se los entregaran a él, con el fin de tenerlos en una chacra que su padre posee en el paraje La Colorada del Partido de Azul.
De acuerdo con lo que consta en la causa penal, el ahora imputado de esta maniobra defraudatoria sabía acerca de las condiciones en que recibía a los animales, además de que se comprometió a devolverlos, teniendo en cuenta que ese núcleo porcino estaba destinado a actividades educativas.
Pero según la fiscal que investigó el caso, Abonjo -más allá de que estaba debidamente notificado con relación a la devolución de los animales y demás elementos que conformaban ese núcleo porcino- no los restituyó, causando de esa manera un "perjuicio" económico y educativo a la Asociación Civil que representa a la Escuela Agraria y, por ende, a ese establecimiento.
Durante lo que fuera toda esta situación, las autoridades de la Escuela Agraria les formularon reiterados pedidos al acusado para que restituyera el núcleo porcino.
En ese contexto, Abonjo fue notificado en varias oportunidades para que devolviera los animales, lo que en una ocasión implicó que le fuera enviada una carta documento.
Una vez que fuera formulada la denuncia en sede judicial, durante el pasado mes de agosto desde la propia Unidad Funcional de Instrucción número 1 el imputado fue notificado para que se pusiera de acuerdo con las autoridades de la escuela y restituyera los animales.
Le habían dado desde la Fiscalía un plazo de 48 horas para que así lo hiciera. Pero más allá de esa intimación, los animales no fueron restituidos en esa oportunidad, según afirmara días después la Directora de la Escuela Agraria, una ingeniera agrónoma llamada Juana Blanco.
En septiembre, se confeccionó una actuación notarial y los animales finalmente fueron devueltos, aunque en aquella oportunidad las condiciones de salubridad en las que se encontraban al parecer no eran las óptimas.
Entre las varias declaraciones incorporadas al expediente penal, figura el testimonio de un veterinario de la Escuela Agraria.
Según sus estimaciones, durante el tiempo en que el núcleo porcino estuvo en poder de Abonjo se habría producido, en tres ocasiones, la parición de un total de 204 animales.
Si esos animales fueron vendidos como lechones, se podría haber obtenido una ganancia neta de más de 20.000 pesos. Y si se los vendió como capones, la ganancia habría sido superior a los 61.000 pesos.
Las estimaciones hechas por el veterinario reflejan la existencia de un lucro cesante que perjudicó a la Escuela Agraria, durante todo ese tiempo en que se formularon diferentes reclamos al ahora acusado de esta maniobra defraudatoria para que restituyera el núcleo porcino.
De ahí que la fiscal Rosas, en el pedido de elevación a juicio de este expediente penal, considera que se ha producido un perjuicio económico para la Escuela Agraria al no contar con esos animales y, de esa manera, no poder cumplir con las obligaciones contraídas en el marco del convenio acordado con el Ministerio de Asuntos Agrarios bonaerense.
Además, a ese perjuicio económico presuntamente ocurrido ante la no devolución de los cerdos se sumó otro. En este caso, de carácter educativo, ya que los alumnos no pudieron contar durante varios meses con ese núcleo porcino para llevar a cabo diferentes estudios y evaluaciones.

El dato

De llegar a juicio esta causa, la responsabilidad de Alberto Marcial Abonjo (foto) en el caso se dirimiría a través de un proceso en un Juzgado Correccional. Y ante un eventual juicio abreviado, la fiscal Neli Rosas está dispuesta a aceptar que el acusado sea condenado a un año y medio de prisión en suspenso como autor penalmente responsable del delito que le atribuye.