. Stura, el militar imputado en los casos de las azuleñas Collinet y Monticelli

MEGACAUSA: HOY SE REINICIA EL JUICIO ORAL Y PÚBLICO

Cumple arresto domiciliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se publica en exclusiva la breve declaración ante un juez federal marplatense. La Justicia demostró que existió una amplia libertad de los cuadros inferiores de las Fuerzas Armadas para determinar la suerte del aprehendido, que luego podía ser liberado o bien eliminado físicamente.

Facísimil de la declaración judicial del militar Norberto Benito Stura, implicado en los delitos perpetrados contra las azuleñas Susana Collinet y Norma Monticelli. ARCHIVO/DIARIO EL TIEMPO

Por Marcial Luna

mluna@diarioeltiempo.com.ar

Hoy se reiniciarán las audiencias correspondientes a la Megacausa en el Tribunal Oral Federal 1 de Mar del Plata, proceso en el que se investigan, entre otros, los casos de las azuleñas Susana Collinet y Norma Monticelli.

Si bien se trata de una extensa nómina de militares imputados, uno en particular aparece con responsabilidad en los casos referidos a nuestra ciudad: Norberto Benito Stura. Una causa lo conecta con Collinet (secuestrada-desaparecida) y otra con Monticelli (sobreviviente al secuestro).

En el pedido a elevación a juicio se trazó la vinculación de Stura con los hechos. La causa Nº 4447 fue caratulada “Máspero, Aldo Carlos y otros s/privación ilegal libertad agravada (art.142 inc.1), imposición de tortura agravada (art.144 ter.inc.2) y homicidio agravado p/el conc. de dos o más personas victima: Curioni, Fernando y otros”.

Es necesario puntualizar, en torno a los imputados que, además de Máspero, se encuentran los militares Virtom Modesto Mendíaz; Jorge Eduardo Blanco; Jorge Luís Toccalino; Norberto Benito Stura; Eduardo Carlos Isasmendi Sola; Juan Carlos Tejeda; Jorge Héctor Lamacchia; Alberto Armando Sampietro; Raúl Julio Gómez Sabaini y Emilio Ricardo Degiampietro.

Y en cuanto a las víctimas, además de Curioni, se halla Susana Aurora Collinet, secuestrada y desaparecida en diciembre de 1977.

Norberto Benito Stura fue segundo Jefe del Área 15.1 entre el 27 de octubre de 1977 y el 11 de noviembre de 1978, y entre el 26 de febrero de 1979, hasta, en principio y por haber cumplido su ciclo al frente de la unidad, como surge de su legajo, el 15 de octubre de 1979. En esos casi dos años que estuvo comandando el Grupo de Artilllería de Defensa Área 601 fue calificado por los jefes de la unidad, Roberto Bocalandro y Eduardo Isasmendi Sola y por el jefe de la subzona, Aldo Carlos Máspero. En ese contexto, fueron secuestrados en su jurisdicción Susana Aurora Collinet (caso nº 188), Juan Telmo Ortiz Acosta (caso nº 189), Jorge Martín Aguilera Prycznicz (caso nº 190), Lucía Perrier de Furrer (caso nº 191), Néstor Furrer Hurstiz (caso nº 192), María Cristina García Suárez (caso nº 193), entre decenas de casos más.

La “organización”    

A Stura se lo vincula con una organización ilegal que funcionó en el período 1976-1983, responsable de múltiples homicidios, entre los que se incluye el de la azuleña Susana Aurora Collinet, y secuestros y aplicación de torturas (caso Norma Monticelli, luego liberada del centro clandestino de detención “La cueva”, en Mar del Plata).

Judicialmente se ha probado el contexto en que se desenvolvió esta organización y su funcionamiento como “estructura estatal ilegal”, todo ello orquestado por las Fuerzas Armadas durante el último gobierno de facto en nuestro país. El propósito era llevar adelante un plan clandestino, se afirma en la causa 4447.

“Se encuentra acreditada […] la existencia de un circuito represivo ilegal, que operó de manera coordinada y sistemática sobre todo el territorio nacional durante el período de facto comprendido entre los años 1976 a 1983.”

Constituían un sistema operativo diseñado por los Comandantes en Jefe de las tres fuerzas que dispuso, al margen del orden constitucional, una manera de luchar “contra la subversión terrorista” que básicamente consistió en:

1. a) Capturar a quienes pudieran resultar sospechosos de tener vínculos con ‘la subversión’, de acuerdo con los informes de inteligencia.


2. b) Conducirlos a lugares situados dentro de unidades militares o bajo su dependencia.


3. c) Una vez allí, interrogarlos bajo tormentos a fin de obtener los mayores datos posibles acerca de otras personas involucradas.


4. d) Someterlos a condiciones de vida inhumanas, con el objeto de; quebrar su resistencia moral.


5. e) Efectuar todo lo descripto en la clandestinidad más absoluta, para lo cual los secuestradores debían ocultar su identidad y realizar los operativos preferentemente de noche; las víctimas debían permanecer totalmente incomunicadas, con los ojos vendados y se debía negar a cualquier autoridad, familiar o allegado, la existencia del secuestrado.


6. f) Amplia libertad de los cuadros inferiores para determinar la suerte del aprehendido, que podía luego ser liberado, puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, sometido a proceso militar o civil, o bien eliminado físicamente.

Se remarca otro aspecto determinante: integraba el sistema la garantía de impunidad que se aseguraba a los ejecutores, por vía de la no intervención de los organismos legales de prevención del delito en la realización de los procedimientos, negando y ocultando la realidad de los hechos ante los pedidos de jueces, organizaciones, familiares y gobiernos extranjeros, efectuando remedos de investigaciones sobre lo que ocurría y utilizando el poder estatal para persuadir a la opinión pública local y extranjera de que las denuncias eran falsas y que respondían a una campaña orquestada de desprestigio al gobierno.

La declaración     

La segunda causa que vincula al militar Stura con víctimas azuleñas (hechos que se investigan en la Megacausa) es la N° 33005664, caratulada “Máspero y otros s/ privación ilegítima de la libertad agravada (art. 142 inc. 1), imposición de tortura agravada (art. 144 ter. inc. 2) y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas” (y sus conexas).

El 19 de noviembre de 2013, Stura declaró en Mar del Plata ante el juez federal Alejandro Augusto Castellanos, aunque sólo aportó datos personales e informó que no recaía sobre él proceso alguno (se debe recordar que el año pasado, a través de videoconferencia desde su domicilio, el militar se negó directamente a hablar. En este caso adujo problemas de sordera).

Ante el juez, en 2013, “dijo ser y llamarse: Norberto Benito Stura, DNI N° 4.180.319 que memoriza en este acto, de 77 años de edad, estado civil casado, profesión militar retirado, nacionalidad argentina, hijo de Benito y Ángela Victoria Josefina Calamia, nacido en Capital Federal el día 19 de marzo de 1936, con domicilio en la calle Blanco Encalada Nro. 1441 piso 2 dpto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lugares anteriores de residencia: vivió en San Luís, Junín de los Andes, Mar del Plata, Bs. As., que si sabe leer y escribir”.

Además dijo que “vive con su señora, su hijo mayor y una nieta”. Luego, preguntado si anteriormente fue procesado y, en su caso, “por qué causa, por qué Tribunal, que sentencia recayó y si ella fue cumplida”, contestó “que no” (este aspecto marca el impacto que tuvieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final durante la presidencia de Alfonsín, puesto que los juicios se centraron sólo en las máximas jerarquías militares y policiales, salvaguardando a los cuadros inferiores, como es el caso de Stura).

De la causa mencionada en este apartado se desprende que, una vez cumplido el formalismo inicial, se le informó a Stura sobre los delitos que se le atribuyen y que fueron divididos en subgrupos. Por un lado, el delito de privación ilegítima de la libertad agravado por su calidad de funcionario público y por mediar violencia e imposición de tormentos contra los abogados laboralistas marplatenses (entre ellos el doctor Norberto O. Centeno, quien fuera privado de su libertad en el centro clandestino de detención “La Cueva” entre el 6 y el 11 de julio de 1977, fecha esta última de su presunto homicidio).

Otro subgrupo lo constituye el delito de privación ilegítima de la libertad agravado por su calidad de funcionario público y por mediar violencia e imposición de tormentos, agravada por haber sido cometido en perjuicio de perseguidos políticos, respecto de las personas que fueran privadas de su libertad en La Cueva”. En este caso se lo vincula a Stura con el secuestro y torturas perpetrados contra Norma Monticelli (caso 67) desde el 16/02/77 al 25/02/77.

El juez federal lo invitó seguidamente al militar a efectuar “cuanto tenga por conveniente en descargo o aclaración de los hechos, a indicar las pruebas que estime oportunas y a dictar su declaración, manifiesta que, por consejo de su abogado, no va a declarar”.