PAIS. Toma de Economía: imputan a dirigentes de ATE por intentar "coaccionar" a Lacunza

(DIB).- El fiscal platense Marcelo Romero imputó hoy al titular de ATE bonaerense, Oscar de Isasi, y al secretario general del gremio en Ensenada, Francisco Banegas, por la toma del ministerio de Economía provincial concretada en el marco del conflicto del Astillero Río Santiago.

La protesta en cuestión tuvo lugar el pasado 18 de septiembre, cuando los operarios del Astillero tomaron la dependencia bonaerense y estuvieron a punto de pasar la noche en la misma. La manifestación se levantó luego de una serie de negociaciones en las que intervino la Pastoral Social del Arzobispado de La Plata.

En el expediente, al que tuvo acceso DIB, se considera que De Isasi y Romero abusaron "de los atributos que la representación conferida por las bases le otorgaron" e intentaron "coaccionar" al ministro de Economía, Hernán Lacunza, para la concreción de una reunión "que había sido previamente concertada y programada".

Romero entiende que los dirigentes de ATE incitaron a sus representados, aprovechándose de una "acuciante situación" y de la "angustia" por la misma, para que "ocupen violentamente las instalaciones de la cartera" donde provocaron "daños de distinto tipo contra el patrimonio público" e impidiendo a funcionarios y personal jerárquicos la posibilidad de "ejercer los actos propios de sus cargos".

Entre las pruebas, el fiscal advierte que existen las actas de procedimiento, el material fotográfico y varias declaraciones, entre las que se destaca la de Lacunza.

La acusación es la de "coacción agravada por la calidad de miembro de los poderes públicos del sujeto pasivo en grado de tentativa, incitación a la violencia y atentado contra la autoridad en concurso real".

Romero, considera que existen "bastantes" motivos para señalar a De Isasi y Banegas como los responsables de los ilícitos, y afirma que "si bien ante cada necesidad hay un derecho –el mismo- en un sistema respetuoso de las reglas republicanas y democráticas, tiene que ser ejercido regularmente". En este sentido, asegura que "no se trata de desconocer el derecho de reunión, petición y protesta". (DIB) MT