. TRASLADO DE PERIODISTAS: Reuniones en el Concejo por el conflicto en prensa municipal

FOTOS NACHO CORREA
La comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante convocó el jueves a las periodistas Patricia Toscani y María Angélica Gómez, y al día siguiente al subsecretario de Comunicación, Daniel Puga, para interiorizarse de lo ocurrido en esa dependencia luego de que se hiciera público el conflicto que se generó por un traslado, al que después se sumó otro. Los concejales Andrea Marina y Martín Laborda hablaron con este diario sobre ambos encuentros. Mañana el legislativo local tratará el tema en una nueva sesión y luego se expedirá al respecto.

"Cuando decidimos reunirnos con las periodistas, no teníamos magnitud de lo que habían vivido"

Así lo describieron los concejales Andrea Marina y Martín Laborda, al hablar con este diario sobre la reunión que mantuvieron con Patricia Toscani y María Angélica Gómez, luego de que ambas solicitaran su traslado de prensa municipal. También hicieron referencia a la reunión que el viernes tuvieron con el subsecretario de Comunicación, Daniel Puga, a quien convocaron junto a Agustín Casares para tratar este tema que tanto conflicto generó. Casares no se presentó y Puga fue acompañado por el secretario de Gobierno Mauro Grandicelli. Mañana el Concejo abordará la situación y el martes se expedirá sobre el particular.

El Concejo Deliberante tomó intervención en el conflicto que se generó en el área de prensa municipal a raíz del pedido de traslado que realizaron dos periodistas. Fue la Comisión de Derechos Humanos del cuerpo la que abordó el tema y el jueves pasado convocó a las profesionales María Angélica Gómez y Patricia Toscani a una reunión para conocer sus testimonios. Al día siguiente, requirió la presencia del subsecretario de Comunicación, Daniel Puga, y del director de Comunicación, Agustín Casares -aunque sólo se presentó Puga, acompañado por el secretario de Gobierno Mauro Grandicelli-.
Luego de las reuniones, los concejales Andrea Marina (UCR) y Martín Laborda (FpV) -ambos integrantes de la mencionada comisión- dialogaron con este diario.
Hicieron un relato de lo que fueron los dos encuentros y las posiciones de cada una de las partes.
El tema será tratado mañana en la sesión del Concejo y posteriormente la comisión de Derechos Humanos se expedirá sobre el particular.

Antecedentes

El jueves 16 de mayo, Gómez recibió verbalmente la comunicación de que sería trasladada al área de Desarrollo Económico para que desarrollara allí sus tareas. Inmediatamente, se unió esa decisión al hecho de que la periodista había expresado su apoyo en una red social a otro trabajador municipal que criticó la gestión por una situación particular que vivió en lo referente a su trabajo.
Pese a que se le comunicara su pase -confirmado en el noticiero local por Daniel Puga- pasó casi una semana y Gómez no recibió la notificación oficial por escrito, por lo que se mantenía en su puesto en la Subsecretaría. Como es lógico en situaciones así, el desgaste hizo que la propia profesional solicitara el en la mañana del miércoles su traslado y su desvinculación de la mencionada área mediante una carta en la que expuso su razones (Ver "Dos cartas, dos traslados). El viernes, merced al fuerte reclamo que hizo, se concretó su pase transitorio.
A esto se sumó otro pedido de traslado, el que la periodista Patricia Toscani solicitara el martes, alegando la necesidad de preservar su salud física y mental que consideró en riesgo ante diferentes situaciones que vivió y que la llevó a consultar a un reconocido psiquiatra que le dio licencia médica por 30 días, ya que está atravesando un cuadro de estrés, que derivó en una depresión.

Intervención de Derechos Humanos

Al inicio de la nota con este diario, los concejales Marina y Laborda explicaron que el cuerpo intervino en el tema a partir de una nota que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul envió al presidente del cuerpo, Alejandro Lozano, solicitando que la comisión de Derechos Humanos tratara la situación planteada en el área de prensa (Ver recuadro "Analizamos un plan de lucha...").
Si bien esa nota tomará estado legislativo en la sesión del lunes, la presidenta de esa comisión, Cristina Croharé, convocó a todos los integrantes de la misma para empezar a trabajar en el tema que ya era de dominio público.
Por esto decidieron llamar a reunión a las dos partes, tanto a las periodistas como a los funcionarios del área, "para que cada uno expresara lo que había pasado", indicaron.
De esta manera el jueves al mediodía se reunieron con Gómez y Toscani, y el viernes lo hicieron con Puga y Grandicelli.

"Ámbito de violencia verbal"

Del primer encuentro, comentaron que además de las dos periodistas se sumó el fotógrafo Héctor García, quien a los cuatro meses de asumir los nuevos funcionarios solicitó el traslado de área por fuertes diferencias con Agustín Casares.
"García fue el primero que decidió irse de prensa", comentaron los concejales.
A su vez indicaron que si bien era una reunión de la comisión, se hizo ampliada y se sumaron otros concejales "porque realmente todos estaban interesados en saber qué había pasado".
Consultados cuál fue el planteo de las periodistas, apuntaron que "hicieron una descripción de la situación que habían venido viviendo en este año y medio".
Advirtieron que "cuando decidimos reunirnos con ellas, no teníamos magnitud de lo que habían vivido. Cuando las empezamos a escuchar y repreguntamos algunas cuestiones de lo que había pasado, nos impactó el ámbito de violencia verbal en el que estaban desarrollando sus actividades".
Señalaron que las periodistas hablaron concretamente de dos funcionarios: Agustín Casares y Daniel Puga. En lo que hace a Lucio Rancez -el otro funcionario del área- dijeron que no tuvo participación en los hechos que describieron.
Sobre Casares, manifestaron que si bien no tenía injerencia en la labor de las periodistas -porque es director de Comunicación, no de Prensa- "igualmente les daba órdenes y tenía malos tratos. Lo mencionaron más a Casares como el hacedor y a Puga como el permitidor".
De hechos puntales ocurridos, los concejales no dieron detalles ya que pertenecen al ámbito interno del legislativo.
De lo que sí hablaron Marina y Laborda fue de "persecución y malos tratos" y de que "la oficina donde se encontraban trabajando no es un ambiente apto como para poder desarrollar una labor periodística con tranquilidad".

"No hay derecho"

En ese contexto, marcaron que las situaciones vividas "llevan con el paso del tiempo a un desgaste psíquico, que en el caso de Patricia Toscani derivó en que haya tenido que hacer una consulta con un psiquiatra y que tenga una licencia médica".
Los ediles hablaron de Mobbing, que es acoso psicológico en el trabajo y que se manifiesta en un hostigamiento continuo que provoca estados de ansiedad, estrés, depresión, alteración del sueño e irritación generalizada, entre otros síntomas.
Fue por esto que remarcaron que "no hay derecho que profesionales que estuvieron 10 años trabajando y desarrollando bien su actividad en un lugar, de pronto se vean en una situación en la que una tiene problemas de salud y la otra debe pedir dejar su lugar y no pertenecer más a la Subsecretaría por alguien que tiene un cargo político transitorio. Es tristísimo", señalaron en cuanto a Gómez.

"Había un trato familiar"

El viernes, la comisión convocó a Puga y a Casares. Este último no fue. Sí lo hizo Puga, acompañado por el secretario de Gobierno Mauro Grandicelli.
Comentaron que al comenzar la reunión, "lo primero que preguntó Grandicelli fue por qué nosotros nos estábamos ocupando del caso y en carácter de qué citamos al subsecretario. Le explicamos que el caso llegó al Concejo Deliberante y que lo teníamos que tratar".
Advirtieron que las reuniones sólo se hicieron para conocer la opinión de las partes, y que esa es una de las facultades del Concejo.
Sobre lo que manifestó Puga, marcaron que "dijo que recién se enteró de la situación cuando se hizo pública la carta de Angie. Que nunca vio malos modos ni malos tratos, que se convivía bien y que había un trato familiar".
En este punto, indicaron que "ante esa afirmación, le preguntamos si le había consultado a Angie antes del cambio, ya que tenía ese trato familiar. Dijo que no, porque como era su decisión, se la mandó directamente a comunicar".
Concretamente Marina señaló que "Puga no se enteró lo que pasaba en su oficina. Cuando le pregunté si no le llamó la atención por qué tres de los empleados -uno con 20 años de antigüedad y las otras dos con 10 en el área de prensa- se querían ir, se ofuscó un poquito. Me dijo que no se habían producido en el mismo momento".
En definitiva, los concejales resumieron que los funcionarios "argumentaron que no hubo conflicto con ninguna de las dos; más allá de que una tiene licencia psiquiátrica y que la otra pidió por medio de una nota bastante fuerte un cambio de área".
Consultados cómo sigue ahora el tema, explicaron que mañana se tratará en el Concejo y que desde la comisión de Derechos Humanos se elaborará un informe.
Por último, dijeron que "cabe la posibilidad de una interpelación y también que al enterarse, los funcionarios inicien una investigación presumarial, que sería lo más correcto para determinar qué pasó".

EL DATO
Algunos se han preguntado el por qué la trascendencia del caso. En el año y medio de gestión, si bien ha habido reiteradas denuncias de los tres gremios municipales por persecución, traslados compulsivos y malos tratos de funcionarios a trabajadores, Patricia Toscani y María Angélica Gómez fueron las primeras empleadas municipales que en primera persona narraron diferentes situaciones vividas en la Subsecretaría de Comunicación. Lo hicieron a través de las notas que cada una envió al funcionario a cargo de Recursos Humanos, David Torres. Fue por esto también que el Concejo Deliberante tomó intervención y llamó tanto a las periodistas como a los funcionarios responsables del área para tener un conocimiento más pormenorizado del tema.

GENTILEZA HÉCTOR MARCIAL GARCÍA
El jueves, los concejales se reunieron con las periodistas María Angélica Gómez y Patricia Toscani, para interiorizarse lo ocurrido a partir de que pidieran sus traslados del área de prensa municipal.

GENTILEZA HÉCTOR MARCIAL GARCÍA
El subsecretario de Comunicación, Daniel Puga, y el secretario de Gobierno, Mauro Grandicelli, concurrieron el viernes a una reunión con los concejales. Fueron convocados para conocer su posición.

El último martes, Patricia Toscani dirigió una nota al director de Recursos Humanos, David Torres, solicitando su traslado a otra dependencia.
"Motiva mi solicitud -señaló en la misma- la imperiosa necesidad de proteger el trabajo profesional que durante años he desarrollado con responsabilidad al servicio de la Municipalidad de Azul y, además, preservar mi salud física y mental que considero puesta en riesgo ante diferentes circunstancias que actualmente me veo obligada a tolerar".
En este sentido, agregó que "mi salud psicológica está siendo afectada profundamente por lo que debo soportar en el área, debiendo incluso consultar con un psiquiatra, lo que torna esta situación insostenible. En tal sentido, cabe remarcar que he sido muy afectada emocionalmente por el conflicto suscitado con la agente María Angélica Gómez y su posible reemplazo por Ayelén Martínez, con quienes mantengo vínculos".
Por último, la profesional advirtió que "entiendo que mi situación es por demás delicada desde el punto de vista profesional, tratándose de un año electoral y siendo justamente mi área una de las más importantes durante lo que será la campaña y también una de las más expuestas".
María Angélica Gómez, por su parte, presentó el miércoles al mediodía una carta también al funcionario de Recursos Humanos. Entre otras cuestiones, marcó que "la indicación en forma oral del Director de Prensa el jueves 16 de mayo de que el lunes 20 comenzaba a trabajar en Desarrollo Económico; la ausencia de avisos anteriores; la incertidumbre frente a mi futuro laboral; la falta de notificación formal y las excusas dadas respecto a todas estas cuestiones son el corolario de una situación compleja respecto al trato con los empleados -al menos con los que históricamente integrábamos el área- que vivimos desde la asunción de los nuevos funcionarios responsables de la Subsecretaría".
En otro párrafo, indicó que "si bien se me solicita verbalmente el traslado y verbalmente también se me comunica que seguiré perteneciendo a la Subsecretaría de Comunicación -dependiendo del señor Daniel Puga, quien podrá solicitar mi trabajo en el caso de ser requerido- la situación descripta hace imposible cualquier relación con esta dependencia. Por los antecedentes, por la persecución que siento se ha hecho de mi persona desde un comienzo y por el miedo que se genera a partir del ejercicio de los derechos fundamentales del hombre como lo es el de la libertad de expresión".
En la nota, también hizo referencia a algunas actitudes de los funcionarios de la Subsecretaría. En este sentido, marcó "observaciones permanentes acerca de mi desempeño como responsable del Departamento de Comunicación Social en la anterior gestión; internas expuestas entre los propios funcionarios del área; rumores y malos comentarios acerca de amigos y compañeros de trabajo; frases ofensivas y otros grandes y pequeños ejemplos de acciones hostiles que en forma aislada serían irrelevantes, pero que en su repetición constante constituyen un clima laboral que inflige graves perjuicios psíquicos y físicos sobre mi persona".
A todo esto, solicitó "el pase a otra dependencia en la que pueda ejercer el trabajo para el cual estoy calificada y que he desempeñado con responsabilidad durante toda mi carrera laboral".
Por último, sostuvo que "si el trabajo obligatoriamente debe contribuir a la calidad de vida y a la dignificación del trabajador, siento que este derecho está siendo vulnerado y le requiero a la brevedad una respuesta favorable a mi pedido. El cual por un lado contribuirá a mi bienestar laboral y personal y por otro, facilitará al Departamento Ejecutivo las acciones en un área que resulta fundamental para la difusión de sus actos de gobierno y la generación de canales de acercamiento con la comunidad. Además, le permitirá desarrollarlas con aquellas personas de su confianza que considere más adecuadas para ello".

Por otra parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales del Partido de Azul (SOEMPA) que está interviniendo en el tema, pidió la intervención de la comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante para que analice y se expida en lo que hace al caso de Gómez, entendiéndolo como una persecución, violencia laboral y violencia de género.
Esta nota está firmada por el secretario Adjunto del gremio, Miguel Ángel Burgos, y dirigida al presidente del Concejo, Alejandro Lozano. En la misma expone que la intención es poner en conocimiento del cuerpo la situación y pedir la intervención de la comisión de Derechos Humanos.
En este sentido, habla del "maltrato sufrido recientemente por la agente municipal María Angélica Gómez por parte del subsecretario de Prensa, Daniel Puga".
Añade que "este hecho se suma a otros de similares características que se han generado por parte de la actual gestión municipal desde el primer día y, como pueden apreciar, continúan a la fecha".
A reglón seguido, explica que "los funcionarios de esta pobre administración intentan tapar sus falencias y sus incapacidades con malos tratos, menosprecio y aprietes a los trabajadores, instaurando un régimen autoritario y de miedo para callar los justos reclamos laborales".
A su vez advierte que su gremio "no está dispuesto a soportar la situación aquí planteada, por lo que estamos analizando realizar un plan de lucha para que el ausente intendente que tenemos se entere de lo que sucede y, si lo sabe, para que deje de avalar estas prácticas que distan mucho de una democracia y mucho más para los que se dicen peronistas".
Por último, solicita la intervención del cuerpo y de la comisión de Derechos Humanos "ya que estas actitudes no merecen más que duros repudios con el fin de reestablecer el respeto por las normas vigentes y los derechos y valores individuales".
Luego, el gremio también adheriría al reclamo de Patricia Toscani, quien solicitó ser trasladada y desde el jueves está con licencia médica por un cuadro agudo de estrés.