. Tratando de hacer reflexionar al Intendente Hernan Bertellys

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Escribe: Eduardo Víctor Lapenta - Partido Socialista de Azul

El Bloque socialista en el Concejo Deliberante ha presentado un Proyecto de Resolución, pidiendo al Intendente Bertellys que revea los Proyectos de Ordenanza elevados.

El Intendente está desaprovechando la oportunidad de afrontar la crisis con un programa de austeridad que brinde equilibrio a todos los afectados, y equidad hacia quienes la están pasando peor. Un esfuerzo compartido.

Aun cuando los distintos bloques opositores puedan imponerle modificaciones sustanciales, eso no alcanza, porque Bertellys tiene que comprender que debe liderar una transformación participativa del municipio, en lugar de repetir la fórmula de concentración del poder que caracterizó a Inza. Y eso no se logra escondiéndose a un pedido de reunión o negando el debate sobre estos proyectos.

Dice Bertellys que algunos Concejales se hacen los distraídos, que no comprenden la gravedad de la situación. No está bien siquiera que lo piense. Fue secretario de Inza hasta 2013, y luego concejal. Debería comprender todo lo que pasó, y no sólo las consecuencias económicas. Nadie quiere repetir el error de aceptar la suma del poder público y la falta de control que motivó la crisis, y los proyectos que elevó son inconsultos y desafortunados.

En los proyectos de Ordenanza elevados, el Intendente Bertellys decidió beneficiar a sus funcionarios políticos con un incremento sustancial de la remuneración (aumentos nominales, adicional por antigüedad del 3% por año, y bonificación del 40% por “función”). Lejos de reducir la planta política, la amplía con la creación de nuevos cargos con denominaciones inexistentes e innecesarias, en un afán de designar a dedo lo que se debe cubrir por concurso como personal de planta. Sólo deben ser funcionarios políticos los Secretarios, Subsecretarios y Directores, que tienen potestades para dictar Resoluciones, y luego los funcionarios de planta (los Subdirectores, Jefes de Departamento y Jefes de Despacho) ¿para qué crear Responsables de Unidad, Directores de Área, Coordinadores, etc. como funcionarios políticos? No se sabe cuál será el número total, ni el costo anual del funcionariado político. El Concejo debería limitar la autorización del gasto en planta política.

Todos los demás afectados, resultan perjudicados. La cesantía de 95 empleados -sin explorar otras alternativas, como la reducción de “adicionales” otorgados a dedo por Inza-, y “cero” aumento previsto para los restantes empleados municipales que, aunque lo logren en el futuro, sea muy inferior al aumento de los funcionarios políticos. Y ni siquiera se menciona la exigencia constitucional de asegurarles el mínimo vital y móvil.

También resultan perjudicados los proveedores porque el Ejecutivo, invocando la emergencia, ha decidido pagarle las deudas reconocidas en la forma y plazos que quiera, eso sí, ¡antes de diciembre de 2019! Casi un “paga Dios”. Si se quejan, los sancionan excluyéndolos del registro de proveedores. Finalmente, la comunidad toda tendrá que pagar un aumento importante en las tasas municipales (40%).

El proyecto de Presupuesto no sólo pretende acumular poder en el Ejecutivo, sino que muestra extremada concentración en un solo funcionario: el Secretario de Gobierno Alejandro Vieyra tendrá a su cargo el 50% del presupuesto real (deducido el pago de créditos y transferencias), que asciende al 75% si deducimos el funcionamiento de los hospitales. Secretario que tiene a su cargo obras y servicios públicos, un área que debiera contar con autonomía e idoneidad.

Y se replican los vicios de la gestión anterior, por ejemplo, la Dirección de Prensa y Comunicación tendrá un presupuesto de 3 millones, mientras la Delegación de Cachari apenas recibe 1 millón trescientos para gastos de funcionamiento (bienes de consumo y servicios no personales). Otro tanto ocurre con Chillar con algo más, y ambas delegaciones dependen de una “Coordinación” que no tiene presupuesto para gastos. ¿Cuáles son las prioridades?

Ojalá comprenda Hernán Bertellys que la imposición y el forzamiento desde el Ejecutivo hacia el Concejo Deliberante, no le sirve a nadie. Que una realidad compleja necesita de acuerdos y diálogo político.