. Tribunal que ordenó su detención sostiene que Ortigosa podría "eludir la acción de la justicia"

 

Al comerciante azuleño lo detuvieron anteayer en el mismo local donde, según quedara probado en un juicio que se hizo hace cinco años, abusó sexualmente de una mujer que padece una discapacidad mental. Debe cumplir con una pena de tres años y ocho meses de prisión. La medida cautelar será apelada por sus abogados.

 “Un aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso” fue lo que el martes pasado derivó en la detención de un comerciante en esta ciudad, quien debe cumplir una pena de tres años y ocho meses de prisión como autor de un caso de abuso sexual.

La medida cautelar fue dispuesta desde el mismo Tribunal que en marzo de 2010 había condenado al encausado a una pena de cinco años y seis meses de prisión por el hecho.

Pero esa sanción, en diciembre de ese mismo año, luego de que la calificación penal fuera modificada y quedara como un abuso sexual simple, fue reducida -apelación mediante de los abogados defensores del imputado- por Casación a esos ya referidos tres años y ocho meses de encierro que el hombre ha comenzado a cumplir desde que anteayer se produjera su detención.

El encausado se llama Julio Oscar Ortigosa. De 46 años de edad, es el dueño de un comercio de herrajes situado en la calle Bolívar entre 25 de Mayo y Moreno, el mismo lugar donde en diciembre del año 2008 se produjo el caso de abuso sexual por el que ahora está preso.

En ese hecho, como víctima figuró una mujer que padece una disfunción mental por la cual su capacidad madurativa es similar a la de una niña.

El pasado martes, en horas del mediodía, contando con lo dispuesto desde el Tribunal Oral en lo Criminal número 1, se hizo efectiva la detención de Ortigosa en ese mismo comercio, en medio de un procedimiento policial que contó con la participación de varios efectivos de seguridad, quienes -además- tenían orden de allanar tanto el local como otro domicilio en el que vivía el encausado.

De esa manera, siete años después a que el hecho se produjera y cinco años más tarde a que fuera condenado en primera instancia en ese juicio que se hiciera en el Tribunal 1, Ortigosa está preso para cumplir con una condena que, sobre la base de varias apelaciones, pasó por varias instancias judiciales que todavía -a decir de sus abogados defensores- no implican que el fallo que parcialmente ratificara en segunda instancia Casación esté firme.

Si bien ya ha sido solicitado un cupo a una unidad penal, hasta anoche el comerciante azuleño continuaba privado de la libertad en la sede de la Seccional Primera local de Policía bonaerense, dependencia de seguridad situada en Belgrano y Las Flores.

Una audiencia

El pasado lunes, en el Tribunal 1 se llevó a cabo la audiencia que un día después se tradujo en la detención del comerciante.

En presencia de los jueces Joaquín Duba -el actual presidente del TOC 1- y de Gustavo Borghi, las partes fundamentaron sus respectivos argumentos.

Desde la fiscalía, el Dr. Luis Palomares, mismo funcionario judicial que en su momento interviniera en el juicio, ratificó en todos sus términos el pedido para que Ortigosa fuera a la cárcel.

En contraposición, los abogados del comerciante, los Drs. Fernando Santomauro y Walter Gamón, ofrecieron sus argumentos para que los jueces no dieran lugar a la medida cautelar.

La audiencia contó también con la participación del comerciante, quien hizo uso de la palabra. Cinco años después a que resultara condenado, volvió a negar responsabilidad penal alguna en el hecho por el que ahora está preso.

El fiscal Palomares habló de que actualmente existía por parte de Ortigosa “un peligro cierto de frustración del proceso”. Y no dejó de mencionar el “doble conforme” que tiene el caso. Es decir, que ya Casación había confirmado parcialmente aquel fallo de primera instancia del Tribunal 1, el mismo que luego la Suprema Corte de Justicia avaló, en medio de una serie de apelaciones que actualmente hacen que los abogados del comerciante estén a la espera de la respuesta a un recurso de queja que presentaran tiempo atrás ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Y un detalle que no fue menor en lo mencionado por el Dr. Palomares tuvo que ver con lo que sostuvo al referirse a que si Ortigosa continuaba en libertad eso significaba una “desigualdad ante la ley”, ya que otros imputados por el mismo delito están presos sin todavía haber sido juzgados o contar con un “doble conforme”.

La Defensa, en tanto, sostuvo que no había peligro procesal en el caso, teniendo en cuenta que Ortigosa ha estado hasta el momento en Azul, trabajando en el mismo lugar donde ocurriera ese caso de abuso sexual por el que está preso.

Además, sus abogados argumentaron que siempre compareció una vez por mes en el Patronato de Liberados, cumpliendo con una de las pautas de conducta impuestas por el propio Tribunal que el pasado martes ordenó su detención.

En ese contexto, pidieron que -si así los jueces lo creían conveniente- le impusieran también la obligación de comparecer en el TOC 1 cada vez que fuera requerido, algo que finalmente no prosperó teniendo en cuenta que ahora Ortigosa está preso.

Una presunción ahora acentuada

El hecho de que hasta el momento de su detención -ocurrida hace dos días-  Ortigosa nunca había estado preso por el caso se convirtió en el punto de partida para que los jueces del Tribunal 1 evaluaran si ahora, después de tantos recursos denegados, que continuara en libertad representaba la posibilidad de eludir el cumplimiento de esa pena de tres años y ocho meses de cárcel.

Y actualmente, según indicaron los magistrados del TOC 1, “la magnitud de la pena impuesta torna no sólo probable, sino incluso comprensible, que Julio Oscar Ortigosa intente eludir la acción de la justicia, ya que la posibilidad cierta de un encierro prolongado, dado que aún no ha cumplido nada de aquélla, hace que la presunción mencionada ahora se acentúe, pues subsiste el condicionamiento psicológico que genera esta posibilidad, que determina al ser humano, por su propia naturaleza, a tratar de evitarlo por todos los medios, ello sin analizar la gravedad del hecho por el que se lo condenara”. Además, los jueces concluyeron que el peligro de fuga de Ortigosa no desaparecería si, incluso, le aplicaran “controles tutelares” como los solicitados por sus abogados defensores o los que ya estaban en vigencia.

Un fallo reciente de la Cámara Penal en un caso similar sirvió como otro argumento más para que los jueces del TOC 1 se pronunciaran a favor de la detención de Ortigosa para que, cinco años después a que fuera condenado, finalmente vaya a la cárcel por ese caso de abuso sexual que cometió.

El dato

Uno de los abogados del comerciante, el Dr. Walter Gamón, señaló ayer a EL TIEMPO que está previsto apelar ante la Cámara Penal la medida cautelar, teniendo en cuenta que todavía -según sostuvo- el fallo para Ortigosa no está firme.

El JUICIO POR EL ABUSO



En el juicio que en el Tribunal 1 finalizara el 16 de marzo de 2010 con la condena para Julio Oscar Ortigosa como autor de este caso de abuso sexual, en primera instancia considerado “agravado”, habían intervenido los jueces Joaquín Duba, Gustavo Borghi y Alejandra Raverta.

Para los magistrados, la existencia del hecho -en horas de la tarde del 24 de diciembre de 2008- quedó demostrada cuando el comerciante, en un cuarto contiguo a su local de herrajes (foto), abusó sexualmente de la víctima.

En ese lugar, el hombre le exhibió a la mujer, a la que conocía desde tiempo atrás y por lo tanto sabía de la discapacidad mental que padece, material pornográfico. Además, la obligó a que le tocara su zona genital.

Días después a ocurrido el hecho, el caso fue denunciado en sede judicial y se comenzó con la instrucción de la causa.

Entre las primeras medidas llevadas a cabo, hubo un allanamiento en el local. Además, un juez de Garantías le otorgó una eximición de prisión al comerciante.

En su alegato de lo que fuera aquel juicio, el fiscal Palomares había solicitado que en caso de resultar condenado Ortigosa fuera inmediatamente detenido.

Pero en aquel entonces, los jueces del Tribunal 1 no dieron lugar a la medida cautelar, argumentando que el fallo era de primera instancia y no estaba firme. También, porque no se había demostrado hasta ese entonces que el encausado evidenciara “un aumento verificado de peligro cierto de frustración del proceso”, algo que cinco años después sí ha podido comprobarse y por eso ahora Ortigosa está preso.

DE UN TRIBUNAL DE AZUL A LA CORTE SUPREMA

Después de que Julio Oscar Ortigosa fuera condenado en primera instancia a cinco años y seis meses de prisión en marzo de 2010 por el TOC 1, sus abogados apelaron el fallo.

Ese mismo año, en diciembre, Casación recaratuló la causa -de “abuso sexual gravemente ultrajante” a abuso sexual simple- por lo que al comerciante le redujeron la pena a tres años y ocho meses de prisión.

Aquel fallo de segunda instancia, en representación de la Sala II del Tribunal de Alzada, llevaba las firmas de los jueces Carlos Alberto Mahiques y Jorge Hugo Celesia.

El monto de la pena, mayor a tres años, implicaba que de quedar firme esa condena Ortigosa fuera a la cárcel, por lo que sus abogados presentaron en la Suprema Corte un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley que, hasta tanto se resolviera, le garantizaba al comerciante seguir en libertad.

El 15 de mayo de 2013 ese recurso fue desestimado “por inadmisible” desde el máximo tribunal bonaerense.

El paso siguiente de la Defensa fue interponer un recurso extraordinario federal, pedido que también la Suprema Corte denegó el 19 de febrero de este año.

Ante esta nueva denegatoria, los abogados del comerciante preso desde el pasado martes acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de un recurso de queja, algo que evidentemente -mientras está pendiente de respuesta- no inhabilita al autor de este caso de abuso sexual a cumplir en prisión con la ejecución de la pena.