LOCALES. Un azuleño mencionado entre los "atornillados" a sus cargos

“Con la mira puesta en un conjunto de funcionarios de la gestión de Mauricio Macri que se niegan a abandonar sus cargos y reclaman su continuidad laboral o un fuerte resarcimiento económico, el Gobierno dejó ayer sin efecto el pago de la doble indemnización por despidos sin justa causa en el sector público”, se informó en el matutino de tirada nacional.

En ese marco, a través del decreto 156, se limitó el alcance de la doble indemnización sólo al sector privado (tiene vigencia hasta junio) con la finalidad de avanzar con algunos recortes en la administración pública, se destacó también. La iniciativa se conoce luego de que funcionarios de la administración anterior reclamaron ese beneficio.

La normativa publicada en el Boletín Oficial señala: “Al disponer la doble indemnización se aludió a la dinámica del empleo asalariado registrado privado". Por lo tanto, advirtió el Poder Ejecutivo, "una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma".

"No obstante ello, resulta necesario aclarar el alcance de esta última en lo referido al universo de las trabajadoras o trabajadores alcanzados, a fin de evitar eventuales distorsiones en la recta aplicación de aquélla", agregó.

En la nota publicada por La Nación se recuerda que el 20 del mes pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, calificó a los funcionarios macristas que se resisten a dejar sus puestos de “okupas”, los tildó de “inmorales” y agregó que “no sólo no renuncian a los cargos a los que llegaron por una decisión política, sino que además piden la doble indemnización que ellos mismos rechazaban cuando estaban en el gobierno".

También se destaca que en la Casa Rosada aseguraron no contar con un “listado” de los que califican como funcionarios “atornillados” a sus cargos.

Sin embargo, surgen algunos casos emblemáticos de continuidad forzada, como el de Mariano Federici, titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) designado durante la gestión macrista. Su resistencia se extinguió con la finalización de su mandato, el pasado 27 de enero.

Pero otros continúan vigentes, o en vías de resolverse sin la aplicación de la doble indemnización, más allá de que la enorme mayoría de los funcionarios del gobierno de Cambiemos renunciaron a sus cargos el 9 de diciembre pasado, antes del traspaso de mando de Macri a Alberto Fernández.

En ese contexto es que se menciona, entre otros, al azuleño Pablo Yanibelli, director de fiscalización del Ministerio de Producción que encabezaba Dante Sica, quien sigue siendo el representante del Estado en la coadministración de la empresa postal OCA junto al gremio de los camioneros que lidera la familia Moyano.