. Un docente, condenado por venderle una pistola a un joven que después se suicidó

FALLO DE UN JUICIO ABREVIADO

Un año y ocho meses de prisión en suspenso y el pago de una multa de mil pesos habían sido las penas que un juez le impuso al encausado, que fue hallado autor de los delitos de “tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a persona no acreditada como legítimo usuario, en concurso real de acciones”. El caso se relaciona con lo sucedido en esta ciudad en diciembre de 2016, cuando un joven que tenía 22 años se suicidó de un disparo utilizando el arma de fuego que días antes le había comprado al docente, que se la vendió de manera ilegal. Desde Necochea, la pistola había sido remitida a Azul en una encomienda, a través de un colectivo de una empresa de transporte de pasajeros.

El magistrado Aníbal Álvarez. El titular del Juzgado Correccional número 1 de Azul había intervenido en este juicio abreviado. Un proceso donde condenó a un docente por venderle de manera ilegal a un joven una pistola. ARCHIVO/EL TIEMPO

Un docente que le vendió a un joven un arma de fuego que después utilizó para suicidarse en esta ciudad fue condenado en un juicio abreviado que se había tramitado en un Juzgado Correccional local.

El fallo de lo que fue aquel proceso judicial adquirió recientemente rango de firmeza.

Había implicado que el encausado fuera condenado a un año y ocho meses de prisión en suspenso y a pagar una multa de mil pesos.

Ambas penas le fueron impuestas a un hombre que tiene 35 años de edad, es oriundo de San Justo y figura con actual domicilio en Necochea, quien en la resolución judicial fue identificado como Jonathan Andrés Horacio Sciutto.

En el juicio abreviado había sido hallado autor penalmente responsable de los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y entrega de arma de fuego a persona no acreditada como legítimo usuario, en concurso real de acciones.

Aníbal Álvarez, titular del Juzgado Correccional número 1 de Azul, intervino en este juicio abreviado.

Mientras que Laura Margaretic representó al Ministerio Público Fiscal en el proceso, un abogado llamado Ángel Luis Domingo Fernández patrocinó al docente condenado y el letrado azuleño Gustavo Pérez de Villarreal intervino como Particular Damnificado en la causa penal, en nombre de los familiares del joven azuleño que le compró el arma de fuego al docente y después la utilizó para suicidarse, un hecho que en esta ciudad había ocurrido durante los primeros días del mes de diciembre del año 2016.

Se la mandó por encomienda

A través de la investigación penal que se había iniciado luego de que el joven se suicidara, fue posible determinar las circunstancias en que el azuleño había adquirido el arma de fuego -una pistola calibre 22 largo marca “Tala”- con la que se disparó.

De esa manera, se supo que en los días previos a suicidarse se había contactado tanto con el docente que se la vendió como con quien en principio tenía el arma.

Mientras que el hombre condenado en este juicio abreviado figura con domicilio en Necochea, el tenedor en un principio de la pistola era un varón que vive en la provincia de Tucumán.

En el fallo se mencionó que entre los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2016 el docente “tenía ilegítimamente -sin contar con autorización correspondiente emanada de autoridad competente- una pistola calibre 22 largo TALA... la cual se encontraba apta para su funcionamiento específico”.

Según el juez Álvarez escribió también en la resolución, Sciutto “hizo entrega del arma descripta a Tolosa Esteban (con domicilio en Azul), quien no se encontraba registrado como legítimo usuario ante el RENAR, perfeccionando la misma el día 1 de diciembre de 2016 a las 8.39 horas, por medio de encomienda a través de la empresa de Transporte La Estrella”.

El joven que terminaría suicidándose el 7 de diciembre de aquel mismo año había pagado 5.100 pesos -más otros gastos definidos como “de transacción” en el fallo- para adquirir el arma de fuego.

Esa suma de dinero, según quedó demostrado, se la había remitido el 30 de noviembre, por medio de un “Pago Fácil”, al docente que se la vendió desde Necochea y terminó siendo condenado en este proceso abreviado.

Según se pudo establecer también, sin ningún tipo de autorización Schiutto ofertaba a través de las redes sociales armas de fuego, municiones y antigüedades.

Tolosa había acordado la compra de la pistola por medio de un contacto que vía WhatsApp tuvo con su vendedor, quien después le terminó remitiendo el arma de fuego por encomienda, a través de un colectivo de una empresa de transportes de pasajeros que desde Necochea habitualmente hace escala en Azul.

Además, en esa investigación penal que se iniciara se pudo saber la procedencia de la pistola.

Según se determinó, el condenado la obtuvo a través de otro hombre, llamado Martín Cequeira, que se la remitió desde Tucumán para que después se la vendiera a Tolosa.

A fines del mes de noviembre, a través de un correo privado, el arma de fuego había sido remitida desde aquella provincia a Necochea, la ciudad desde donde luego el docente se la envió al joven que días más tarde la utilizaría en Azul para suicidarse.

Esteban Tolosa tenía 22 años cuando se falleció.

De acuerdo con lo que en su momento fuera informado por la Policía, en horas de la noche del 7 de diciembre de 2016 había sido su padre quien lo encontró muerto en el baño de la casa de esta ciudad donde el joven vivía.

En aquella ocasión Guillermo Tolosa -juez de Faltas municipal- les refirió a los policías que tomaron intervención en lo ocurrido que su hijo se había suicidado “utilizando un arma de fuego tipo pistola”. La misma que después los investigadores recogieron en la vivienda donde este fatídico hecho se produjo.

En aquella ocasión se habían encontrado también, en el interior de una caja de perfume, trece balas del calibre de la pistola con la que el joven se había efectuado un disparo.

El dato

La pena de prisión de cumplimiento condicional que le fuera impuesta al docente procesado por este hecho implicó que el juez que lo condenó le dictara como pautas de conducta, por el plazo de dos años, las obligaciones de fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Liberados perteneciente a la ciudad donde reside actualmente.