. Un fiscal pidió elevar a juicio la causa en la que están procesados Inza, Requelme y Mujica

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El titular de la Fiscalía de Delitos Especiales, David Carballo, requirió la elevación a juicio de la causa en la que por incumplimiento de los deberes de funcionario público están imputados el ex intendente José Inza y quienes fueron sus secretarios de Economía, Néstor Requelme y Daniel Mujica. Se trata de cuatro hechos: la fallida privatización para el cobro de tasas municipales vencidas, el pago de sobresueldos, el libramiento de cheques diferidos y la falta de pago a proveedores del Hospital. El pedido lo hizo ante el Juzgado de Garantías de esta ciudad.

El martes pasado un fiscal de esta ciudad requirió la elevación a juicio de la causa en la que, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, están procesados el ex intendente José Inza y quienes fueron sus secretarios de Economía y Finanzas en el transcurso de su gestión: Néstor Requelme y Daniel Mujica.

La requisitoria fue presentada por el titular de la Fiscalía de Delitos Especiales, David Carballo, ante el Juzgado de Garantías número 1 de esta ciudad que está a cargo de la magistrada Magdalena Forbes, quien en el transcurso de los próximos días deberá decidir si da curso al pedido del funcionario judicial.

Así lo confirmaron a este diario fuentes allegadas a la instrucción de la causa en la que los ex funcionarios municipales fueron procesados por presuntas maniobras defraudatorias en el uso de los fondos públicos. A Inza el fiscal lo acusa por cuatro hechos “en concurso real”, mientras que Mujica lo está por dos -también “en concurso real”- y Requelme por uno.

Se trata de la fallida privatización del cobro de tasas municipales vencidas a favor de una empresa llamada TIP S.A.; el presunto pago de sobresueldos a un grupo de funcionarios de la gestión; la aparente falta de pago a proveedores del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos”; y el supuesto libramiento de cheques de pago diferido.

La requisitoria --

Cabe recordar que las cuatro denuncias estuvieron en distintas fiscalías de Azul. En 2016 pasaron a la Fiscalía de Delitos Especiales, que en ese momento estaba a cargo de Javier Barda. El fiscal resolvió unificarlas y, ante las pruebas colectadas durante la instrucción del sumario, encontró elementos necesarios para -en diciembre del año pasado- procesar a Inza, Requelme y Mujica.

A mediados de este año, la causa cambió una vez más de manos. Fue cuando Barda pasó como titular a la UFI 13 y la Fiscalía de Delitos Especiales quedó a cargo de Carballo.

Este fiscal le volvió a dar impulso al expediente y el pasado martes 31 de agosto presentó la requisitoria de elevación a juicio.

El paso que sigue es el traslado de la requisitoria, por parte de la Jueza de Garantías, a los abogados de los imputados, quienes tendrán 15 días para contestar la elevación, seguramente oponerse, y -en la misma actuación- solicitar en esta primera instancia las absoluciones de sus defendidos.

Después de esto, será la jueza Forbes la que resuelva si hay elementos suficientes para ir a juicio o no. Y, apelación mediante de algunas de las partes, en la causa podría intervenir, ante ese pedido de elevación a juicio del expediente formulado días atrás, la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal departamental.

Una licitación y un intento de privatización -

A fines de octubre de 2012, a sólo 11 meses de asumir, saltó a la luz lo que fue el primer escándalo de la gestión de José Inza como Intendente de Azul. Fue cuando concejales del entonces Frente Amplio Progresista denunciaron el intento de Inza de privatizar el cobro de tasas municipales vencidas favoreciendo a una empresa llamada TIP S.A. por un monto superior a los 102.000.000 de pesos.

Cabe recordar que por iniciativa del entonces secretario de Economía y Finanzas del municipio, Néstor Requelme, y por orden del intendente José Inza, se llamó a licitación pública para el relevamiento, determinación, liquidación, cobro, recobro y seguimiento extrajudicial de los responsables de distintos tributos; como así también para hacer gestiones de cobro sobre la tasa urbana, la tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Patentes de Rodados y la tasa por Conservación de la Red Vial Municipal.

Al momento de procesar a Inza y a Requelme por este hecho, el fiscal Barda sostuvo que el entonces secretario de Economía “manejó de manera personal y con reserva el expediente” de licitación y que, en ese marco, se sucedieron una serie de irregularidades en el proceso llevado adelante desde el municipio.

Además, el magistrado entendió que Inza “en violación” a distintas normativas y pese a las recomendaciones que le hicieron desde la Subsecretaría Legal y Técnica, adjudicó la licitación pública Nº 2/2012 a la firma TIP S.A., y al día siguiente firmó el contrato.

Pero al tomar estado público las irregularidades, en noviembre de 2012 el ex Intendente rescindió el contrato de mutuo acuerdo con los responsables de esa empresa.

Esa rescisión, no obstante, no impidió que el Concejo Deliberante lo citara a la primera de las tres interpelaciones a las que fuera llamado en el transcurso de los cuatro años que estuvo al frente de la comuna. Para ese entonces, Requelme -a quien también el fiscal le atribuyó responsabilidad en este hecho- ya no formaba parte del “equipo de José” y, según argumentaban, se desconocía su paradero.

 Los sobresueldos --

El pago de sobresueldos a un grupo de sus entonces funcionarios políticos fue otro de los escándalos de la administración por el que terminó procesado el ex Intendente.

El 22 de mayo y el 19 de septiembre de 2012, Inza firmó una serie de decretos “otorgando de manera infundada sueldos superiores a aquellos que correspondían legalmente”, ya que modificó la cantidad de módulos salariales previstos y aprobados por el Concejo para cada cargo, según reflejó el fiscal en el auto de procesamiento.

Además de esto, que ya era irregular, para Barda el ex jefe comunal “omitió intencionalmente su tratamiento posterior por parte del Concejo Deliberante”.

Los funcionarios que cobraron los sobresueldos fueron el subsecretario de Legal y Técnica Emanuel Barrionuevo, el director de Recursos Humanos Sebastián Cañibano, el subsecretario de Comunicación Daniel Puga, el director de Sistemas Informáticos Diego Evangelista, el director de Auditoria y Control de Gestión Lucio Egyptien, y la subsecretaria General y de Modernización Laura Kolman.

Para el fiscal que imputó a Inza, esas sumas fueron “indebidamente percibidas por los funcionarios provocando un ilegal retraimiento de los fondos públicos municipales”.

En este caso, también después que el hecho se hiciera público, Inza derogó algunos decretos y a otros los suspendió. Acá cabe señalar que el único funcionario que devolvió el dinero cobrado -para la justicia- de manera irregular fue Egyptien.

Además, este hecho fue uno de los nueve que integraron el segundo llamado a interpelación que tuvo Inza, en agosto de 2013.

Cheques de pago diferido --

Por otra parte, José Inza y Daniel Mujica están imputados por librar 17 cheques de pago diferido por un monto total de 3.109.977,32 pesos, que debió afrontar la gestión que le sucedió.

De acuerdo a lo que consta en el expediente judicial, en noviembre de 2015 Mujica ordenó a la tesorera municipal que librase cheques de pago diferido al 25 de diciembre de ese mismo año, sin contar con los fondos suficientes para afrontar la deuda y, sobre todo, en una fecha posterior a la finalización del mandato, que concluía el 10 de diciembre.

Si bien la contadora General del municipio, Adriana Guedes, hizo la observación correspondiente -haciendo hincapié en el incumplimiento a ley de presupuesto que en uno de sus artículos establece que los cheques de pago diferido no pueden exceder, en ningún caso, la fecha de finalización del mandato del Ejecutivo Municipal- “Inza insistió ordenando el libramiento de los cheques de pago diferido”.

 Falta de pago a proveedores --

Los mismos actores -Inza y Mujica- fueron imputados porque el fiscal entendió que “omitieron de manera deliberada” el pago a distintos proveedores de insumos y servicios del Hospital Municipal “Dr. Ángel Pintos” durante todo 2015, aunque con mayor incremento desde agosto de ese año hasta la finalización del mandato el 10 de diciembre.

Esto llevó a que se generara la restricción y/o corte de servicios con el consecuente perjuicio a pacientes y el riesgo en el que puso a la comunidad en general.

Las pruebas recolectadas a lo largo de la instrucción del sumario, llevaron a que la justicia considerase que tanto el ex Intendente como su secretario de Economía y Finanzas incumplieron los deberes a su cargo y violaron distintos artículos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, pese a los reclamos de los proveedores y de la entonces directora del Hospital, María del Carmen Ruiz.

La falta de insumos llevó a que en el Hospital no se proveyeran prótesis, tampoco había oxígeno, no se podían hacer radiografías panorámicas, resonancias magnéticas o hemogramas, no había anestesiólogos, se restringieron las intervenciones y se acumularon los residuos patogénicos.

También al sector de la cocina llegó la desidia, cuando debieron reemplazar las dietas de los pacientes por otras, no siempre adecuadas para las patologías que presentaban.

Estos son los cuatro hechos por los que el fiscal David Carballo pidió la elevación a juicio para sentar frente a un jurado a Inza, Requelme y Mujica.

LAS CALIFICACIONES -

El 23 de diciembre del año pasado, el fiscal Javier Barda imputó al ex intendente José Inza por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por cuatro hechos “en concurso real”: el intento de privatizar el cobro de tasas municipales vencidas a favor de la firma TIP S.A.; el pago de sobresueldos a ocho de sus funcionarios; la falta de pago a proveedores del Hospital Pintos; y el libramiento de cheques posdatados.

En lo que hace a Daniel Mujica, que tiene la misma calificación, lo imputó por dos hechos “en concurso real”: la falta de pago a proveedores del Hospital y el libramiento de cheques posdatados.

Néstor Requelme también fue procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público por un hecho “en concurso real” por la fallida privatización del cobro de tasas municipales vencidas.

OTRAS CAUSAS DE INZA

En el transcurso de su gestión y una vez que concluyó la misma, el ex intendente José Inza acumuló causas en su contra.

Los cuatro hechos que se le imputan y por los que días atrás un fiscal pidió la elevación a juicio del expediente, no son los únicos.

La semana que pasó, el médico cardiólogo desfiló por Tribunales por la causa en la que está procesado junto a Héctor Bolpe -su entonces secretario de Obras y Servicios Públicos- por la supuesta contaminación del agua y el suelo en EcoAzul, el predio de tratamiento y disposición final de residuos convertido en un basural a cielo abierto durante su administración al frente de la comuna.

La fiscal Laura Margaretic -a cargo de la instrucción del expediente- entendió además que Inza y Bolpe son presuntos coautores del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y en los próximos días pediría también la elevación a juicio de esta causa en la que el último martes los dos ex funcionarios se presentaron al llamado a indagatoria y se negaron a declarar.

Hay otro hecho que lo tiene a Inza como protagonista. En abril del año pasado un fiscal federal solicitó la declaración indagatoria del ex Intendente y de quien fue su secretario de Gobierno -a cargo de la Secretaría de Salud-, Víctor Federico Saldaño, por haber provocado la acumulación de residuos patogénicos generados en el Hospital Pintos y también en la Unidad Sanitaria N° 6 en una cantidad que causó la contaminación del medio ambiente y puso en riesgo la salud de los trabajadores y de quienes transitaban por esos lugares.

Esta causa generó una contienda de competencia entre el Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad y el Juzgado de Garantías N° 1. Mientras el primero declinó su competencia a favor de la justicia provincial, la jueza de Garantías la rechazó por entender que la cuestión de los residuos peligros debe tratarse en el fuero federal.

El conflicto se trasladó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde el Procurador Fiscal, Eduardo Casal, emitió un dictamen declarando que la causa es competencia de la justicia ordinaria. En ese sentido, días después los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires -Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco- se expidieron en el mismo sentido y el expediente volvió al Juzgado de Garantías Nº 1 del Departamento Judicial de Azul.

Esta causa se le atribuye responsabilidad penal Inza, a Saldaño y también a la entonces directora del Hospital, María del Carmen Ruiz, “por haber provocado la acumulación de residuos patogénicos en sus instalaciones”.