6 de noviembre de 2016

. Un operativo antidrogas y tres imputados a los que ayer les dictaron las detenciones

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Mientras continúan privados de la libertad en la Subcomisaría de Cacharí, los acusados de vender cocaína a los que arrestaron el pasado jueves, luego de cinco allanamientos que se hicieron en esta ciudad, ahora están detenidos. Se trata de un chapista y de dos comerciantes. Uno de ellos, oriundo de Tres Arroyos, regenteaba años atrás un cabaret en Azul. En noviembre de 2006 había sido condenado a cuatro años y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento, después de que en agosto de 2005 mató a un hombre. La víctima de ese hecho falleció luego de que recibiera un disparo en una de sus piernas que afectó a su arteria femoral y le provocó una importante hemorragia.



Una jueza de Garantías convirtió ayer en detenciones a las aprehensiones de los tres hombres implicados en una infracción a la Ley 23.737, quienes habían sido arrestados en esta ciudad después de cinco allanamientos que en dos comercios y en las viviendas de los encausados se llevaron a cabo entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes de la semana que pasó.

La causa penal que se inició por lo sucedido se está instruyendo a través de la UFI 22 que está a cargo del fiscal Marcelo Fernández.

En esa Fiscalía, después de que fueran aprehendidos, los ahora imputados habían sido indagados el pasado viernes, audiencias en las cuales se negaron a declarar.

Luego de cumplidas con esas indagatorias, a pedido de la Fiscalía actuante en este sumario penal -vinculado con una infracción a la también llamada Ley de Estupefacientes- fue la jueza de Garantías Magdalena Forbes la que ayer dio lugar a las solicitudes relacionadas con el dictado de las medidas cautelares para los acusados, informaron fuentes judiciales y policiales a EL TIEMPO.

De esa manera, mientras continúan privados de la libertad en la Subcomisaría de Cacharí, ahora los tres están detenidos y son considerados coautores del delito tenencia de estupefacientes con fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas al consumidor calificada por la intervención organizada de tres personas.

Ernesto Edelmiro Quintana, un hombre que tiene 61 años, es oriundo de Tres Arroyos y desde hace varios años está viviendo en Azul; Gustavo Daniel Conde, un chapista de 41 años nacido en Cacharí y radicado en esta ciudad desde hace tiempo; y Carlos Antonio Páez, un comerciante -también de 41 años- que además se ha dedicado a la música y conducía programas de radio, son quienes figuran como imputados en este sumario penal que se está instruyendo.

Además de los domicilios de los tres detenidos, entre el jueves a la noche y las primeras horas del pasado viernes policías de esta ciudad pertenecientes a la  Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, contando con apoyo de personal de la Seccional Primera y de la DDI, habían allanado dos locales comerciales: una parrilla y una fiambrería.

En el primero de los lugares mencionados, una parrilla llamada “La Criolla” que está en Juan B. Justo y Ruta 3, los efectivos de seguridad arrestaron a Quintana y a Conde.

Además, en ese lugar incautaron cocaína, sustancia que ya estaba fraccionada en dosis para la venta al menudeo -en una cantidad que en total era de alrededor de 45 gramos- y elementos presuntamente utilizados para la comercialización de esa droga, según lo que voceros de seguridad ligados a este procedimiento habían señalado a EL TIEMPO.

A eso se sumó el hallazgo y secuestro en la parrilla de una importante cantidad de dinero, en una suma superior a los cien mil pesos.

Y junto con su aprehensión, a Quintana -que años atrás había sido propietario de un cabaret y estuvo preso por un homicidio (ver cuadro en la pagina 23)- le incautaron la camioneta en la que se movilizaba: una Volkswagen Amarok que, según los investigadores, estaría relacionada con los hechos que se están investigando.

La investigación

Sobre la base de una gran cantidad de escuchas telefónicas que involucran a los ahora detenidos, desde la seccional local de Drogas Ilícitas, la dependencia policial que está en Mitre entre Maipú y Primero de Mayo, hacía más de seis meses que se estaba llevando a cabo esta investigación.

A través de la misma, se pudo determinar en principio que los tres sospechados se dedicaban a la venta de estupefacientes, en lo que los mismos investigadores consideran como una presunta organización delictiva que ahora ha sido desarticulada, tras los allanamientos y las aprehensiones realizados entre el jueves y el viernes pasados.

“De los allanamientos llevados a cabo por la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado Azul, se logró el secuestro de una importante cantidad de clorhidrato de cocaína, fraccionada en dosis y destinada directamente al consumidor final, como así también, de elementos relacionados con la venta y fraccionamiento de la sustancia a comercializar”, se había indicado desde la dependencia policial que llevó a cabo estos procedimientos.

“También -agregaron los voceros de Drogas Ilícitas Azul, seccional actualmente a cargo del comisario Inspector Diego Fernando Díaz Aguirre- se procedió al secuestro de teléfonos celulares, una camioneta -marca Volkswagen, modelo Amarok, dominio AA027WA- y una importante cantidad de dinero en efectivo”.

Las mismas fuentes policiales precisaron que los arrestos de Quintana, Conde y Páez pusieron en evidencia el accionar de “una organización que operaba en el ámbito de la ciudad de Azul comercializando al menudeo la sustancia secuestrada”.

En ese mismo sentido, en el dictamen que convirtió ayer en detenciones a las aprehensiones de los acusados, la Dra. Magdalena Forbes -la magistrada a cargo del Juzgado de Garantías 1 y quien días atrás otorgara las órdenes para los allanamientos- había señalado que para la calificación legal que le dio a estos hechos valoró muy especialmente la manera en que se encontraba la droga que los policías hallaron durante esos cinco procedimientos que llevaron a cabo.

La cocaína, indicó la Dra. Forbes, se encontraba “fraccionada en dosis, lo que me permite descartar, con la probabilidad exigida para la instancia, la simple tenencia o la tenencia para consumo personal, y concluir la finalidad de comercializar la misma”.

Los domicilios de los ahora detenidos que fueron allanados entre el jueves a la noche y las primeras horas del viernes son una casa ubicada en la ex calle Santa Fe entre Necochea y Avenida 25 de Mayo; una propiedad que está en una de las esquinas de Roca y Alberdi, en la que también funciona un taller de chapa y pintura, y una vivienda situada en Leyría entre Perón y Olavarría.

El dato

Una fiambrería llamada “La Serranita”, local ubicado en San Martín entre Lavalle y Castellar, había sido el otro comercio allanado junto con la parrilla. Según fuentes policiales y judiciales habían informado, el procedimiento se hizo teniendo en cuenta que ese lugar podría tener algún tipo de vinculación con uno de los comerciantes que ahora está detenido.

 

CONDENADO POR UN “HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL” 


En noviembre del año 2006 un juicio abreviado que se tramitó en un Tribunal de esta ciudad derivó en que Ernesto Edelmiro Quintana -uno de los tres detenidos el pasado jueves por una infracción a la Ley de Estupefacientes- fuera condenado a cuatro años y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento.

En aquel proceso, sustanciado a través del Tribunal Oral en lo Criminal número 1 local, quedó probado que el hombre oriundo de Tres Arroyos había matado en Azul a otro.

A la víctima, en agosto del año 2005, le disparó en la puerta de la casa donde vivía, luego de que ambos discutieran.

Para cuando este crimen se produjo, Quintana regenteaba un cabaret en esta ciudad y en aquel juicio abreviado fue hallado autor penalmente responsable del delito homicidio preterintencional agravado y portación de arma de guerra sin la debida autorización legal en concurso real.

Los por entonces jueces Jorge Moreno y Mercedes Malére y el actual integrante del TOC 1 Gustavo Borghi conformaron ese tribunal para lo que fue este juicio abreviado.

Si bien en principio el Dr. Javier Barda -fiscal que instruyó esta causa pero no fue el mismo que representó al Ministerio Público en el juicio abreviado- consideraba a Quintana autor de un “homicidio simple”, al por entonces propietario del cabaret le impusieron en ese proceso judicial una pena inferior a la estipulada en el artículo 79 del Código Penal.

Los jueces que intervinieron en este juicio abreviado modificaron la calificación de la figura penal que le imputaron en principio al tresarroyense, que para cuando fue condenado en esta primera instancia estaba preso.

 

Un tiro en una pierna

 

El 25 de agosto del año 2005 se produjo en esta ciudad el homicidio por el que en noviembre de 2006 Quintana resultó condenado.

De acuerdo con lo que quedó demostrado en lo que fue esa Investigación Penal Preparatoria relacionada con este crimen, aquel día en horas de la tarde el encausado, cuando estaba en la vereda de la casa donde vivía en Azul -una propiedad situada en la Avenida Juan B. Justo-, luego de una discusión le efectuó un disparo en una pierna a la víctima de este hecho.

El hombre que falleció un día después, mientras estaba internado en el Sanatorio Azul, se llamaba José María Guardia.

Para dispararle, Quintana utilizó un revólver calibre 38 que no estaba autorizado para portar.

El balazo que Guardia recibió, efectuado desde corta distancia tras esa discusión que mantuvo con Quintana, derivó en que sufriera lo que en el fallo fue definido como “una lesión músculo-vascular en el muslo derecho y rotura de arteria femoral izquierda que le produjeron su muerte”.

Ese mismo día en que resultara herida de un disparo en una de sus piernas, la víctima -que vivía en una localidad del conurbano bonaerense- había llegado a Azul en un colectivo para entrevistarse con Quintana, a quien al parecer ya conocía desde tiempo antes.

Si bien oficialmente nunca fue confirmado, aquel 25 de agosto de 2005 hubo también un llamado telefónico previo entre los implicados en este homicidio, comunicación en la cual -aparentemente- Guardia le reclamó por una deuda a quien en esa época regenteaba un cabaret en Azul.

Instantes después, la discusión que los dos protagonizaron en la puerta de la casa donde Quintana vivía implicó también que forcejearan, lo que luego derivó en que el ahora detenido y sospechado de vender cocaína le disparara en una pierna con un revólver calibre 38.

Ese proyectil impactó en la arteria femoral de Guardia, lo que un día más tarde derivó en que muriera, a causa de la sangre que había perdido al ser herido.

Cuando vino a Azul, Guardia tomó un remís en la Terminal para ir a la casa de Quintana. En ese mismo vehículo, herido como estaba, después regresó a la estación de colectivos, aunque la gravedad de su estado hizo que desde allí lo trasladaran al Sanatorio, el centro asistencial donde se produjo su deceso al día siguiente de que resultara herido.

Ni bien le disparó, el agresor se dio a la fuga en su automóvil en dirección hacia Olavarría, aunque cuando policías tomaron intervención en el hecho lograron aprehenderlo tras una persecución en la Ruta 226.

En ese trayecto, mientras huía, Quintana se había descartado del arma de fuego utilizada para dispararle a Guardia, la cual después los efectivos de seguridad encontraron.

A diferencia de lo considerado por el Fiscal que instruyó este sumario penal, en el juicio abreviado los por entonces jueces del Tribunal 1 sostuvieron que al dispararle en una pierna Quintana no tuvo intenciones de darle muerte a la víctima, sino de provocarle un mal menor.

Eso derivó en que fuera considerado autor de un “homicidio preterintencional” y que, en consecuencia, le impusieran a modo de condena esos ya mencionados cuatro años y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento.

 

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