Fue presentado por la diputada Estévez. Prevé, además, la reactivación de otros cinco proyectos que la DGFM paralizó. En los fundamentos se considera que, la defensa de las plantas y los trabajadores de Fabricaciones, es una cuestión de “soberanía nacional”. Y pone el acento en una cuestión fundamental: lo que el Estado ha dejado de producir, ha comenzado a ingresar al país a través de importaciones.
Diputada Gabriela Estévez: “Todo lo que Fabricaciones Militares está dejando de producir ahora se produce y se le compra a empresas multinacionales”. ARCHIVO
Por Marcial Luna
mluna@diarioeltiempo.com.ar
“Entendemos que la defensa de Fabricaciones Militares y de sus trabajadores es la defensa de nuestra industria nacional, de nuestras economías regionales, de las potencialidades de desarrollo científico-tecnológico de nuestro país y, en definitiva, de nuestra soberanía”.
Es esta la fundamentación central de la iniciativa que presentó la diputada nacional Gabriela Estévez (FxV-Córdoba), tras el despido de trabajadores y el cierre de la fábrica FANAZUL.
El proyecto de ley posee dieciocho artículos, distribuidos en cuatro capítulos. Actualmente se encuentra en tratamiento en tres comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación: Defensa Nacional, Legislación del Trabajo, y Presupuesto y Hacienda.
La iniciativa se denomina “Ley de responsabilidad social y sustentabilidad de la Dirección General Nacional de Fabricaciones Militares”.
FANAZUL revive
En el artículo 16, se alude directamente al caso de FANAZUL: “A fin de cumplir con la misión social que le asigna esta norma la autoridad de aplicación debe arbitrar los medios para que en el plazo de seis meses desde la sanción de esta norma se ejecute la reapertura y reactivación de la planta dependiente de la Dirección General Nacional de Fabricaciones Militares ubicada en la localidad de Azul, provincia de Buenos Aires”.
De la misma manera, se establece que es imprescindible la reactivación de otras cinco líneas de trabajo, además de FANAZUL:
- Reapertura del Proyecto Vagones de la Fábrica de Río Tercero.
- Reactivación del Proyecto Radares en convenio con INVAP.
- Reactivación del convenio con YCRT para la fabricación de arcos para contención de galerías y tubos de aireación para la ventilación (fabricación de bridas y abrazaderas).
- Generación de convenios y contratos que generen sustento para el funcionamiento de las plantas de explosivos y municiones, tanto con el sector público como privado.
- Reactivación de los proyectos conjuntos con el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa que hayan sido suspendidos o abandonados desde el 10 de diciembre de 2015.
El proyecto de ley de la diputada Estévez fija, como objetivo central,
“la defensa de los trabajadores que se encuentran comprendidos en la Dirección General de Fabricaciones Miliares, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación, e incorporar dentro de las empresas que la integran un nuevo valor social y no corporativo dentro de la política por parte de las mismas, bajo la figura de la Responsabilidad Social Empresaria, así como también dar herramientas a las mismas para mantenerse sustentables a futuro”.Las decisiones del gobierno nacional, en materia de producción para la defensa, desde su área apéndice [la DGFM], sólo promueven
“un desmantelamiento funcional progresivo, llevado a cabo a través de los despidos sin causa, el vaciamiento presupuestario y la ausencia total de líneas de trabajo, imposibilitando así el normal desarrollo de estas áreas del Estado”.Antes de AzulEl proyecto de ley apunta, más adelante, dos aspectos sustanciales:
- “Todo lo que Fabricaciones Militares está dejando de producir ahora se produce y se les compran a empresas multinacionales, muchas de las cuales importan insumos o productos que antes producía el Estado, aumentando el perjuicio a las economías locales y la balanza comercial”.
- “El recorte implementado por el gobierno nacional rondo los 9 mil millones de pesos durante el período 2016-2017. Pero, más importante que el volumen del recorte es hacia dónde se dirige. Por ejemplo, en 2016 el 80,3% del presupuesto reducido recayó sobre las partidas destinadas a Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa”.
Se afirma, en la misma iniciativa parlamentaria, que
“los cierres de los distintos proyectos productivos han implicado una caída de facturación de más de 500 millones de pesos, con una pérdida de alrededor de 800 puestos de trabajos indirectos, aún antes del cierre de la planta de Azul”.En las “Disposiciones transitorias” se declara la emergencia laboral en el ámbito de Fabricaciones Militares (artículo 13), por lo que queda prohibido, por el término de veinticuatro meses
“despedir sin justa causa o suspender a cualquier trabajador en el ámbito de aplicación de la presente ley. La prohibición se aplicará a todos los trabajadores, cualquiera fuera su forma contractual”.Este aspecto en la ley tiene su razón de ser, toda vez que la mayoría de los trabajadores de Fabricaciones Militares están sujetos a un contrato por tiempo determinado. Como ocurrió en el caso de los operarios de FANAZUL, se renovaba anualmente, hasta la ola de despidos de fines de 2017.
La reincorporación progresiva de los trabajadores que han sido despedidos también queda prevista en el proyecto de ley. “A fin de cumplir con la misión social que le asigna esta norma la Dirección Nacional de Fabricaciones Militares reincorpora paulatinamente a la totalidad de los trabajadores que hayan sido contratados por el Art. 9 de la Ley 25.164 [Ley marco de Regulación de Empleo Público Nacional, el artículo se refiere a los contratos por tiempo determinado y los casos de aplicación]
durante los últimos cuatro ejercicios fiscales, cuyos contratos no hayan sido renovados durante los últimos tres ejercicios fiscales, cuando estos se encuentran a disposición y aceptan retornar con beneficios similares, estas reincorporaciones se realizan en su totalidad a los noventa días de la sanción de esta ley”.
El proyecto de ley nacional que formula la necesidad de reactivar la fábrica FANAZUL y la reincorporación de los operarios despedidos en todo el ámbito de la Dirección General de Fabricaciones Militares. ARCHIVO
SE LLEVARÁN MÁQUINAS DE LA PLANTA AZULEÑAHoy llegarán cinco operarios desde la planta de Villa María, a la fábrica Fanazul, con la orden de desmantelar máquinas. El hecho fue denunciado en conferencia de prensa por el secretario gremial de ATE de la localidad cordobesa,
Jorge Heredia.
“Sabemos que mañana domingo [por hoy]
van a enviar obligados a cinco compañeros para desmantelar máquinas, poniéndolos en verdadero riesgo. Es un mecanismo perverso”, publicó en su edición de ayer
El Diario del Centro del País, en Córdoba.
“No sólo nos oponemos a que envíen operarios de Villa María a desguazar la Fábrica de azul porque pueden exponerse a una respuesta violenta de los compañeros que hace seis meses que están allá sin trabajo […]
sino que nos oponemos de plano al cierre de las Fábricas Militares. Y hacemos responsable por esto al ministro de [Defensa]
Oscar Aguad”, agregó el dirigente.
Aguad, además de cordobés, es un antiguo dirigente que integra las filas de la Unión Cívica Radical. Hasta el momento, se ha negado a recibir a los operarios de la fábrica militar de su provincia, o atender sus reclamos.
En tanto, Heredia denunció que, desde la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM),
“están apretando y amenazando con despidos a compañeros de la Fábrica Militar de Pólvoras de Villa?María si no van a desmantelar la Fábrica de Azul. Poniendo así al trabajador entre la espada y la pared, enfrentándolos de manera perversa con los trabajadores de Azul, que son compañeros”. El interventor de la DGFM,
Luis Riva, recibirá en las próximas horas una carta documento desde el gremio de Villa María. Además de esa intimación, no se descartaron acciones gremiales y penales contra el funcionario designado por el presidente
Mauricio Macri.
Las expresiones del secretario Heredia, de ATE Villa María, confirman lo publicado por
El Tiempo y otros diarios, con respecto a las intimidaciones ejercidas al personal obrero de Fabricaciones Militares. Desmiente, de esa manera, lo que Riva, a través de comunicados a los medios, insiste en descalificar.
Por otra parte,
¿qué podrían llevarse hoy de la planta Fanazul? Si bien el sindicalista Herrera habló de “máquinas”, sólo quedan dos sectores con equipos que entran en esa categoría. Por un lado, el taller de mantenimiento, en el que subsisten tornos, sierras de carpintería y elementos de menor porte.
El otro sector es la Planta K, de dinamita. Donde se encuentran las máquinas nadadoras de dinamita, que es uno de los objetivos del desmantelamiento organizado desde la DGFM.
OTRO COMUNICADO DE RIVAEl interventor de la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM),
Luis Riva, remitió ayer a
El Tiempo, otro comunicado.
Esta vez, para desmentir expresiones del secretario general de ATE Villa María,
Fernando Mercado, publicadas los días 14 y 15 de junio pasado.
Riva, en primer lugar, señala:
“Ratificamos en todos sus términos el Comunicado de Prensa del 11 de junio del corriente” (publicado en este diario en la edición del pasado 12 de junio), en tanto apunta que
“es absolutamente falso que las autoridades de la [DGFM]
hayamos efectuado "...presiones y amenazas..." al personal de Fábrica Militar Villa María para trasladarse a realizar tareas en la Planta Azul o que inclusive hayan recibido ese tipo de tratamiento quienes por algún motivo no pudieron emprender esas comisiones”.Por último, indica que
“más allá de lo inaceptable de las declaraciones del Sr. Mercado, es falaz indicar que mi persona [dice Riva]
o la del director de Gestión de Personas [Fernando Speranza]
podamos estar vinculados a empresas privadas que contraten con la DGFM. Respecto de esto último, el mencionado Director percibe un sueldo en base al escalafón fijado por el organismo, en tanto en lo que a mi situación respecta no percibo remuneración en la [DGFM]”.