. Una mujer reclama atención médica para su marido, que está preso en la Unidad 7

“ASÍ NO PUEDE ESTAR”, AFIRMÓ

Denunció que su esposo está enfermo y que en esas condiciones no puede permanecer en una cárcel. Según contó, los médicos del penal falsean los informes y no lo trasladaron al hospital, tal como un juez lo había ordenado luego de que fuera presentado un hábeas corpus.

La Unidad 7, la cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense con sede en Azul. En ese lugar está preso el hombre que, según su esposa, padece graves problemas de salud. NACHO CORREA

La esposa de un hombre que está preso en la Unidad 7 afirmó que su marido se encuentra enfermo y que los médicos del penal falsean los informes, ya que no lo tratan con la medicación y la dieta que necesita.

Por tal motivo, la mujer pidió que lo trasladen a un hospital. También, que le vuelvan a otorgar una morigeración de prisión por ese estado de salud que padece.

Según contó, ese beneficio le permitía a su marido estar con arresto domiciliario en su domicilio de la vecina ciudad de Tapalqué.

Pero en marzo pasado una segunda condena que el hombre registraba se confirmó, por lo que un juez le revocó la medida y ordenó su traslado a la cárcel azuleña donde actualmente permanece.

“Queremos que esté en mi casa por el estado de salud que presenta”, declaró ayer en diálogo con EL TIEMPO Lucrecia Andrea Zanga, una mujer de 41 años que vive en Tapalqué.

Su esposo, llamado Raúl Omar Carlucho y de 59 años de edad, está preso en la Unidad 7. Según su mujer señaló, con graves problemas de salud y sin la asistencia médica necesaria.

Hábeas corpus

El miércoles el abogado del recluso había presentado un hábeas corpus, que quedó radicado en el Tribunal de Azul donde años atrás su defendido había sido condenado.

El penalista olavarriense Sergio Roldán sostenía en ese escrito que su asistido no contaba “con las inyecciones que requiere para su estado de salud”. Y señalaba que el interno “presenta una falla en los riñones” y “padece diabetes y gota”.

En ese hábeas corpus el abogado refería -además- que estando en la cárcel de varones de Azul “habría sufrido descompensaciones” y “pérdida de movilidad en sus miembros con dolor, producto de la inflamación en sus articulaciones”.

Además, denunció que Carlucho “no ha recibido ninguna atención médica por parte del personal penitenciario”.

Anteayer, en el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Azul, el hábeas corpus fue aceptado. Y el juez Carlos Pagliere (h) le requirió al Jefe de Sanidad del penal “que de manera inmediata se realice al causante un exhaustivo examen médico sobre el estado general actual” y, específicamente, sobre esas patologías mencionadas por el abogado Roldán que supuestamente su defendido padece.

También el magistrado pidió que se determine si el preso presenta algún problema de movilidad, ya que su abogado indicó que por el estado de salud en el que se encuentra no puede ni siquiera asearse ni hacer otras actividades por sus propios medios.

El juez había solicitado al titular de Sanidad de la Unidad 7 que señalara “si el establecimiento carcelario está en condiciones de brindar el tratamiento médico y farmacológico necesario para tratar la enfermedad y/o patologías” que el hombre al parecer presenta.

De resultar necesario, autorizó al Servicio Penitenciario Bonaerense a trasladar al recluso al Hospital Pintos, “debiéndose en tal caso arbitrar los medios de seguridad necesarios hasta su reintegro a la unidad”.

Finalmente, uno de los tres integrantes del Tribunal 2 había intimado al responsable de Sanidad de la Unidad 7 para que, en un término de 24 horas,  confeccione el informe con todos esos aspectos que le solicitara.

Según afirmó ayer el abogado Roldán sobre la situación de su defendido, cuando el miércoles el juez ordenó que al hombre lo trasladaran al Hospital Pintos no se hizo efectiva la medida.

“Yo lo ví ese día en la Unidad. Apenas camina y está enfermo”, sostuvo con relación a los motivos por los que después interpuso el hábeas corpus ante el Tribunal 2.

Al mismo tiempo, la mujer del preso contó ayer que en respuesta a ese pedido ordenado por el juez del TOC 2 local, desde la Unidad 7 le informaron que lo iban a trasladar a la Unidad 22 de la localidad platense de Lisandro Olmos, donde funciona un hospital.

Pero de acuerdo con lo señalado por la esposa del hombre, al menos hasta ayer ese traslado -al que ella se opone “para que no se lo lleven lejos”- no se había hecho.

Lo que en principio ella está pidiendo -dijo en un contacto telefónico que mantuvo con este diario desde Tapalqué- es que a su marido lo lleven al Hospital Pintos de Azul, para que se lo revise y sea confeccionado el informe médico correspondiente con relación a todos esos inconvenientes de salud que al parecer presenta.

“Así no puede estar”

“Denuncié a la Unidad 30 porque lo que estaban haciendo es un abandono de persona, que es lo que está pasando otra vez ahora con mi marido en la cárcel de Azul. Cuando está atacado de gota no se puede ni mover. Está con las piernas hinchadas, no puede caminar”, declaró ayer Zanga.

También afirmó que el miércoles, cuando desde el Tribunal 2 el juez Pagliere (h) “pidió que lo llevaran al hospital, a mi marido lo hicieron atender en Sanidad de la cárcel. No lo sacaron, y dijeron que tenía los remedios. Pero truchan los informen, mienten”.

“Lo que estamos reclamando es que realmente se lo lleve a un hospital para que se determine la patología que tiene y cómo está. Así no puede estar. Pedimos que le den la medicación y la dieta”.

“El problema que tenemos es con Sanidad de la Unidad 7, no con el Servicio Penitenciario. Un juez pidió que lo saquen al hospital y le hagan estudios. Pero no lo llevan. Y encima, el médico firma que le dan la medicación y la dieta. Están falseando los informes, porque no es así. Recién ayer a la tarde –dijo la mujer en alusión al miércoles pasado- le dieron un remedio por todo este reclamo que estamos haciendo. Es impresionante cómo está. Queremos que alguien nos escuche, que hagan algo con él”.

Según contó, “hay una médica que trabaja en la Unidad y sabe realmente cómo está mi marido. Es su médica particular y fue ella quien me advirtió que mi esposo no se encuentra apto para estar en una cárcel”.

“Lo que quiero es que alguien haga algo como realmente tiene que ser. Uno no puede aceptar que un médico diga que le están dando una medicación y una dieta cuando, en realidad, no se los están dando”, sostuvo por último la esposa del recluso.

El dato

Lucrecia Zanga contó también que en la Unidad 7, días atrás, a su marido lo habían cambiado de pabellón. “Como no puede subir ni bajar las escaleras por la dificultad que tiene en las piernas, lo trasladaron al Pabellón 5. Hace un mes que está ahí, un lugar más habitable, que es como una casa”.

UN AÑO DE PRISIÓN A CUMPLIR 

Raúl Omar Carlucho había estado preso también en la Unidad 30, la cárcel del SPB que está en General Alvear.

En ese penal cumplió una condena relacionada con una causa por drogas, hasta que el 6 de julio del año pasado le fue otorgada la ya referida morigeración de prisión.

Eso le permitió seguir privado de la libertad en su casa de Tapalqué, la ciudad donde su esposa actualmente es propietaria de una parrilla y rotisería.

Pero el 12 de marzo de este año ese beneficio le fue revocado desde el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Azul, lo que se tradujo en que nuevamente volviera a ser encarcelado. Esta vez, en la Unidad 7.

La decisión obedeció a que se confirmó otra condena para Carlucho, consistente en un año de prisión de efectivo cumplimiento.

En un juicio abreviado que se tramitó en octubre de 2016 y contó con la participación del juez Gustavo Abudarham, el tapalquense había sido hallado partícipe secundario del delito de abuso de armas.

En el mismo proceso abreviado, otro hombre resultó condenado como autor de ese ilícito, ocurrido el 21 de agosto de 2013 en Azul.

Según lo mencionado en la resolución, Carlucho y el otro encausado -identificado en el fallo como Gustavo Fabián Colman Bustos- en horas de la tarde del día ya referido circulaban en un Peugeot 504.

En ese vehículo interceptaron en Necochea y Aldaz a un joven que andaba en moto, a quien el declarado autor del hecho -al parecer por una deuda de dinero- le efectuó varios disparos con el arma que portaba.

Los tiros sólo dañaron la motocicleta en la que la víctima se movilizaba aquel día.

“Por esa causa lo detuvieron a mi marido el 12 de marzo. Hasta ese entonces, pero con morigeración de prisión, estaba en nuestra casa. Pero por otra causa, una por drogas”, recordó ayer su mujer Lucrecia Zanga.

Según su esposa, cuando ese beneficio le fue otorgado, Carlucho “ya estaba muy enfermo”.

“Con nuestro abogado denunciamos a la Unidad 30 de General Alvear por abandono de persona. Y logramos conseguir que volviera a estar en mi casa”, recordó.

En aquella presentación habían contando con apoyo de integrantes del Comité contra la Tortura de La Plata, el organismo de Derechos Humanos de la Comisión Provincial por la Memoria.

El hombre estuvo con prisión domiciliaria hasta el 12 de marzo pasado, cuando se confirmó esa pena de un año de prisión de cumplimiento efectivo, la sanción por la que se dispuso que nuevamente fuera encarcelado.