. Una mujer y dos varones fueron detenidos en Córdoba por una estafa a una cerealera local

En la investigación penal que se lleva adelante están acusados de haber estafado a la firma “H. J. Navas y CIA S.A.” en más de 240.000 pesos. En marzo de 2014 los habían contratado como representantes de una empresa que tenía que instalar una estación de servicio móvil en la planta ubicada sobre la Ruta 3. Pero esa construcción en la cerealera nunca la hicieron. Los ahora imputados habían sido notificados para que comparecieran a indagatoria en Tribunales. Pero como nunca se presentaron, una fiscal pidió sus detenciones. Esas medidas cautelares, en la ciudad cordobesa de Río Cuarto, las hicieron efectivas policías de la DDI Azul.
El predio de la planta cerealera damnificada por esta maniobra defraudatoria. Ubicado en la Ruta 3, en jurisdicción de esta ciudad, en ese lugar tenía que ser construida una estación de servicio móvil por parte de una empresa cordobesa que nunca realizó la obra. Ahora, por ese hecho, hay tres detenidos. Entre ellos, una mujer. NACHO CORREA-DDI AZUL/PBA

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en la provincia de Córdoba por orden de un juez de Garantías de Azul, en el marco de la instrucción de una causa penal donde figuran acusados de haber cometido una estafa en perjuicio de una cerealera local, informaron fuentes judiciales y policiales ligadas a la investigación de este hecho.
En esa causa penal que se instruye desde la UFI 2 que en Tribunales está a cargo de la fiscal Laura Margaretic, como damnificada figura “H. J. Navas y CIA S.A.”, la empresa ubicada sobre la Ruta 3 -en jurisdicción del Partido de Azul- y dedicada al acopio, industrialización y comercialización de cereales, oleaginosas y agroinsumos.
Durante el transcurso de la semana que pasó la Fiscal a cargo de la causa solicitó las detenciones de los ahora imputados, después de que tiempo antes fueran notificados para que se presentaran a indagatoria en sede judicial en Azul y no habían concurrido a esas audiencias.
En ese contexto, había sido el juez Juan José Suárez, titular del Juzgado de Garantías número 3 departamental, el que dio lugar al dictado de las medidas cautelares que policías de la DDI Azul hicieron efectivas en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba.
Hacia esa ciudad había viajado una comisión policial para realizar las detenciones, para las cuales se necesitó que un juez de aquella provincia librara un exhorto.
Las tres detenciones se llevaron a cabo, junto con dos allanamientos, el martes que pasó y voceros policiales y judiciales identificaron a los ahora imputados como Marta Susana Perna, que tiene 70 años; Nicolás Domingo Massimini, de 44 años de edad e hijo de la mujer; y Edgardo Cardarelli, de 35 años.
La estación de servicio que nunca se instaló
Una denuncia formulada desde la empresa cerealera en 2014 fue la que dio lugar al inicio de esa Investigación Penal Preparatoria que todavía continúa.
Los elementos reunidos hasta el momento en esa causa que se instruye desde la UFI 2 local señalan que los detenidos formaban parte de una empresa que, según se ha podido constatar, actualmente al parecer ya no existe.
Al respecto, nunca se pudo hallar su sede, que supuestamente estaba en la provincia de Córdoba, en la misma ciudad donde ahora se hicieron efectivas las detenciones de los acusados de esta presunta estafa.
Además, en cercanías a la fecha en que fuera celebrado un contrato con la cerealera azuleña para la construcción de una estación de servicio móvil que nunca se hizo, las cuentas bancarias de la empresa de la que decían formar parte los imputados habían sido dadas de baja.
Gustavo Del Curto, como presidente de la cerealera azuleña, fue quien después se convirtió en el denunciante de lo que ahora, en formato de una causa penal, se investiga bajo la figura penal de una estafa.
El propio Del Curto, ayer en diálogo telefónico con EL TIEMPO, confirmó la existencia de esa denuncia por la cual la cerealera había contratado a una empresa para la construcción de una estación de servicio móvil en su planta de la Ruta 3 de este medio.
“Se pagó casi la totalidad de la estación y nunca fue instalada”, señaló al respecto el titular de la firma “H. J. Navas y CIA S.A.”.
En la investigación penal, en principio se ha podido demostrar que los detenidos, en representación de una empresa llamada DIA (Distribución Inteligente Argentina) SRL, acordaron en marzo de 2014 mediante un contrato construir en el predio de la cerealera una estación de servicio móvil de expendio de combustible.
El plazo de la obra era de unos treinta y cinco días e incluía la instalación de diferentes elementos que formaban parte de esa estación vendida por la firma contratada, entre los cuales se mencionaba el tanque, una batea de contención, una bomba de carga, un tablero eléctrico general, un sistema de purgue, luminaria, cañerías, conexiones, cajas de inspección y válvulas.
En aquel entonces, el precio de esa estación que nunca se hizo superaba los 300.000 mil pesos.
Desde la cerealera azuleña se había pagado por adelantado gran parte del valor de dicha obra, a través de diferentes cheques que en su mayoría figuran como cobrados por quienes ahora están detenidos y sumaban más de 240.000 pesos en total.
Mientras que Perna figura como la representante de la empresa que tenía que instalar esa estación de servicios, Massimini se desempeñaba como el gerente Comercial de la firma y Cardarelli como el encargado del área de Logística.
En la causa penal se menciona que sólo en una ocasión se hizo presente Cardarelli en la cerealera azuleña, para supuestamente hacer un estudio de suelo con vistas a la futura instalación de esa estación de servicio móvil que finalmente nunca se construyó por parte de la empresa a la que afirmaba pertenecer.
Después de eso, a pesar de varios llamados telefónicos efectuados desde la cerealera local, nunca nadie los atendió.
Además, meses más tarde a acordada la realización de la obra, ya no se pudo comprobar la existencia física de DIA SRL y se estableció que sus cuentas bancarias no tenían fondos.
Ni bien los ahora detenidos fueron procesados desde la fiscalía a cargo de Margaretic, habían sido citados formalmente para que comparecieran en los Tribunales de Azul para ser indagados, acusados del ya mencionado delito de estafa. “Pero como ninguno de ellos se presentó fue que ahora se tuvieron que pedir sus detenciones”, le dijo ayer a EL TIEMPO un vocero allegado a la instrucción de ese sumario penal.
De acuerdo con lo referido por fuentes de la DDI Azul, la dependencia policial que llevó a cabo en la provincia de Córdoba las detenciones de la mujer y los dos varones procesados por esta presunta estafa, se esperaba que anoche los tres fueran traídos a esta ciudad.
Estaba previsto también que hoy los trasladen a Tribunales para cumplir con esas indagatorias a las que tiempo antes no se habían presentado.

El dato
Un encargado de ventas de esa empresa que ahora aparentemente ya no existe, la cual tenía a su cargo construir la estación de servicio móvil en “H. J. Navas y CIA S.A.”, también está siendo investigado en ese sumario penal que se sustancia desde la UFI 2 con sede en los Tribunales de Azul. En su caso, no ha podido ser hallado hasta el momento para ser notificado de la formación de la causa penal que lo involucra, por lo que ahora pesa sobre él una orden judicial para dar con su paradero.