. "Vamos a insistir para que esta causa sea elevada a juicio como un homicidio"

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Lo dijo el penalista cachariense en una entrevista con este diario, al referirse a la resolución de la Cámara Penal que días atrás dejó en libertad a un estudiante de Derecho y a un empleado de la CEAL que habían sido procesados por un crimen. El cambio de calificación de ese sumario se convirtió en uno de los motivos para que las prisiones preventivas de ambos no fueran confirmadas. Ahora están acusados del delito “lesiones graves”. El abogado está interviniendo en el caso como Particular Damnificado, en representación de los familiares del joven que en agosto del año pasado fue atacado a golpes en su casa y falleció tres meses más tarde, luego de que había estado internado en varias ocasiones. Según declaró De Luca, “me llama la atención que la Cámara recaratule de esa manera. Están los dichos de la víctima, hoy fallecida, que sindican claramente cuál fue la acción desplegada por los imputados. El dolo homicida está claro con las lesiones que sufriera”.

“Yo discrepo con esa resolución. Me parece una apreciación totalmente desacertada”, declaró en diálogo con este diario el abogado Pedro De Luca, al referirse al fallo de la Cámara que días atrás dejó en libertad a un estudiante de Derecho y a un empleado de la CEAL que habían sido acusados de un crimen.

El caso, tal lo que ya se sabe, había comenzado a investigarse después de que un joven que vivía en el Barrio San Francisco de Asís había resultado gravemente lesionado al ser atacado a golpes en su casa, hecho ocurrido el 20 de agosto del año pasado.

Esa investigación en formato de causa penal, desde la Fiscalía a cargo del Dr. Luis Surget, fue recaratulada a un “homicidio” cuando el deceso de la víctima -de 28 años de edad e identificada como Jesús María Lucero- se produjo el pasado 7 de noviembre, mientras estaba internada en el Hospital Pintos.

Dos días después sus vecinos, un joven de 23 años llamado José Daniel Binderup y su padrastro, identificado como Juan Manuel Matteo (31), fueron detenidos acusados de ser los autores de la agresión y procesados por el delito de “homicidio simple y violación de domicilio”.

Días más tarde, en primera instancia, a ambos les dictaron las respectivas prisiones preventivas.

Pero cuando esas medidas cautelares fueron apeladas ante la Cámara por los defensores oficiales de los acusados, el lunes de la semana que pasó excarcelaron al estudiante de Derecho y al trabajador de la CEAL.

En lo dispuesto por los jueces Eduardo Uhalde y José Luis Piñeiro, la rectificación de esas prisiones preventivas obedeció, entre otras cosas, a un cambio de calificación de la causa penal que se continúa instruyendo, en este caso a lesiones graves.

El Dr. De Luca está interviniendo como Particular Damnificado, en su caso como abogado de la madre de Lucero.

Y al hablar con EL TIEMPO sobre lo que está siendo esta investigación, declaró que “en este tiempo que nos queda, antes de la elevación a juicio de la causa, vamos a tratar de revertir la situación y ver si podemos desvirtuar los dichos de los testigos. En definitiva, vamos a insistir para que esta causa sea elevada a juicio como un homicidio. Y en el debate oral se verá la realidad”.

“El encuadre que ahora ha hecho la Cámara es como lesiones graves y violación de domicilio. Y esa -agregó- era una variante posible”, más allá de que el penalista cachariense dijo que no coincide con el enfoque que del caso hicieron ahora los Drs. Uhalde y Piñeiro, los únicos dos jueces que en la actualidad integran la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul.

“A mí me llama la atención que la Cámara recaratule de esa manera. Están los dichos de la víctima, hoy fallecida, que sindican claramente cuál fue la acción desplegada por los imputados”, señaló también De Luca.

“El dolo homicida está claro con las lesiones que sufriera”, dijo en alusión a Lucero, cuya muerte se produjo después de que fue operado en más de una ocasión y de que ingresara y le dieran de alta del Hospital Pintos en varias oportunidades.

“Además, lo dejaron abandonado. Es decir, en cualquier otra causa que yo he tenido en estas circunstancias la Cámara me califica como homicidio. Es más, en las tentativas de homicidio, que yo he estado defendiendo del otro lado, a un imputado, la Cámara me mantiene la calificación con mucho menos. Por eso me sorprende un poco la recaratulación en ese sentido de esta causa. Pero son criterios opinables”, continuó diciendo.

Según contó, la resolución pudo leerla un día después de que las libertades de los imputados fueran dispuestas -el lunes de la semana que pasó-, aunque “no pude extraerle una copia porque era el último día hábil del año”.

“En definitiva, en principio la Cámara hace lugar al cambio de calificación a lesiones graves y violación de domicilio, sustentada más que nada en declaraciones testimoniales relacionadas con esos 72 días que transcurrieron desde la agresión hasta la muerte”, dijo el abogado al referirse a los aspectos de la resolución.

Y agregó: “Se da por acreditada esa agresión física que sufriera Lucero, pero los jueces establecen una especie de relación con la concausa y dicen que a raíz de los testimonios aportados por diversas personas es como que se dio una especie de negligencia por parte de la propia víctima y que eso fue lo que terminó causándole la muerte”.

Una cuestión fundamental

Una de las cuestiones medulares de este caso pasa por establecer con el grado de certeza que se requiere si Lucero murió 72 días después a causa de esa agresión o si, en realidad, su deceso tuvo que ver con otros motivos, teniendo en cuenta que permaneció internado en varias ocasiones y que también lo operaron en más de una oportunidad.

En una de esas operaciones, específicamente la primera, habían que tenido que extirparle el bazo.

Mientras que el abogado De Luca y el Dr. Surget, este último fiscal a cargo del caso -al igual que en primera instancia lo sostuvo el juez de Garantías Federico Barberena- coincidieron en que la muerte de Lucero, ocurrida en noviembre pasado, fue consecuencia directa de esa agresión sufrida meses antes, el criterio de los camaristas fue otro.

De esa forma, los Drs. Uhalde y Piñeiro coincidieron con lo sostenido por los defensores oficiales Adriana Hernández y Diego Fernández en el recurso de apelación que habían presentado, lo que se tradujo en ese cambio de calificación a lesiones graves y en las inmediatas excarcelaciones de ambos imputados, que eran vecinos de la víctima en el Barrio San Francisco de Asís.

En principio se mencionó, en el marco de esa Investigación Penal Preparatoria, que un conflicto vecinal había sido el origen de lo que después fue esa agresión que Lucero sufrió el pasado 20 de agosto, mientras estaba en su casa.

Hasta el momento, incluso para los camaristas que intervinieron dando lugar a la apelación presentada por los defensores oficiales de los acusados, a Binderup y Matteo los acusan de haber sido quienes golpearon aquel día a la víctima, contando para eso también con el testimonio que el propio Lucero brindara en vida.

En una de sus versiones había dicho que también lo golpearon con la culata de una escopeta. Pero el arma de fuego que la Policía incautó cuando allanara la casa de los encausados, el joven que murió en noviembre pasado no la reconoció como esa que, según sostenía, había sido empleada para ser agredido.

“Después de la paliza que le dieron -recordó el abogado De Luca en la entrevista mantenida con EL TIEMPO- Lucero se fue hasta la Unidad Sanitaria del barrio, donde lo atendió una enfermera, que cuando vio la situación inmediatamente pidió una ambulancia para que lo llevaran al hospital”.

“Durante esa primera internación estuvo alrededor de una semana, unos diez días. Ahí es cuando le extirpan el bazo. Pero no quedó bien. Además de eso, quedó muy lesionado en su zona intestinal. A raíz de eso es que vuelve a tener problemas y lo internan otra vez”.

Según De Luca dijo que testigos señalaron en la causa, el joven “andaba en la calle y no se cuidaba” después de cada una de esas ocasiones en las que le daban de alta desde el Hospital Pintos.

“Pero eso no amerita que esa situación no haya sido consecuencia de los golpes que sufrió. Si no le hubiesen pegado la paliza que le pegaron esto no terminaba en una muerte”, dijo para sostener su postura de que al estudiante de Derecho y al trabajador de la CEAL hay que acusarlos de un “homicidio” y no de lesiones graves.

Sobre lo resuelto ahora desde el tercer piso del Palacio de Justicia local, el Dr. De Luca expresó que “no se condice con la realidad de los hechos. La Cámara entendió el cambio de carátula, lo que no significa que ambos -por Binderup y Matteo- no estén imputados ni vayan a juicio”.

Por último, advirtió: “Vamos a seguir insistiendo con nuestra postura. Ahora está la Feria Judicial de verano, por lo que esperamos hasta febrero para ver qué estrategia seguir. En principio vamos a tratar de aportar nuevas pruebas para refutar los dichos de los testigos, que han sido traídos un poco de los pelos”.

 El dato

El Dr. De Luca contó que tenía previsto entrevistarse ayer con los familiares del joven fallecido para hablar con ellos sobre lo dispuesto días pasados desde la Cámara Penal en torno a quienes en principio habían sido acusados del crimen. “Me imagino que la mamá de Lucero ha de estar consternada con esto, porque ella lo que quería era que los acusados llegaran detenidos al juicio oral”, declaró.

ALGUNAS VERSIONES DE LOS TESTIGOS

Entre los particulares aspectos que ofrece el caso, hay una discusión que persiste con relación a si el joven que falleció tenía o no problemas psicológicos.

Mientras que su madre así lo dijo, al igual que lo sostiene el Dr. Pedro De Luca, distintas fueron algunas versiones, sobre todo de profesionales médicos, que están reflejadas en la causa penal que se sigue instruyendo desde la UFI 6 a cargo del Dr. Luis Surget.

“Me llama la atención, y voy a aportar pruebas respecto al estado psicológico de Lucero, que desde el propio hospital una médica que fue a declarar haya  denostado un poco al joven respecto a su comportamiento, cuando nosotros sabemos que era una persona que tenía una discapacidad psicológica”, declaró el abogado.

“Esa médica que declaró se mostraba como enojada con la víctima porque no tenía un comportamiento adecuado en el hospital, porque decía que peleaba y que era un paciente difícil. Yo le pregunté si sabía que él tenía una discapacidad. En ese sentido, yo creo que cualquier profesional tiene que tenerlo en cuenta”.

“Ya sabíamos que Lucero era un paciente difícil por su problema de incapacidad. ¿Eso no se contempló en el hospital? ¿No se dieron cuenta que tenía que ser controlado en caso de que se le diera el alta? Esas preguntas me hacen mucho ruido”, dijo.

Desde el punto estratégico, teniendo en cuenta esa y otras versiones, el abogado que como Particular Damnificado está interviniendo en esta causa penal afirmó que “vamos a tratar de rebatir las testimoniales que fueron prestadas”.

Además de esa versión de la médica, De Luca quiere también que se revise “la declaración de un testigo que dice que Lucero tuvo un incidente en un colectivo, aparentemente una discusión con el chofer, que le pega una cachetada”.

“Ese incidente, que la Cámara lo toma para después resolver, no está establecido la fecha en que ocurrió, porque el testigo no puede precisar en forma exacta cuando sucedió realmente. Pero desde la Cámara lo tomaron como que si Lucero tuvo ese incidente, también ese hecho pudo haber incidido en la causa final de su muerte”.