UN PROYECTO SE TRATARÁ EL MARTES EN EL DELIBERANTE . "Zona Fría" en debate: preocupación en Azul por el posible recorte del beneficio

El oficialismo consiguió un paso clave en la Cámara de Diputados para avanzar con la modificación del régimen de Zona Fría, el sistema que otorga descuentos en las tarifas de gas a millones de usuarios del país. Con apoyo de bloques aliados, La Libertad Avanza logró el dictamen de mayoría y buscará llevar el proyecto al recinto la próxima semana. De aprobarse, la iniciativa implicaría la eliminación del beneficio para más de 80 municipios bonaerenses, entre ellos Azul, y podría traducirse en fuertes aumentos en las boletas de gas para miles de hogares.

En este contexto, y teniendo en cuenta el impacto que la medida podría generar a nivel local, este Diario consultó a las concejales azuleñas Laura Barbalarga y Cecilia Martínez -coautoras, junto al resto de ediles del bloque Fuerza Patria, de un proyecto que será tratado el martes en la sesión ordinaria del legislativo social-, y brindaron su mirada sobre el avance del proyecto en el Congreso y sus posibles consecuencias para los vecinos de la ciudad. Ambas coincidieron en la preocupación por el eventual aumento en las tarifas y analizaron el alcance que tendría la quita del beneficio en una región donde las bajas temperaturas hacen del gas un servicio esencial.

Un beneficio en riesgo

En primer lugar, las ediles contextualizaron el escenario legislativo y remarcaron que no se trata de un intento aislado. "Con este tema hubo varios intentos, creo que es el cuarto intento de sacar la zona fría incorporada en 2021, pero ninguna había prosperado. Ahora lo que vemos es que consiguieron las firmas para el dictamen que se trataría el próximo 20 de mayo", explicó Barbalarga.

Por su parte, Martínez advirtió sobre el retroceso que implicaría la medida: "Es un retroceso ante la conquista de un derecho que reconocía que gran parte de la provincia de Buenos Aires tiene temperaturas muy bajas. Azul, Tandil y Olavarría son de las ciudades con inviernos más duros y perderíamos esa categoría".

Impacto en la vida cotidiana

Ambas concejales pusieron el foco en las consecuencias concretas para los hogares. En ese sentido, remarcaron que el acceso al gas no puede pensarse solo como un servicio más, sino como una necesidad básica.

"Una vivienda sin calefacción no es una vivienda habitable en nuestra ciudad", señalaron, al tiempo que cuestionaron la mirada centralista sobre el consumo energético: "Esto sale de gente que cree que prendemos la calefacción por comodidad, cuando en realidad es una necesidad para atravesar el otoño, el invierno y hasta la primavera", agregó Barbalarga.

Asimismo, recordaron antecedentes recientes: "En 2016 y 2017 mucha gente decidió dar de baja el gas natural por miedo a no poder pagar las facturas. Algunos incluso optaron por la garrafa para poder controlar el consumo, aunque eso implique peor calidad de vida".

Dudas sobre los subsidios y sectores excluidos

Otro de los puntos señalados fue la falta de claridad en torno al esquema de subsidios que podría reemplazar al régimen actual. Si bien el proyecto contempla la continuidad del beneficio para usuarios incluidos en el SEF- subsidio energético focalizado-, las condiciones generan incertidumbre. "No está claro cómo continuaría ese beneficio, de qué monto sería ni a quién alcanzaría realmente", advirtieron.

En esa línea, Martínez amplió: "Las condiciones son muy restrictivas. Quedan afuera hogares de ancianos, clubes, centros de salud, emprendimientos familiares que utilizan el gas para cocinar lo que producen, y todo un entramado social que también depende del gas".

Clima, salud y economía

Por otro lado, Barbalarga subrayó que el factor climático es determinante y no puede ignorarse en el diseño de políticas públicas. "En Azul tenemos más de 40 heladas anuales, con frío no solamente durante la noche sino durante gran parte del día, vientos y humedad. La calefacción es una necesidad innegable", sostuvo.

A su vez, alertaron sobre el impacto en la salud y en la economía familiar: "Pasar frío genera problemas respiratorios como bronquiolitis o broncoespasmos, y también obliga a las familias a resignar calidad de vida. En el momento del 'tarifazo' de 2016 recordamos que hubo jubilados que se acostaban a las seis de la tarde para no prender la calefacción".

En cuanto a alternativas como el uso de garrafas, remarcaron que resultan insuficientes: "El programa Hogar está desactualizado. Hoy una garrafa cuesta el doble de lo que cubre el subsidio y con una sola no alcanza para todo el mes. El beneficiario percibe 9.900 pesos y el costo real es cerca de 20 mil. Y semana a semana se sufren aumentos".

Un debate político y estructural

Finalmente, las concejales plantearon que el debate trasciende lo tarifario y responde a un modelo de país. "Se instala que se subsidia a los sectores de mayores ingresos, pero el clima no distingue entre ricos y pobres. Es una política que debe ser equitativa", expresó Barbalarga. En la misma línea, cuestionaron la eliminación de aportes al fondo que sostenía el régimen: "Antes, hasta 2022 tenía superávit y ahora ya no alcanza, dejó de ser eficiente, pero al mismo tiempo se dejó de cobrar esa cuota para el fondo a las empresas exportadoras. Es una transferencia de recursos hacia sectores concentrados", indicaron.

De cara a lo que viene, adelantaron que impulsarán acciones a nivel local: "Vamos a presentar esta semana un proyecto de Resolución y a llevar el tema al Concejo Deliberante para generar conciencia. Esto no tiene que ver con partidos políticos, sino con una medida que afecta a toda la comunidad, que cada concejal lleve este requerimiento a sus representantes en el congreso para que sepan la situación y no voten esta medida", concluyó Martínez.

En ese marco, el futuro del régimen de Zona Fría aparece como un tema central no solo en el Congreso, sino también en ciudades del interior como Azul, donde el invierno convierte al gas en un recurso indispensable para la vida cotidiana.

En esa misma línea, las concejales también se refirieron a versiones que comenzaron a circular en torno a una posible transferencia de responsabilidades hacia los gobiernos locales. "Se está instalando que esto lo deberían resolver los intendentes, pero es imposible que un municipio absorba una medida de este tipo", advirtieron. Y agregaron: "Hoy los municipios ya están afrontando demandas que antes correspondían a Nación, como medicamentos o asistencia social. Pretender que, además, se hagan cargo del impacto de las tarifas energéticas es desconocer que tienen recursos limitados". En ese sentido, remarcaron que trasladar esa carga implicaría profundizar aún más las desigualdades entre distritos.

Finalmente, ambas ediles coincidieron en que el debate debe darse con información clara y contemplando la realidad de cada región. "No se puede tomar una decisión de este impacto sin explicar cómo va a ser la transición ni qué va a pasar con las familias", señaló Barbalarga. "Esto no es un privilegio ni un gasto innecesario, es una herramienta que garantiza condiciones básicas de vida. Quitarla sin alternativas concretas no solo implica un aumento en las tarifas, sino también un retroceso en términos de equidad y calidad de vida para miles de vecinos", concluyó Martínez.