CONTRA EL AJUSTE DEL GOBIERNO NACIONAL . "Queremos que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad"

Integrantes del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de esta ciudad dialogaron con EL TIEMPO acerca del incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y sobre el rechazo al nuevo proyecto que recientemente acaba de presentar el gobierno nacional de La Libertad Avanza.

En primer lugar, Sandra Larsen recordó que, desde el 2025, el colectivo de personas y familiares de personas con discapacidad vienen con complicaciones y con muchas "idas y vueltas" por la mencionada ley. "Después de los vetos se logró la aprobación y la reglamentación de la ley de Emergencia en Discapacidad y lo que estábamos esperando desde todos los consejos y desde los foros de los que participamos, era la aplicación de la ley. Pero, sin embargo, desde el Ejecutivo nacional surgió este proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez", explicó y señaló que fue a través del informe que les brindó la senadora provincial María Inés Laurini que se enteraron de este contraproyecto libertario.

"Obviamente -puntualizó Larsen-, estamos en contra de la presentación de esta nueva ley, porque en realidad modifica artículos esenciales que considerábamos importantes con la ley de emergencia. Y esta presentación que hace el gobierno nacional, justamente, va en contra de lo establecido en esa ley de emergencia. Va en contra desde los re empadronamientos, desde las auditorias médicas masivas y, sobre todo, por la mirada que tiene acerca de la persona con discapacidad que está cobrando una pensión, porque se la trata como si estuviera delinquiendo por el término que se usa. Y se está recayendo en una justificación que marca lo que las personas con discapacidad tienen que hacer con su discapacidad", agregó.

En ese sentido, graficó el cambio que propone el gobierno con la eliminación del nomenclador y remarcó: "Antes había un nomenclador único que era la base para que las obras sociales o las prepagas puedan pagar los tratamientos de las personas con discapacidad. Esta nueva ley anula ese nomenclador y deja en manos de las obras sociales y prepagas para poder pagar por esos servicios los importes que ellos quieran".

Por otra parte, Sandra Larsen consideró que la eliminación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) luego de las denuncias y los escándalos por corrupción, significó que todo el universo de discapacidad dependa hoy de la cartera de salud. Destacó que "esto no debería implicar un mayor problema que se pase de una oficina a la otra. Siempre y cuando no esté lleno de burocracia y complicaciones a la hora de realizar trámites, de tramitar tu CUD o de tramitar una pensión no contributiva. Y más allá de las figuras o de los nombres que estén a cargo la cosa es poder simplificar todo y no hacerlo más complejo".

En este punto la acompañante terapéutica y vocal del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, Sara Varela, sostuvo que, a su entender, actualmente "está siendo cada día más complicado para una persona con discapacidad integrarse a la sociedad. También es muy difícil que se puedan enterar y estar informados sobre todo lo que se ha ido haciendo y deshaciendo en los últimos meses en materia de los derechos y los beneficios que tienen justamente las personas con discapacidad".

Más adelante Larsen aseguró que, más allá de los planteos que hagan las autoridades políticas de turno, "el Estado sigue teniendo la potestad de auditar y de controlar".

"Acá lo que molesta e incómoda mucho son las formas y los procedimientos que se eligen para hacerlo. Y no se puede tolerar que se establezca la palabra fraude para denominar a las personas que reciben una pensión por invalidez, porque un fraude es un delito. Primero les costó aceptar que la ley de emergencia fue aprobada y ahora vienen con una segunda propuesta de modificar artículos claves de la ley y lo único que hacen es complicar y poner siempre la mirada sobre la persona con discapacidad", recalcó Larsen y siguió: "El año pasado tuvimos que vivir el lamentable accionar que entre otras cosas incluyó el envío de cartas documentos para realizar las auditorías a domicilios inexistentes. Ahora plantean un re empadronamiento masivo que realmente es avasallador y va en contra de todo lo que ya se había logrado para las personas con discapacidad".

Por último, la presidenta del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de Azul afirmó que todos los cambios que ha planteado en gobierno de Javier Milei en materia de discapacidad han terminado "perjudicando o afectando a las personas con discapacidad".

"Y más allá que nosotros acompañamos el repudio que ha presentado la senadora Laurini junto a otras dos senadoras en la legislatura bonaerense acá lo único que pretendemos y queremos es que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad. Porque ya está reglamentada, ya está establecida y no queremos que venga una nueva ley a modificar lo que ya se logró", concluyó.