LO PRESENTÓ INÉS LAURINI EN EL SENADO BONAERENSE . Rechazan el proyecto de ley del Ejecutivo nacional vinculado con "el fraude de pensiones por invalidez"

El Senado de la provincia de Buenos Aires "manifiesta su más enérgico repudio al proyecto denominado 'Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez' por resultar regresivo en materia de derechos sociales, incompatible con el marco jurídico vigente y contradictorio con el reciente reconocimiento legislativo de la emergencia en discapacidad", se indica en un proyecto de Declaración presentado por la senadora provincial María Inés Laurini, que fue acompañado por sus pares Evelyn Díaz y María Rosa Martínez.

Se indica que, "asimismo, el Senado expresa su rechazo político e institucional a su eventual tratamiento legislativo, solicitando formalmente [al Senado y a la Cámara de Diputados de la Nación] que se abstengan de dar curso y tratamiento al referido proyecto, en resguardo de los derechos adquiridos de las personas con discapacidad y del orden jurídico vigente".

"Del mismo modo -añade Laurini en su iniciativa-, este Senado exige al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento íntegro, efectivo y sin dilaciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad actualmente vigente, garantizando su implementación plena, su financiamiento adecuado y el respeto de los derechos que la misma reconoce".

Por otro lado, se menciona que "el pasado viernes 17 de abril, con las firmas de Javier Gerardo Milei, presidente de la Nación; Mario Iván Lugones, ministro de Salud; y Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Ministros, a través del mensaje MEN-2026-109 APN-PTE se conoció el texto del proyecto denominado 'Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez'"

En ese contexto, se subraya que "el proyecto de 'Ley contra el Fraude de Pensiones por Invalidez' se constituye en un nuevo ataque del Poder Ejecutivo Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), construida mediante la movilización popular y sostenida en el Congreso de la Nación con amplio consenso político, una ley que reconoce la existencia de una crisis estructural en el sistema de discapacidad, declara su emergencia y establece la necesidad de garantizar prestaciones, regularizar pagos y actualizar aranceles según inflación, justamente para evitar el colapso del sistema".

"Tras el intento de veto y la demora en la implementación fue necesaria la intervención de la Justicia y ahora intenta modificarla para recortar su alcance", se añade.

En tanto, se menciona que "la Ley de Emergencia en Discapacidad es la expresión democrática de un diagnóstico colectivo: el sistema requiere fortalecimiento, financiamiento y continuidad, no retrocesos".

"En ese marco, la iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo Nacional introduce un cambio de paradigma que resulta profundamente preocupante. Bajo el argumento del control del fraude, desplaza el eje de la política pública desde la garantía de derechos hacia la sospecha generalizada sobre las personas beneficiarias del sistema", puntualiza Laurini.

Remarca, por otra parte, que "el mecanismo de reempadronamiento masivo implica, en los hechos, una inversión de la lógica del derecho social: ya no es el Estado quien debe acreditar irregularidades en casos concretos, sino las personas con discapacidad quienes deben demostrar reiteradamente su condición para sostener derechos ya reconocidos".

"Esta inversión de la carga de la prueba no es un detalle administrativo, sino una afectación sustantiva de garantías básicas, con riesgo concreto de exclusión por barreras burocráticas, dificultades de acceso o fallas en procedimientos masivos", se expresa, para luego indicar: "A ello se suma la discusión en torno a la posible eliminación o desarticulación del nomenclador de prestaciones básicas del sistema de discapacidad, instrumento central de la Ley 24.901. Este mecanismo no es meramente técnico: constituye el piso común que ordena el acceso, financiamiento y reconocimiento de prestaciones en todo el país".

Laurini considera que "su debilitamiento implicaría trasladar la definición de derechos esenciales a lógicas de negociación asimétrica entre financiadores y prestadores, profundizando desigualdades territoriales, precarizando servicios y afectando directamente la continuidad de tratamientos indispensables para la vida y la autonomía de las personas con discapacidad".

En tanto, "desde el punto de vista jurídico, la iniciativa colisiona con principios estructurales del orden constitucional argentino, entre ellos el principio de progresividad y no regresividad consagrado en la Constitución Nacional Argentina y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con los principios de seguridad jurídica y confianza legítima".

"El Estado -sostiene la legisladora azuleña- conserva potestades de control y auditoría, pero estas deben ejercerse de manera razonable, proporcional y focalizada, sin convertir al conjunto de los beneficiarios en objeto de sospecha permanente ni comprometer la continuidad de derechos esenciales".

También sostiene que "la experiencia comparada y la doctrina judicial han sido claras en ese sentido: la revisión de beneficios es admisible únicamente cuando es individualizada, fundada y respetuosa de garantías, nunca cuando adopta formas masivas que trasladan el riesgo institucional hacia los sectores más vulnerables".

"En definitiva, lo que se encuentra en debate no es sólo una herramienta administrativa, sino el modelo de política pública en materia de discapacidad. Uno basado en la protección y garantía de derechos, o uno que prioriza la lógica del ajuste, la desregulación y la sospecha estructural. Por todo lo expuesto, este Senado considera necesario expresar no sólo su repudio, sino también una posición activa en defensa del orden jurídico vigente, solicitando la no consideración del proyecto en ambas cámaras del Congreso de la Nación y exigiendo al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento pleno de la normativa vigente en materia de emergencia en discapacidad", se expresa finalmente en el proyecto de Declaración.

Con el Consejo local

Desde la mesa ejecutiva del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad se informó que se mantuvo una reunión con la senadora provincial María Inés Laurini. "Con ella dialogamos y nos informamos del proyecto de Declaración presentado en la Cámara de Senadores repudiando el proyecto denominado 'Ley contra el fraude de pensiones por invalidez' por resultar agresivo por resultar hacia los derechos de las personas con discapacidad, incompatible con el marco jurídico vigente y contradictorio con el reconocimiento de la emergencia en discapacidad".

Se indicó que, "como Consejo acompañamos la exigencia al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento íntegro, efectivo y prontamente de la ley de emergencia en discapacidad (Ley 27.793) vigente actualmente, aprobada por ambas cámaras".

"Las personas con discapacidad, sus familias, prestadores e instituciones no pueden seguir esperando. Las necesidades son reales", se afirmó desde el nucleamiento que preside Sandra Larsen, con la secretaría de Paula Canevello y las vocalías titulares de Sara Varela Florencia Pérez y Daniel Corrado; y vocalías suplentes de María Berra y Gabriela Lambusta.