Con deliberaciones en Nueva York desde este lunes, se realizará el tercer período de sesiones del Comité ad hoc que negocia una Convención Internacional sobre Ciberdelitos de la ONU. En ella participará el Dr. Rodrigo Ezequiel Bionda, titular en Azul del Juzgado Civil y Comercial N° 2, aunque lo hará como representante de una universidad argentina.

Durante una entrevista con EL TIEMPO, el magistrado explicó que la Asamblea General de ONU "dispuso la creación de un comité especial que está encargado de elaborar una convención integral sobre la lucha contra la utilización de la tecnología de la información y la comunicación con fines delictivos".

Explicó que "ese comité especial, que está presidido por una mujer argelina y está integrado por representantes de todas las regiones del mundo, decidió que dicho comité fuera intergubernamental de expertos, pero que además fuera de composición abierta, representativo de todas las regiones y que tuviera en cuenta las opiniones de las asociaciones no gubernamentales, de las asociaciones de la sociedad civil y de múltiples partes interesadas".

En ese sentido "se abrió una convocatoria, un registro de admisión, y tenía que postularse una institución sugiriendo un representante. En el caso de Argentina lograron ser admitidas solamente dos instituciones. Una es la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y la otra es una universidad privada, la Universidad Católica de La Plata, de la cual yo soy el representante. Es la única universidad argentina que acreditó y en Latinoamérica lograron acreditarse solamente tres universidades: la UNAM (México), la Universidad Nacional de Chile y la que yo represento por Argentina".

164 países

El Dr. Bionda indicó que, "una vez admitidos como múltiples partes interesadas, comenzamos a transitar la convocatoria que hace Naciones Unidas. Este comité tiene una modalidad de participación que se divide en el período de sesiones, que es de diez días [a partir de mañana] y entre sesiones se hacen consultas intersesionales, que son reuniones de trabajo, con menos estructura, pero en las cuales están invitados a participar los 164 países miembros de Naciones Unidas, con además las más de 150 múltiples partes interesadas admitidas, entre las que se encuentra el FBI, hasta Amazon, Microsoft, Meta, Facebook, y organizaciones no gubernamentales de todas partes del mundo; entonces, es muy interesante todo lo que se está trabajando".

Se ha previsto un período de trabajo de diez sesiones. "La última está programada para 2024 -explicó el juez-, que sería el cierre y se haría la presentación del documento, esto es, la propuesta concreta de regulación de delitos por el uso de la tecnología y las ciencias de la comunicación".

Apuntó que, "si hay algo que tiene esto de característico, es la asincronía. Es decir, sin coincidencia temporal entre aquel que comete el delito y aquel que es víctima, y la deslocalización geográfica. En el ecosistema digital, las delimitaciones políticas de los Estados miembros se diluyen, con lo cual se hace mucho más complicado la investigación, la persecución y la cooperación en torno estos delitos".

Por ese motivo, "esta convención trata, de alguna forma, de lograr alcanzar la ubicuidad en términos tecnológicos, que significa esta posibilidad de interactuar de modo simultáneo y asincrónico en diferentes partes del mundo, sin limitaciones de ninguna índole".

No es un único aspecto. Bionda señaló que "también permite reflejar las posiciones de los diferentes países miembros. En esta tercera sesión que se realizará en Nueva York, entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre, se van a tratar las posiciones vinculadas con lo que es cooperación internacional, la asistencia técnica entre los diferentes países miembros para la investigación y la persecución de los delitos. Se va a trabajar todo lo que tiene que ver con las medidas preventivas. Estratégicamente deberíamos adoptar una serie de medidas para proteger a toda la población en general; a hacer hincapié en alguna franja etaria de algún sector de la población que son hipervulnerables o que son más fácilmente sujeto de ser víctimas de un delito, como es el caso de niños, niñas y adolescentes".

Del mismo modo "se va a trabajar el caso de los adultos mayores; las disposiciones vinculadas sobre los mecanismos de aplicación de la convención, si va a haber un organismo específico para resolver disputas entre los Estados, porque en todo esto que se está tratando hay muchas diferencias, ya que hay países mucho más restrictivos en torno a la posibilidad de dar acceso a la información que ellos poseen; en torno a la extradición, de posibilidad la extradición de sus connacionales como consecuencia de la comisión de delitos de esta naturaleza".

"Y se van a tratar -añadió el magistrado- disposiciones finales de todo lo que tiene que ver con la redacción de un preámbulo, que sienta los objetivos, los caminos para alcanzar esos objetivos y algunas otras cuestiones que van surgiendo a lo largo del período de sesiones".

Bionda expuso que "se trabaja en dos franjas horarias, de 10 a 13 y de 15 a 18, en dos modalidades: presencial con acreditación de pase, y la híbrida, que es la que yo voy a participar en esta ocasión", en tanto "trabajamos a través de una plataforma que tiene un sistema de registro y un sistema de gestión propio, con una plataforma de interacción remota propia de Naciones Unidas".

Son 164 los países que participan de las sesiones de Naciones Unidas. En 2024 se conocerá el documento sobre ciberdelitos, en todos sus aspectos.

Anticipándose

Bionda lleva quince años al frente del Juzgado Civil y Comercial 2 de Azul, pero además dicta clases en diversas instituciones académicas del país y el exterior. Al ser consultado sobre su particular interés por la temática de los ciberdelitos, explicó que "desde el punto de vista de la gestión, me he anticipado en algún punto a los tiempos y, de hecho, a nosotros [en el Juzgado] la pandemia no nos sorprendió, como ocurrió en la prestación de servicios de Justicia analógico, porque nosotros ya veníamos trabajando en un ecosistema digital".

En ese contexto, "todo ese trauma mundial que generó la pandemia, a nosotros, en lo que es la prestación de servicios de Justicia -la llegada hacia el justiciable-, no nos afectó en nada, porque vengo trabajando en torno a una idea, desde hace mucho tiempo: nosotros no esperamos que el justiciable nos busque; nosotros llegamos hasta donde el justiciable está, a través de varios puentes comunicacionales". Pero aclaró: "Eso significa que cuando uno se expone a la interacción en los ecosistemas digitales, implica ver no solamente todo lo que tiene de bueno, sino también adelantarse a las complicaciones que esto trae aparejado; fundamentalmente, exponerse a la comisión de delitos".

El magistrado mencionó que, "de hecho, en el último tiempo, cuatro o cinco poderes judiciales de la Argentina han sido víctimas de ciberataques a través de ransomware, que es un virus que ingresa por lo general por lo que se denomina "puerta trasera" (backdoor) y secuestra, encripta la información con la cual trabajan los sistemas operativos de cada Poder Judicial, y a cambio de la liberación de ese secuestro se pide un rescate. Le pasó al Poder Judicial de Chaco, recientemente al de Córdoba y en provincia de Buenos Aires se dio una situación similar, en la cual, si bien no hubo secuestro del sistema operativo, sí hubo filtración, toma de datos de la nómina de funcionarios, magistrados y empleados del Poder Judicial, y se puso a la venta en una plataforma donde todo esto se comercializa".

Remarcó un aspecto fundamental. "Tenemos que pensar esto: hoy los datos son el petróleo de la actualidad y del futuro".

En efecto, "si hoy, a través de la extracción o de la minería de datos, se genera el "excedente conductual", es decir, se extrae qué conducta lleva cada individuo a través de la minería de datos y con eso se confeccionan modelos predictivos, que todo el mundo conoce como "algoritmos", para prever cuál va a ser la conducta futura de cada persona".

Bionda aseguró que "esta interacción de ecosistemas digitales implica tener la conciencia de poder explotar todo lo bueno y ponerse a cubierto de todo lo malo. En ese trance, uno advierte que existe la posibilidad de que se cometa infinidad de delitos -con los organismos, con el personal, con los justiciables-, que hace que vayamos abriendo el paraguas y todo ese bagaje".

Ciberdelitos

El magistrado indicó, por un lado, que "doy clases en organismos nacionales y extranjeros" y, por el otro, que su participación en la convención de Naciones Unidas permitirá "poder compartir [el conocimiento]; poder aportarlo, para hacer algo que pueda llegar a beneficiar en torno a lo que es la persecución de delitos de esta naturaleza".

En tal sentido subrayó que "esta convención comprende el universo más amplio posible de delitos cometidos a través de la tecnología y uso de la comunicación, que va desde una suplantación de la identidad o el robo de identidad a través de algún sistema de mensajería instantánea -WhatsApp, Telegram, etc.-, pasando por estafas cometidas en el área de la Fintech -tecnología financiera-, es decir, hacer compras con datos de tarjetas de víctimas en diferentes plataformas -MercadoLibre, Amazon, etc.-, hasta el lavado de activos en lo que es la Blockchain o redes criptográficas como Tedious, en las que la información está encriptada y en principio se dificulta mucho la individualización de quiénes son los que operan en esas redes. También incluye la comisión de delitos de ciberterrorismo, como puede ser el caso acontecido en Estados Unidos, donde a través de un ransomware le encriptaron toda la información a un hospital y le impidieron el acceso a las historias clínicas de los pacientes. Extrajeron esa información y se comercializó en la Deep Web, que es el mercado negro de la comercialización de datos".

Bionda dijo a EL TIEMPO que "esto abarca todo eso, además de los delitos típicamente penales que significan el sexting, el grooming, la captación de personas a través del uso de estos medios. Y todo eso, con las diferentes idiosincrasias en los que esos delitos se perpetran, ya que está interactuando desde Angola o Argelia, hasta Estados Unidos y Rusia. Con esa heterogeneidad de realidades es que se está tratando de consensuar un documento común".

En tanto puntualizó que, hoy en día "todos los sistemas digitales son vulnerables, no hay ninguno que sea infalible, con mayor o menos dificultad para el acceso", el magistrado informó que "una de las cuestiones que se está tratando, es la asistencia técnica: lograr un puente comunicacional, a través de un punto común, todos los países, las 24 horas del día, todo el año, para acceder a la información que permita detectar la comisión de un delito y a su autor, sin que haya demora temporal".