Un juez de Garantías dictó las detenciones para los dos varones y la mujer que durante procedimientos realizados el pasado miércoles en esta ciudad, en el marco de una investigación por una infracción a la Ley 23737, habían sido aprehendidos, informaron voceros judiciales a EL TIEMPO.

En tres de los cuatro objetivos allanados aquel día por personal policial se habían hallado e incautado pequeñas dosis de marihuana y cocaína, elementos que estarían relacionados con la comercialización al menudeo de ese tipo de sustancias estupefacientes y teléfonos celulares. También, una considerable cantidad de dinero, entre pesos y dólares.

Dando lugar a un pedido formulado por Lucas Moyano, el fiscal a cargo de la UFI 22 que tiene a su cargo esta investigación penal preparatoria, las medidas cautelares para los encausados fueron ordenadas anteayer por Federico Barberena, el magistrado titular del Juzgado de Garantías número 2.

Los ahora detenidos habían sido identificados como César Nicolás Alaniz, un ex empleado judicial que tiene 62 años; Sonia Alejandra Balbuena (34) y Tomás Villanueva (24).

Son considerados autores del delito de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas al consumidor, calificada por la intervención organizada de tres personas.

Al día siguiente de que resultaran aprehendidos durante los referidos allanamientos -que además de los inmuebles donde se domicilian incluyó que se realizara otro en una casa ubicada sobre la calle Cáneva, que arrojó resultados negativos para esta investigación penal- los imputados habían sido indagados desde la UFI 22 y se negaron a declarar.

Posteriormente, el fiscal Moyano solicitó las detenciones a las que diera lugar hace dos días el magistrado Barberena.

Hasta el momento los acusados continúan privados de la libertad en la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, la dependencia policial ubicada sobre la Avenida Mitre entre Maipú y 1° de Mayo.

En la resolución que convirtió a sus aprehensiones en detenciones el titular de Garantías 2 ordenó también que, una vez que se consigan los cupos correspondientes, el ex trabajador judicial, el joven chofer y el ama de casa sean trasladados al "Sistema de Alcaidías del SPB".

Arrestados

El miércoles que pasó, contando con órdenes dispuestas también por el juez de Garantías Barberena, personal de la división antinarcóticos local había llevado a cabo los allanamientos que derivaron en los arrestos de los acusados.

Mientras que Alaniz y Balbuena fueron aprehendidos en la casa donde se domicilia la mujer, ubicada en Lamadrid y Las Flores, Villanueva había sido arrestado en un inmueble situado en Abeberry y Arenales.

La mayor cantidad de dinero en efectivo, entre pesos y dólares, se secuestró en el domicilio del ex empleado del Poder Judicial, quien años atrás había sido procesado por un caso de abigeato por el que después le fue otorgada una "probation".

Ese allanamiento tuvo como escenario una casa situada sobre la calle Puan entre Necochea y Arenales de este medio.

De acuerdo con las pesquisas, se presume que el dinero hallado formaría parte de lo recaudado a través de esa actividad ilegal que les están atribuyendo en carácter de autores a los ahora detenidos.

Una investigación iniciada meses atrás, luego de una denuncia telefónica anónima recibida en la Policía, se tradujo el pasado miércoles en las realizaciones de los allanamientos y las aprehensiones.

Entre las pruebas reunidas en esta causa penal figuran varias horas de escuchas a los teléfonos de los imputados, que estaban intervenidos desde tiempo atrás desde la Justicia.

En ese mismo contexto, se lo señala a Alaniz como el hombre que se encargaba de conseguir la droga, estupefacientes que después les entregaba a Balbuena y Villanueva para que los comercializaran bajo la modalidad conocida como "narcomenudeo".

Si bien los propios investigadores reconocieron que no fueron grandes cantidades de droga las que se incautaron en estos procedimientos, una circunstancia que complica la situación de los acusados se relaciona con el hecho de que ya estaban fraccionadas en pequeñas dosis para su presunta comercialización al menudeo.

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