DESDE EL CONCEJO DELIBERANTE . Apoyo legislativo a un proyecto sobre prevención del sobreendeudamiento

Desde el bloque UCR se presentó, en la última sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Azul, un proyecto de Resolución referido a solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación el pronto tratamiento del proyecto de ley -presentado por el diputado Pablo Juliano y denominado "Régimen de Protección y Defensa de Usuarios Financieros y Prevención del Sobreendeudamiento en el Sistema de Crédito"-. La iniciativa se aprobó por mayoría.

El autor del proyecto, concejal Agustín Puyou, señaló en su proyecto que "el endeudamiento de las familias constituye una problemática económica y social de creciente relevancia, cuya dimensión excede la existencia de obligaciones financieras y se encuentra directamente vinculada con la capacidad de los hogares para sostener sus consumos cotidianos y afrontar sus necesidades esenciales".

"Durante los últimos años -añadió- se ha producido una transformación de las modalidades de acceso al crédito, a partir de la expansión de créditos personales, tarjetas de crédito, proveedores no financieros, plataformas fintech, billeteras virtuales y diferentes mecanismos de financiamiento digital. Dichas herramientas permitieron ampliar el acceso al financiamiento, pero paralelamente incrementaron la velocidad, facilidad e inmediatez con la cual una persona puede contraer obligaciones simultáneas con distintos proveedores, generando nuevos riesgos vinculados al sobreendeudamiento".

Para el edil, en consecuencia, "esta problemática tiene una manifestación concreta en el Partido de Azul, conforme surge del análisis de la información publicada por la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina correspondiente al mes de junio de 2026. De acuerdo con dicho relevamiento, 42.349 personas del Partido de Azul registraban algún tipo de obligación financiera, acumulando una deuda total de $236.532.77 millones. Dentro de ese universo, 8.793 personas se encontraban en situación de mora, considerando a tal efecto las situaciones 3, 4 y 5 de la clasificación del Banco Central de la República Argentina, correspondientes a atrasos superiores a 90 días. En términos de personas, ello significa que aproximadamente el 20,8% de los deudores del Partido de Azul se encontraba en mora, es decir, prácticamente uno de cada cinco vecinos con obligaciones financieras registraba atrasos superiores a tres meses".

Por otro lado, se puntualizó que "el monto de las obligaciones correspondientes a personas en situación de mora ascendía a $27.769,83 millones, equivalente al 11,74% del monto total adeudado en el Partido"; por lo que "resulta necesario distinguir ambos indicadores, toda vez que el 11,74% expresa la proporción del dinero adeudado que se encuentra en mora, mientras que el 20,8% refleja la proporción de personas endeudadas que presentan atrasos superiores a 90 días, permitiendo dimensionar de manera más adecuada la extensión social del fenómeno".

Asimismo, "el análisis según el tipo de entidad acreedora revela características diferenciadas dentro del mercado de crédito local. Los bancos públicos registraban en Azul 22.073 deudores, con obligaciones por $143.609,21 millones, de los cuales aproximadamente $11.637 millones se encontraban en mora, representando una tasa de mora del 8,10%. Los bancos privados, por su parte, registraban 13.377 deudores, una deuda total de $62.549,21 millones y aproximadamente $8.752,55 millones en mora, con una tasa de irregularidad del 13,99%. Conjuntamente los bancos públicos y privados concentraban aproximadamente el 87% de la deuda financiera total registrada en el Partido de Azul y el 73% del monto de las obligaciones en mora, circunstancia que demuestra que el sistema bancario tradicional continúa concentrando el mayor volumen del financiamiento otorgado".

"Sin embargo, el análisis proporcional muestra una realidad diferente, ya que las mayores tasas de mora se encuentran fuera del sistema bancario tradicional", añadió Puyou, para continuar: "Los proveedores no financieros de crédito presentan una tasa de mora del 42,45%, constituyendo el segmento con mayor nivel relativo de irregularidad entre los considerados en el relevamiento, y registrando 4.022 deudores en mora. Los denominados neobancos -aplicaciones o billeteras que también ofrecen crédito- registran una tasa de mora del 21,77% y 2.773 deudores en mora".

Por su parte, "las empresas no financieras emisoras registran una tasa de mora del 21,41% y 1.766 deudores en mora, mientras que los bancos privados registran 1.702 deudores en mora y los bancos públicos 2.199. Estos datos permiten advertir una doble característica del fenómeno: mientras los bancos tradicionales concentran los mayores montos de deuda, los niveles relativos más elevados de incumplimiento aparecen en proveedores no financieros y mecanismos asociados al crédito digital. Esta situación resulta especialmente relevante teniendo en consideración la facilidad con la que actualmente pueden contratarse líneas de crédito mediante aplicaciones, plataformas digitales y billeteras virtuales, muchas veces a través de procesos prácticamente inmediatos y con escasa interacción humana".

Puyou señaló que "el análisis de las condiciones efectivamente ofrecidas por las entidades demuestra, además, que la tasa nominal no refleja por sí sola el verdadero costo que debe afrontar el usuario, resultando considerar la Tasa Efectiva Anual (TEA) y el Costo Financiero Total (CFT), que incorpora intereses, impuestos y demás cargos asociados a la operación y permite dimensionar con mayor precisión cuánto termina pagando una persona por el financiamiento obtenido. A modo de referencia, el Banco de la Provincia de Buenos Aires publica actualmente para determinadas líneas de préstamos personales destinadas a quienes perciben sus haberes en dicha entidad una Tasa Nominal Anual del 97,40% y un costo Financiero Total Efectivo Anual del 155,10%, mientras que para quienes no acreditan haberes la Tasa Nominal Anual alcanza el 99,10% y el costo Financiero Total Efectivo Anual de 159,14%, demostrando que aun dentro de una entidad bancaria pública el costo final del financiamiento puede resultar considerablemente superior a la tasa nominal inicialmente informada".

"Incluso dentro de una misma entidad las condiciones varían significativamente según el producto, el perfil del usuario y el destino del crédito, pudiendo observarse, por ejemplo, que el Banco Provincia ofrece durante agosto de 2026 una línea específica denominada 'Provincia Compras' con una Tasa Nominal Anual del 62% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual del 83,04%, previendo además para los supuestos de incumplimiento intereses punitorios equivalentes al 50% de la tasa compensatoria, circunstancia que demuestra cómo la mora puede adicionar nuevas cargas económicas a personas que ya atraviesan dificultades para afrontar sus obligaciones".

En esa línea, puntualizó que "las condiciones de financiamiento de las tarjetas de crédito constituyen asimismo un factor relevante dentro del endeudamiento de los hogares, particularmente cuando el usuario no puede cancelar la totalidad del resumen y debe refinanciar el saldo, verificándose en los cuadros publicados por el Banco de la Nación Argentina para 2026 tasas de financiación que alcanzaron una TNA del 79,13%, una TEA del 115,25% y un Costo Financiero Total Efectivo Anual del 151,35%, mientras que determinadas modalidades de adelanto de efectivo exhibieron costos financieros efectivos anuales todavía superiores, mostrando el fuerte encarecimiento que puede producirse cuando el crédito deja de utilizarse ocasionalmente y comienza a funcionar como mecanismo recurrente para cubrir gastos".

"La situación -se añade- adquiere mayor gravedad en el universo de las fintech y plataformas digitales de crédito, donde los costos pueden superar ampliamente los observados en el sistema bancario tradicional; a modo de ejemplo, Ualá informa actualmente para sus préstamos personales una Tasa Nominal Anual (TNA) que puede variar entre el 62% y el 149%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) entre el 83,04% y el 307,35%, y un Costo Financiero Total (CFT) que puede alcanzar el 436,38% anual, dependiendo del perfil crediticio del usuario, evidenciando que el costo efectivo del financiamiento puede multiplicar varias veces el capital originalmente recibido. En el caso de las líneas de financiamiento ofrecidas a través del ecosistema de Mercado Pago y Mercado Libre mediante Mercado Crédito, las condiciones publicadas actualmente contemplan una Tasa Nominal Anual (TNA) que puede variar entre el 90% y el 140%, una Tasa Efectiva Anual (TEA) entre el 90% y el 276% y un costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) que puede alcanzar hasta el 488%, dependiendo de la evaluación crediticia y de las condiciones particulares ofrecidas a cada usuario".

Para Puyou, "estos valores permiten dimensionar las diferencias existentes entre las distintas alternativas de financiamiento disponibles pata los consumidores, particularmente cuando el acceso al crédito se realiza a través de plataformas digitales de utilización cotidiana, donde la inmediatez en la contratación puede convivir con costos financieros que, en determinados perfiles, alcanzan varias veces el capital financiado en términos anuales, reforzando la necesidad de garantizar información clara sobre el Costo Financiero Total, evaluar integralmente la capacidad de pago y prevenir que la utilización reiterada de estas herramientas derive en situaciones de sobreendeudamiento".

"El sobreendeudamiento -observó Puyou- no puede analizarse exclusivamente a partir de decisiones individuales de consumo, sino que requiere considerar también la estructura, modalidades y condiciones bajo las cuales se ofrece y concede el crédito. Frente a esta realidad resulta necesario avanzar hacia un concepto de crédito responsable, mediante el cual quienes ofrecen financiamiento incorporen mecanismos destinados a evaluar razonablemente la capacidad real del usuario para asumir nuevas obligaciones".

El proyecto nacional referido "propone precisamente establecer un régimen integral destinado a garantizar condiciones de equidad, transparencia, trato digno, acceso a información adecuada y justicia contractual en las relaciones financieras. La iniciativa define al sobreendeudamiento como aquella situación en la cual el usuario no puede cumplir sus obligaciones financieras sin comprometer su subsistencia o la de su grupo familiar, afectando el acceso a bienes y servicios esenciales o deteriorando significativamente su calidad de vida. Esta definición resulta relevante porque reconoce que el problema no puede reducirse únicamente al incumplimiento contractual, sino que debe analizarse en función de las consecuencias que la carga financiera produce sobre la economía familiar. El proyecto establece como principio rector la responsabilidad en el otorgamiento del crédito, imponiendo a los proveedores la obligación de realizar una evaluación razonable, suficiente y actualizada de la capacidad de pago del usuario antes de conceder financiamiento".

Para esa evaluación "deberán considerarse, entre otros elementos, los ingresos disponibles, el nivel de endeudamiento previo, las obligaciones preexistentes, el comportamiento crediticio y las características particulares de la operación. Esta previsión guarda una relación directa con la realidad observada en Azul, particularmente respecto de los segmentos asociados al crédito no bancario y digital, donde se registran tasas de mora significativamente superiores a las del sistema bancario tradicional. El proyecto profundiza dichos estándares para el crédito digital, estableciendo que debe evaluarse la totalidad de los ingresos disponibles del usuario, su endeudamiento previo y la existencia de obligaciones contraídas simultáneamente con otras plataformas, entidades financieras o proveedores no financieros. Asimismo considera abusivo el otorgamiento reiterado o automatizado de financiamiento cuando el proveedor hubiera podido conocer, mediante una evaluación diligente, la existencia de un nivel de endeudamiento incompatible con la capacidad de pago del usuario. La iniciativa procura también fortalecer significativamente el derecho a la información financiera, estableciendo que los proveedores deberán comunicar de manera clara y accesible el costo Financiero Total, las tasas de interés, cargos, comisiones, seguros, mecanismos de refinanciación y demás conceptos que incidan en el costo real del crédito".

Se trata de una información que "resulta esencial en un escenario donde las decisiones financieras pueden adoptarse mediante dispositivos móviles en pocos minutos y donde el usuario puede encontrarse expuesto simultáneamente a distintas ofertas de financiamiento. El proyecto contempla asimismo advertencias específicas respecto del pago mínimo, la acumulación de intereses, las refinanciaciones sucesivas, la prolongación de las deudas y tas consecuencias derivadas del incumplimiento".

Finalmente, se solicitó el "pronto tratamiento" del proyecto del diputado Juliano y, a su vez, se manifestó la "importancia de avanzar en el debate legislativo de herramientas destinadas a fortalecer la protección de los usuarios y consumidores de servicios financieros, promover el crédito responsable, prevenir situaciones de sobreendeudamiento y garantizar condiciones adecuadas de transparencia, información y trato digno".

Menores de 25 años, los más endeudados

El informe de la Central de Deudores del BCRA relativo al Partido de Azul "permite identificar también una marcada relación entre la edad de los deudores y la probabilidad de encontrarse en situación de mora. Las personas de hasta 25 años presentan una tasa de mora del 34,14%, constituyendo el grupo etario con mayor incidencia proporcional de incumplimientos. Entre quienes tienen entre 26 y 35 años, la tasa de mora alcanza el 20,42%. Entre los grupos de mayor edad los niveles disminuyen progresivamente, registrándose una tasa del 12,42% entre los 36 y 45 años; 12,16% entre los 46 y 55 años; 9,11% entre los 56 y 65 años; 7,39% entre los 66 y 75 años; y 1,71% entre los mayores de 75 años", indicó Puyou en su proyecto de Resolución.

"Los menores de 35 años representan aproximadamente el 26,7% de las personas endeudadas, pero concentran el 41,6% de quienes se encuentran en mora, evidenciando una afectación considerablemente mayor sobre los grupos más jóvenes. En términos absolutos, el informe identifica 954 personas menores de 25 años en mora y 2.707 personas de entre 26 y 35 años, lo que permite dimensionar el alcance concreto de la problemática entre jóvenes del Partido de Azul".

Del mismo modo, "el análisis de la información disponible también permite observar diferencias según género. En junio de 2026 se registraban 20.237 deudores varones y 22.112 deudoras mujeres en el Partido de Azul. Entre los varones, 4.143 personas se encontraban en mora, mientras que entre las mujeres la cifra ascendía a 4.650 personas. La tasa de mora alcanzaba el 10,65% entre los varones y el 13,71% entre las mujeres, evidenciando una mayor incidencia proporcional de situaciones de irregularidad entre estas últimas. Paralelamente, los varones concentraban un volumen total de deuda significativamente superior, alcanzando los $152 305,83 millones, frente a los $84.226,94 millones correspondientes a mujeres. El promedio de deuda por persona también presenta diferencias sustanciales, ubicándose aproximadamente en $7,53 millones entre los varones y $3,81 millones entre las mujeres, demostrando que la cantidad de personas endeudadas, el volumen de deuda y la incidencia de la mora constituyen dimensiones diferentes que deben ser consideradas conjuntamente".

El edil subrayó que "las cifras mencionadas adquieren aún mayor relevancia si se consideran las propias limitaciones metodológicas de la información analizada. La base utilizada no comprende deudas originadas en servicios públicos como electricidad, agua u otros servicios esenciales, por lo que los datos expuestos no permiten dimensionar la totalidad de las obligaciones económicas que soportan actualmente los hogares del Partido de Azul. Asimismo, las categorías correspondientes a los distintos tipos de entidades financieras no pueden adicionarse para determinar una cantidad total de personas, dado que un mismo usuario puede registrar simultáneamente obligaciones con más de una entidad o proveedor. Esta posibilidad de mantener deudas simultáneas con bancos, proveedores no financieros, billeteras virtuales y otras plataformas constituye precisamente uno de los elementos que complejizan la evaluación de la verdadera capacidad de pago de los usuarios".