EN RESPUESTA A UNA APELACIÓN DE SU ABOGADA DEFENSORA

EN RESPUESTA A UNA APELACIÓN DE SU ABOGADA DEFENSORA

Desde la Cámara Penal se resolvió que una policía siga cumpliendo arresto domiciliario

Investigada por una infracción a la ley de estupefacientes, en primera instancia ese beneficio le había sido revocado en agosto pasado, tras comprobarse que de manera intencional dañó el dispositivo electrónico que controla sus movimientos. A pesar de aquella circunstancia, desde la Alzada departamental ahora se concluyó que la mujer no violó su arresto domiciliario. La morigeración de prisión de la que actualmente sigue gozando le fue otorgada en diciembre de 2019. Días después a que, estando embarazada, resultara detenida por esta causa penal que tiene, en total, trece imputados a la espera de ser juzgados.

8 de noviembre de 2021

Una policía de la Bonaerense investigada por una infracción a la ley de estupefacientes continuará cumpliendo arresto domiciliario, luego de que los jueces de la Cámara Penal de Azul revocaran un fallo que había derivado en que ese beneficio fuera anulado.

La acusada se llama María Florencia Farías Blanco, tiene 34 años de edad y por la causa penal que la involucra -que en primera instancia ya fue elevada a juicio y tiene como imputadas a doce personas más- había sido arrestada en Azul en diciembre de 2019.

En ese entonces la mujer estaba embarazada del menor de los tres hijos que tiene, por lo que días más tarde se resolvió otorgarle ese arresto domiciliario que ahora, en segunda instancia, se ordenó que siga vigente.

Lo dispuesto días atrás desde la Alzada departamental fue en respuesta a una apelación que presentara María Fernanda Giménez, su abogada defensora.

A modo de conclusión que se tradujo en que la policía continúe privada de la libertad en la vivienda de esta ciudad donde reside con sus hijos y posee un local comercial, desde la Cámara Penal se indicó que si bien se constató que había dañado la tobillera electrónica que le fuera colocada para controlar sus movimientos, esa circunstancia no implicó que abandonara en ningún momento su domicilio,

"En las presentes actuaciones se encuentra debidamente acreditado que Farías Blanco -con anterioridad y posterioridad al suceso de corte de tobillera electrónica- no ha violado su prisión domiciliaria, que es, en definitiva, la medida de coerción que se procura controlar a través de la pulsera electrónica", se menciona en un tramo de ese fallo a través del cual prosperó el recurso que formulara la Defensora Particular de la encausada.

La resolución que el pasado martes dispuso que la policía siga cumpliendo arresto domiciliario lleva las firmas de los jueces Carlos Pagliere (h), Damián Cini y Agustín Echevarría.

En primera instancia, el pasado 31 de agosto había sido Juan José Suárez -el titular del Juzgado de Garantías 3- quien le revocó el beneficio a la encausada.

En ese entonces, tras concluir que el dispositivo que controla de manera electrónica los movimientos de la mujer fue dañado de manera intencional por ella; y que las explicaciones que posteriormente brindara la imputada sobre aquella situación no resultaban "lógicas ni creíbles".

Una apelación que prosperó

En el fallo de la Alzada departamental, resuelto por unanimidad y donde el primero en votar fue el juez Pagliere (h), se indicó: "Si bien resulta acreditado que la pulsera que utilizaba la causante sufrió una interrupción el día 14 de agosto del corriente año y que las explicaciones dadas por la incusa resultan ambiguas, poco claras e insatisfactorias respecto de cómo se produjo el corte y quemadura de la respectiva tobillera electrónica, comparto con la Defensa que el análisis no sólo se debe ceñir a esos extremos, sino que debe ser complementado con la conducta asumida por Farías Blanco en relación al cumplimiento de la prisión domiciliaria concedida".

Ese mismo magistrado luego afirmó: "En ese sentido, se advierte que desde que le fue otorgado el beneficio morigeratorio de la prisión domiciliaria la causante ha cumplimentado en tiempo y forma las obligaciones que se le han impuesto".

Los antecedentes de lo ocurrido se remontan al 14 de agosto pasado, cuando se produjo el daño en el dispositivo electrónico.

"A ello se aduna -puede leerse también en lo resuelto- que la causante mantuvo comunicación permanente con el servicio de monitoreo por medio de la red social de mensajería WhatsApp; en la madrugada del día 15 de agosto del corriente año, a pocas horas del evento; y del cual emerge que el servicio le da indicaciones para encintar la tobillera electrónica, acción que realiza la encartada".

"Luego de ello, también siguió manteniendo comunicación activa con el servicio de monitoreo", que se hizo presente en su casa el 17 de agosto para reemplazar por otro el dispositivo que había sido dañado.

Además, en sintonía con lo sostenido por su abogada, los camaristas afirmaron que Farías Blanco "siempre informó al servicio de Monitoreo las salidas autorizadas que tenía, los motivos de las mismas, como también el aviso de su retorno".

Para los jueces de la Cámara Penal, el sólo hecho de que la policía haya dañado la tobillera no podía traducirse en la revocación del beneficio que hace que actualmente continúe privada de la libertad en su casa, a la espera del juicio al que deberá ser sometida por ese delito, relacionado con una infracción a la Ley 23.737, que la tiene como imputada.

"En el presente caso -dados los demás elementos concomitantes valorados- esa circunstancia no reviste la gravedad requerida para revocar el beneficio que usufructuaba, puesto que Farías Blanco siguió dando diligente y cabal cumplimiento a la principal obligación establecida. Esto es: permanecer en su domicilio", se refiere también a modo de conclusión en lo dispuesto por los miembros de la Alzada departamental.

EL DATO

En lo resuelto hace cinco días Farías Blanco fue apercibida por los jueces de la Cámara Penal "para que en lo sucesivo cumpla cabal y responsablemente con todas las condiciones impuestas para el goce de la prisión domiciliaria". Algo que de no ocurrir, se menciona también en el fallo de los jueces de la Alzada departamental, derivará en la revocación de ese beneficio que le permite continuar privada de la libertad en la casa donde reside.

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