DESDE LA JUSTICIA. El Intendente fue designado "depositario judicial" de medicamentos incautados en una causa penal

Un juez de Garantías designó al intendente de Azul Hernán Bertellys como "depositario judicial" de una importante cantidad de medicamentos, los cuales meses atrás habían sido incautados en esta ciudad, CABA y el conurbano bonaerense en el marco de una investigación penal relacionada con la comercialización de los mismos de manera ilegal en lugares no autorizados.

La intención del magistrado Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías 3 que interviene en este sumario penal, es que esos medicamentos -que en su momento habían sido valuados en su totalidad en unos diez millones de pesos- sean utilizados "en beneficio" de los ciudadanos y que, en ese contexto, los reciban a través del Hospital Pintos y demás centros asistenciales pertenecientes al Partido de Azul; del mismo modo que en los diferentes centros de Atención Primaria de la Salud que dependen también de la comuna.

Al nombrar al Intendente como depositario judicial para el resguardo y utilización de estos medicamentos, en la resolución el titular de Garantías 3 indicó que dicha designación tiene que ser aceptada por Bertellys.

Además, teniendo en cuenta que los medicamentos se consumen con su uso, "en atención a la fungibilidad" que los caracteriza dispuso que el mandatario comunal -en caso de aceptar convertirse en depositario de los mismos- "deberá comprometerse a restituir la parte del lote que efectivamente haya sido utilizada junto con el saldo restante, en el hipotético caso de que al tiempo de dictar sentencia se dispusiera la restitución de los bienes secuestrados a los imputados".

Lo resuelto ahora está enmarcado en un pedido que hiciera la abogada de uno de los acusados que tiene esta investigación penal, presentación a través de la cual solicitaba la restitución a su defendido de una parte de los medicamentos secuestrados en esta pesquisa, los cuales habían sido incautados durante un allanamiento realizado por la Policía en una droguería ubicada en la ciudad de Lomas de Zamora.

Además de que el juez de Garantías Suárez no dio lugar a la restitución de los medicamentos a uno de los encausados, tampoco prosperó un pedido formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal que lleva adelante esta investigación penal para que los mismos fueran decomisados.

Según sostenía ese Fiscal, la idea era que, una vez decomisados, esos medicamentos fueran "destinados a reparar el daño causado a la sociedad, aplicándose íntegramente a la ejecución de políticas públicas de salud de urgente e impostergable realización, ejecutables a través del Hospital Municipal de Azul, en beneficio de los habitantes de dicho partido bonaerense. Todo ello, en la medida que la autoridad sanitaria, una vez en poder de los medicamentos, entienda que los mismos se encuentran en óptimas condiciones para su uso".

Pero finalmente el Juez de Garantías se pronunció a favor de lo ya referido: designar al intendente Bertellys como depositario de los medicamentos y habilitarlo a que los utilice, aclarando en lo dispuesto que deberá reponer el stock de los mismos en caso de que, una vez que esta causa se resuelva, eventualmente se disponga restituir lo incautado a quienes figuran hasta el momento como acusados en la investigación penal.

Algunas consideraciones

"Al tratarse de medicamentos y siendo que los mismos poseen fecha de vencimiento, resulta inaceptable que por el paso del tiempo que demanden las diferentes etapas del proceso -que incluso incluirán cuestiones de competencia- hasta que se arribe a la instancia de dictar una sentencia, se produzca su vencimiento", puede leerse en lo que escribió el titular de Garantías 3.

"Esta circunstancia -sostuvo- determina la necesidad de alcanzar una solución que armonice el respeto al derecho de propiedad de los causantes, quienes mantienen su status jurídico de inocencia hasta el dictado de una sentencia condenatoria, con la imperiosa de necesidad de darle a los medicamentos un destino urgente a fin de evitar su vencimiento".

"En ese norte, no puede perderse de vista la relevancia social que representa un lote de medicamentos de la magnitud y variedad secuestrada, y que en caso de no adoptar una medida urgente a su respecto nos encontraremos con que operó su vencimiento mientras se hallaban a disposición del Ministerio Público, a la espera de una sentencia sin que pueda darse a los mismos el destino propio a su naturaleza en beneficio de una parte de la sociedad, que ante las necesidades económicas que atraviesa nuestro país se vería imposibilitada de acceder de otro modo", indicó Suárez en la resolución, que data de anteayer lunes.

"Máxime cuando se repara en que las desigualdades sociales se han visto agravadas por una dilatada cuarentena dictada en repuesta a la pandemia COVID-19, que destruyó economías regionales y provocó un aumento significativo de los índices de pobreza e indigencia", consideró también.

"En este contexto de extrema vulnerabilidad donde casi la mitad de la población se halla en la pobreza y por ende miles de familias se han visto obligadas a relegar cuestiones básicas como la salud, permitir que cientos de medicamentos secuestrados en el marco de una investigación se venzan en un depósito mientras esperan una definición resulta absurdo", motivo por el cual se pronunció a favor de lo ya referido, designando al Intendente del Partido de Azul como depositario de los mismos para que pueda utilizarlos en beneficio de la población. "Una medida -indicó el magistrado- que permita poner en resguardo los efectos de mención sin que ello implique que los mismos pierdan su valor".

EL DATO

En octubre del año pasado, en el marco de una investigación penal por venta ilegal de medicamentos en comercios no autorizados, contando también con órdenes del juez de Garantías Juan José Suárez policías habían realizado diecinueve allanamientos. Además de Azul, esos procedimientos se hicieron en varias localidades del conurbano bonaerense y en CABA. Los allanamientos derivaron en los secuestros de los medicamentos. La causa penal que lleva adelante el fiscal Fabio Molinero tiene como imputadas a siete personas. Entre ellas, a un matrimonio de Azul que es señalado como quien traía esos medicamentos para colocarlos en locales, tales como almacenes o kioscos, no autorizados para la venta, desde donde después eran comercializados de manera ilegal a la población. Al mes siguiente de realizados estos procedimientos, los medicamentos habían sido trasladados al Hospital Pintos desde los lugares donde fueron incautados.

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