UN JUEZ CALIFICÓ DE "INACEPTABLE" A LA SITUACIÓN. El Ministerio de Salud, intimado a garantizar el servicio de anestesiología en el Hospital de Niños

La presentación de un amparo en los tribunales de Azul se tradujo ayer por la tarde en que un juez ordenara que el Ministerio de Salud provincial, "en forma inmediata y en el término de 12 horas", adopte "las medidas necesarias para garantizar de manera efectiva la prestación continua e ininterrumpida del servicio de anestesiología" en el Hospital Materno infantil "Argentina Diego".

"Ello, bajo apercibimiento de formar causa por el delito de 'desobediencia' -previsto en el art. 239 del Código Penal- para todos los que de cualquier modo rechacen, eviten u obstaculicen la efectiva prestación continua e ininterrumpida del servicio", puede leerse en uno de los tramos del fallo que lleva la firma de Juan José Suárez, el titular del Juzgado de Garantías número 3.

Tal lo que EL TIEMPO ya adelantara ayer en su página web, en esa resolución el magistrado dispuso también, al hacer lugar a esta medida cautelar, que se extraigan copias de las actuaciones para que se remitan a la Fiscalía General, con el fin de que se investigue "la posible comisión de delitos de acción pública" surgidos de ese conflicto mantenido entre el Ministerio de Salud bonaerense y los anestesiólogos que reclaman por mejoras salariales.

Esa medida fue dispuesta después de que fuera solicitada por la fiscal Mariela Viceconte. La titular de la UFI 17 perteneciente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, teniendo en cuenta este conflicto -del cual dieran cuenta el martes en Azul las autoridades del Hospital de Niños, luego de que los anestesiólogos resolvieran no continuar prestando servicios en lo inmediato- se había presentado también avalando esta medida cautelar, "ante la necesidad de resguardar los derechos consagrados convencionalmente a los niños", según puede leerse en el fallo.

Entre medidas "cuasi extorsivas" e "incompetencia"

"Independientemente de las claras responsabilidades que les caben a cada una de las partes sobre una incapacidad para llegar a un nuevo acuerdo salarial sobre los términos del convenio que los une evitando llegar a estas instancias; debe priorizarse un servicio fundamental para la comunidad, que lamentablemente una vez más ha quedado prisionera de medidas cuasi extorsivas de unos y de la incompetencia de otros", se señala también en lo dispuesto con relación a este conflicto por el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3 con asiento en el Palacio de Justicia local.

"Esta situación, que cada cierto tiempo parece volver a repetirse, resulta inaceptable desde todo punto de vista y denota deshumanización frente a los más vulnerables y, por ende, a quienes más debemos proteger como sociedad: los niños", afirmó Suárez.

"El principio emanado de la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3. 1 del "interés superior del niño" deviene en letra muerta si se contempla que un hospital de niños esté transitando por esta situación de abandono incomprensible, producto de una puja salarial", escribió también.

"Por supuesto -reconoció el Juez de Garantías- que resulta atendible la necesidad de los profesionales, que como todo el resto de nosotros han visto cómo sus ingresos se desvalorizan frente a una inflación patológica que no deja de crecer; pero ello en modo alguno justifica que no se hallan previsto las medidas conducentes para garantizar el servicio".

"Más aún, resulta reprochable que esta situación se dé sobre el final de año y en el contexto de pandemia por COVID-19 en el que transitamos, con el riesgo que significa que las autoridades del nosocomio se hayan visto obligadas a derivar a los niños al Hospital Pintos", se indica en otro tramo de este fallo.

El dato

Este recurso de amparo colectivo, sorteo mediante para su resolución, había quedado radicado ayer en el Juzgado de Garantías 3. Lo dispuesto por el magistrado Juan José Suárez fue en respuesta a una presentación que por este conflicto con los anestesiólogos hicieran Adriana Cordeviola, la asesora de Menores e Incapaces del Departamento Judicial Azul, y el Defensor General, Diego Fernández.

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