ESTE MIÉRCOLES. Excarcelación para Santamaría: deberá depositar 120 millones de pesos para recuperar la libertad

En la causa penal donde le imputan al ex presidente del GEN Azul Rodrigo David Santamaría Martini varias estafas, el juez Federico Barberena decidió concederle la excarcelación.

Pero el beneficio que el titular del Juzgado de Garantías 2 le otorgó al imputado, quien fuera detenido en esta ciudad el jueves de la semana pasada, quedó sujeto al cumplimiento de "una caución real" fijada en 120.000.000 de pesos y a una serie de restricciones destinadas a garantizar que permanezca a disposición del proceso judicial que lo involucra.

Según lo informado a EL TIEMPO por voceros oficiales, la decisión del Juez garante fue adoptada este miércoles, a partir de lo que el viernes de la semana anterior había sido un pedido presentado por Adriana Hernández, la defensora Oficial del también ex Prosecretario Legislativo del Concejo Deliberante local.

120 millones de pesos como garantía

Uno de los aspectos fundamentales de lo resuelto por el titular del Juzgado de Garantías 2 para Santamaría se relaciona con la referida caución impuesta para que se efectivice su liberación.

Si bien su Defensa Oficial había solicitado que el beneficio se concediera "bajo caución juratoria" -en otras palabras, mediante el compromiso formal de cumplir con las obligaciones procesales que le fueran dictadas a su asistido-, el magistrado Barberena consideró que esa alternativa no resultaba suficiente.

Básicamente, por las características de los hechos que se investigan -al dirigente político le atribuyen la comisión de un total de ocho estafas en perjuicio de igual cantidad de damnificados y en una suma total estimada en unos cien mil dólares- y de la magnitud del perjuicio económico que surge de las actuaciones penales que lleva adelante desde la UFI 2 el fiscal David Carballo.

Por ese motivo, el Juez fijó una caución real de 120.000.000 de pesos para que el acusado recupere la libertad.

Dicho monto Santamaría podrá depositarlo en la cuenta bancaria judicial de la causa o garantizarlo mediante un inmueble o un automotor que le pertenezca, siempre y cuando esos bienes se encuentren libres de gravámenes para poder concretarse el embargo de los mismos.

La resolución aclara que la garantía tiene como finalidad asegurar la comparecencia del imputado ante la Justicia y que no constituye, por sí misma, un mecanismo destinado a reparar económicamente a quienes figuran como damnificados por las referidas estafas.

De esa manera, la libertad de Santamaría -que hasta este miércoles por la tarde continuaba en la Seccional Primera local de Policía- no se hará efectiva automáticamente con el dictado de la resolución, ya que deberá cumplirse previamente con alguna de las modalidades establecidas para integrar la caución, además de verificarse que no exista por parte del acusado otro impedimento legal que le permita acceder al beneficio concedido.

Los 120 millones de pesos fijados como "caución real" para Santamaría surgieron del cálculo estimado por el Juez de la causa de la totalidad del perjuicio económico sufrido por los ocho denunciantes que hasta el momento tiene esta investigación penal todavía en curso.

De esa manera, el magistrado Barberena consideró que el valor de dicha caución, "de carácter real", guarda relación con el accionar ilícito atribuido al investigado, "quien desapoderó, mediante un ardid, a varias personas que realizaron una disposición patrimonial voluntaria fruto del error al que fueren inducidas, obteniendo un provecho económico de dicha disposición", señaló textualmente en lo resuelto.

En el contexto de dicha estimación económica, el titular de Garantías 2 concluyó que el valor de la caución fijado es totalmente proporcional al "perjuicio ocasionado" a los denunciantes.

"El monto de la caución, en atención a las consecuencias aparejadas por su accionar -escribió el Juez garante al aludir al acusado-, se fijará en la suma ciento veinte millones de pesos, al resultar proporcional con el monto final del desapoderamiento efectuado; que se estima en una cifra que traducida a moneda nacional -habida cuenta que la mayoría de las defraudaciones resultaron en moneda extranjera- oscila entre los 140 y 170 millones de pesos aproximadamente".

Otro dato de suma importancia vinculado con lo decidido este miércoles para el dirigente político surge de la postura de la mayoría de los denunciantes.

Al ser consultados, sólo uno de ellos se opuso a que Santamaría recuperara la libertad; mientras que los demás manifestaron estar de acuerdo con que se le concediera la excarcelación; siempre y cuando el imputado realice una reparación integral de los perjuicios ocasionados.

Esas posturas de los denunciantes están mencionadas también en la resolución que se tradujo en que le fuera concedida la excarcelación a Rodrigo David Santamaría Martini.

Más cuestiones de lo decidido

Al analizar el pedido para que el dirigente político fuera excarcelado, el magistrado a cargo de Garantías 2 entendió que su situación encuadraba en la norma legal que alude al otorgamiento del referido beneficio.

Además, Barberena mencionó que hasta el momento Santamaría no registra antecedentes penales computables y que posee arraigo en Azul, la ciudad donde reside con su familia. E hizo mención también a las circunstancias que derivaron en su detención el jueves de la semana anterior, cuando policías lo hallaron en un departamento del Barrio Carús donde se domicilian familiares suyos.

En ese entonces, se señala en lo decidido, el acusado de estas estafas no opuso resistencia a su arresto y colaboró con el procedimiento, más allá de que habría intentado deshacerse de su teléfono celular, que después sería entregado a la Policía por su hermano y, por lo tanto, no constituyó entorpecimiento probatorio alguno.

Diferentes obligaciones

De recuperar finalmente la libertad previo depositar la suma en pesos fijada a modo de "caución real", Rodrigo David Santamaría Martini tendrá que cumplir con varias obligaciones mencionadas también en lo resuelto por el Juez que le concedió la excarcelación.

Dichas medidas cautelares implican que deberá entregar su pasaporte en el Juzgado de Garantías 2, ya que le ha sido prohibido salir del país con la finalidad de resguardar los fines del proceso penal que lo tiene como imputado.

También le ha sido expresamente prohibido mantener contacto, por cualquier medio, con los ocho damnificados que tiene por ahora esta investigación penal.

Esa medida cautelar se hizo extensiva a todo el tiempo que insuma el proceso que lo tiene como acusado de estas estafas.

Pero dicha obligación contempla una eventual excepción. Específicamente, para contactos que pudieran producirse en el marco de acuerdos dentro del proceso penal con los denunciantes, siempre que sean ellos los que impulsen ese tipo de arreglos extrajudiciales, los cuales deberán ser coordinados por el Fiscal de la causa.

Probable apelación

Desde la Defensa Oficial del encausado, según señalaron este miércoles por la tarde fuentes consultadas por EL TIEMPO, no se descartaba apelar ante la Cámara Penal departamental lo decidido por el Juez que entiende en esta causa.

Concretamente, en lo referido al pago de la caución que fuera fijada para Santamaría Martini como condición excluyente para que recupere la libertad.

Para la presentación de dicho recurso ante la Alzada se cuenta con un plazo de 48 horas. Y será de fundamental relevancia lo que refiera el propio acusado, relacionado a si está en condiciones o no de poder afrontar la caución real fijada en los ya mencionados 120 millones de pesos.

De no poder hacerlo, es muy probable entonces que la defensora Oficial Adriana Hernández formule una apelación ante la Cámara Penal.

Ese eventual recurso apuntaría a que quede sin efecto el depósito de dicha suma de dinero por parte del acusado, considerando que cuando se solicitó que le fuera otorgada la excarcelación había sido pedido también que la concesión de dicho beneficio no incluyera que Santamaría Martini tuviera que depositar monto de dinero alguno para recuperar su libertad.

En tanto, David Carballo -el fiscal que lleva adelante esta Investigación Penal Preparatoria- tiene previsto apelar ante la Alzada departamental lo decidido por el Juez garante hoy miércoles para Rodrigo Santamaría.

El titular de la UFI 2 buscará en esa segunda instancia que desde la Cámara Penal sea revocado el beneficio de la excarcelación concedido al dirigente político acusado de estas estafas.