Ocho policías de la Bonaerense que desempeñaban tareas en el Área de Seguridad Vial serán juzgados si queda firme la elevación a debate, dispuesta en primera instancia por un juez de Garantías, de la causa donde están acusados de formar parte de una asociación ilícita que cobraba coimas y recibía dádivas.

De acuerdo con lo investigado, los imputados desarrollaban esa actividad ilícita a través de los diferentes destacamentos donde desempeñaban funciones, los cuales estaban vinculados por el corredor que -entre las rutas 226 y 3- une a las ciudades de Tandil, Azul, Las Flores, San Miguel del Monte y a Gorchs, localidad esta última perteneciente al Partido de General Belgrano.

Actualmente los ocho efectivos de seguridad procesados en esa causa penal, entre los cuales hay dos oriundos de Azul, están apartados de la fuerza.

Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías número 3, dispuso la elevación a juicio de este sumario penal, dando lugar a un pedido que meses atrás formulara Marcelo Fernández, el fiscal que desde la UFI 1 con asiento en el Palacio de Justicia local llevó adelante esta investigación.

En lo resuelto el martes de la semana que pasó en esta primera instancia, el Juez de Garantías se pronunció también a favor de dictar el sobreseimiento de uno de los policías que en un principio figuraba acusado: un comisario que fuera el titular del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en la ciudad de San Miguel del Monte.

En la misma resolución otro comisario fue sobreseído por uno de los delitos que se le atribuían -"admisión de dádivas"- quedando sólo procesado en esta instancia por el ya referido de asociación ilícita.

Otro aspecto vinculado con la elevación a juicio de esta causa se relaciona con la situación de uno de los policías acusados: un subcomisario oriundo de esta ciudad que estaba al frente del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en Tandil cuando -al igual que tres encausados más- había sido detenido el 10 de mayo de 2018 en el marco de esta investigación penal.

Meses después se había presentado como "arrepentido" en esta causa, convirtiéndose en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en el primer imputado en adherirse a ese llamado "convenio de colaboración".

En la resolución que dispuso la elevación a juicio de esta causa penal, el titular de Garantías 3 no hizo lugar a un requerimiento formulado por el abogado que como Defensor Particular representa a tres de los policías acusados.

Dicha solicitud, que finalmente no prosperó en esta instancia, apuntaba a que se declarara la nulidad de ese convenio de cooperación al que adhiriera, bajo la figura del "arrepentido", el funcionario policial azuleño que también continúa procesado.

Allanamientos y detenciones

La investigación penal llevada adelante desde la UFI 1 con asiento en los tribunales de Azul por el fiscal Marcelo Fernández comenzó a tomar estado público el 10 de mayo de 2018.

Aquel día, de manera simultánea, los destacamentos de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia con sedes en Azul, Tandil, Las Flores y San Miguel del Monte fueron allanados.

En esos procedimientos, realizados por efectivos de la Policía Federal, se hallaron e incautaron diferentes elementos considerados de interés para esta causa que ahora, en primera instancia, ha sido elevada a juicio.

De acuerdo con lo que se informara en aquel entonces, entre lo secuestrado figuraron sobres con dinero que -según se sostiene desde la Acusación- los policías involucrados habían recibido a modo de coimas que cobraban a quienes a diario transitaban en diferentes vehículos por las rutas donde estaban ubicadas las seccionales policiales allanadas.

Aquel día, además, se llevaron a cabo cuatro detenciones: la del Subcomisario oriundo de Azul que estaba al frente del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en Tandil, el funcionario policial que meses después se presentó en esta causa como "arrepentido"; la de dos capitanes, uno de los cuales desempeñaba tareas en Vial Azul y el otro en Vial Las Flores; y la de un Suboficial Inspector que trabajaba en Vial Monte.

En julio de aquel mismo año 2018, las prisiones preventivas de esos cuatro y únicos detenidos que tuvo esta investigación penal preparatoria -quienes llegaron a estar alojados en la Unidad 30, la cárcel del SPB con asiento en General Alvear- quedaron confirmadas desde la Cámara Penal de Azul.

Pero posteriormente, de la mano de diferentes beneficios, a tres de ellos les otorgaron morigeraciones de prisión. Y al policía "arrepentido", la excarcelación.

Conforme esta investigación penal avanzó, se conocieron los procesamientos de los demás policías involucrados, quienes nunca estuvieron detenidos.

Uno de ellos, cuando el martes de la semana que pasó esta causa se elevó a juicio en primera instancia, terminó siendo sobreseído.

Varios hechos

De acuerdo con lo señalado en la investigación penal, un total de veintiocho hechos involucran a los policías para quienes ahora se dispuso que sean juzgados.

Entre las pruebas incorporadas a ese sumario se incluyeron varias horas de escuchas a los teléfonos de los imputados, los cuales en su momento habían sido intervenidos desde la Justicia.

Los hechos investigados se remontan a lo sucedido entre los meses de enero y mayo de 2018, en la previa a que se llevaran a cabo los allanamientos en los destacamentos de Seguridad Vial y las detenciones de cuatro de los policías encausados.

El ámbito territorial donde esos ilícitos se registraron incluye la jurisdicción de la Jefatura Zonal de Seguridad Vial Azul de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y otras aledañas, "abarcando las rutas nacionales 3 y 226, y demás rutas y caminos tributarios de la región", se menciona en la causa.

Los ocho policías imputados, que desempeñaban funciones en los destacamentos de Las Flores, Azul, San Miguel del Monte, Tandil y Gorchs, integraron de manera organizada "una asociación destinada a cometer delitos de distinta índole, en perjuicio de particulares transeúntes y de la Administración Pública nacional y provincial indistintamente", se indica en la resolución que en primera instancia se tradujo en la elevación a juicio de este sumario.

"Tales ilícitos sólo podían tener lugar en virtud de la especial situación funcional y la relación que existía entre los imputados, que cotidianamente prestaban servicios en las dependencias a su cargo, con comunicación permanente entre sí, ya sea telefónica o personal, mediante acuerdos expresos o tácitos para coordinar y llevar adelante su accionar ilícito y la omisión de los actos de servicio que sus funciones les exigían", se había descrito desde la Acusación.

De esa manera, los policías encausados "se recomendaban, remitían o presentaban recíprocamente a empresarios transportistas o choferes que transitaban usualmente por las rutas sujetas a las distintas zonas viales para que entregaran dinero o dádivas a cambio del libre paso por las diferentes jurisdicciones, sin el debido control por los efectivos policiales encargados de la seguridad vial".

Sobre esas coimas, se señala que "en algunos casos eran recibidas por los sindicados en un destacamento y luego eran repartidas las remesas de dinero hacia los demás destacamentos involucrados".

"En otros casos -en tanto- el transportista entregaba en cada dependencia vial una suma determinada, correspondiente a cuotas semanales o mensuales".

En las actuaciones se refiere que en algunos de los destacamentos de Seguridad Vial "la recaudación era realizada por el propio jefe o subjefe"; mientras que en otros "era encargada a oficiales subalternos que, en tal caso, rendían cuentas a los jefes del Destacamento, que admitían el accionar ilícito de sus subordinados sin realizar acto alguno tendiente a poner fin a las ilicitudes ni sancionarlos de acuerdo a la ley".

EL DATO

Si bien la mayoría de las veces era dinero lo que los policías recibían, al parecer de la mano de ese accionar ilícito que desarrollaban y por el que actualmente se encuentran procesados, en la causa se menciona que también percibían "dádivas". En ese ítem se ubica uno de los hechos materia de esta investigación penal. Sucedido el 23 de febrero de 2018, involucró a dos de los imputados: un capitán que desempeñaba tareas en Vial Las Flores y a quien en ese entonces era el titular del Destacamento con asiento en Gorchs. Ambos aceptaron recibir un lechón que les ofreció un transportista para poder seguir transitando, luego de que en la localidad mencionada le había sido retenido el camión porque el rodado de carga no tenía póliza de seguro.

Los imputados y el comisario que ahora fue sobreseído

Emiliano José Sparaíno, el subcomisario de la Bonaerense que se presentó como "arrepentido" en esta causa penal donde figura procesado. El azuleño era el jefe de Vial Tandil cuando fue detenido en mayo de 2010. Actualmente se encuentra en libertad. ARCHIVO/EL TIEMPO

EMILIANO JOSÉ SPARAÍNO. Es un Subcomisario de la Policía de la Provincia que tiene 39 años. Oriundo de Azul y actualmente radicado en Olavarría, fue uno de los funcionarios policiales que resultara detenido el 10 de mayo de 2018, cuando en ese entonces estaba al frente del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en Tandil. Tiempo después le fue otorgada la excarcelación, tras haberse presentado en la causa penal como "arrepentido". Figura acusado de los delitos de asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, ofrecimiento de dádivas y admisión de dádivas, que concurren realmente entre sí.

JOSÉ LUIS ARRUBIA. Es un capitán de la Policía de la Provincia que tiene 49 años. Oriundo de Azul, fue otro de los que resultó detenido cuando el Destacamento de Seguridad Vial con asiento en esta ciudad había sido allanado en mayo de 2018. Meses después fue beneficiado con una morigeración de prisión. Lo acusan de asociación ilícita en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y admisión de dádivas que concurren realmente entre sí.

JAVIER ENRIQUE MURRAY. Es un capitán de la Policía provincial que tiene 50 años. Nacido en General Alvear, actualmente vive en Las Flores. Se convirtió en otro de los detenidos y después también le fue otorgada una morigeración de prisión. Trabajaba en Vial Las Flores y afronta la mayor cantidad de imputaciones en esta investigación penal elevada la semana pasada a juicio en primera instancia: asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas, admisión de dádivas, exacciones ilegales y peculado de servicios que concurren realmente entre sí.

RAÚL EXEQUIEL FERREYRA. Es un Oficial Subinspector de la Bonaerense que tiene 36 años de edad. Oriundo de Verónica, vive en San Miguel del Monte. Era el segundo jefe del Destacamento de Seguridad Vial de aquella ciudad cuando, en mayo de 2018, también fue detenido. Meses después le concedieron una morigeración de prisión. Asociación Ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales que concurren realmente entre sí son los delitos por los que está procesado.

PABLO ALEJANDRO JIMÉNEZ CHUMBITA. Es un Subcomisario de 42 años nacido en San Justo. Actualmente domiciliado en Ciudad Evita, Partido de La Matanza, era el titular de Vial Azul para cuando se produjeron los hechos investigados. Asociación Ilícita en concurso real e ideal con dictado de órdenes ilegales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ofrecimiento de dádivas y cohecho activo, que concurren realmente entre sí, son los ilícitos que le atribuyen.

JORGE ISMAEL PAGANO. Comisario, tiene 52 años. Vive en La Plata, ciudad de la que es oriundo. Era el jefe del Destacamento Vial de Monte. Actualmente está acusado sólo de asociación ilícita. En la causa que fuera elevada a juicio la semana anterior fue sobreseído del delito de "admisión de dádivas".

JULIO EZEQUIEL OLATE. Es Comisario y tiene 46 años. Nació y vive en General Alvear. Era el jefe del Destacamento de Seguridad Vial con asiento en Las Flores. Asociación ilícita en concurso real e ideal con cohecho pasivo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, ofrecimiento de dádivas y cohecho activo, que concurren realmente entre sí, son los delitos que le atribuyen en esta causa.

FIDEL PRUDENCIO OVEJERO. Otro comisario, que actualmente tiene 34 años. Nació y vive en Berazategui. Era el titular del Destacamento de Seguridad Vial que está en la localidad de Gorchs. Lo acusan de asociación ilícita en concurso real e ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas que concurren realmente entre sí.

MARIO DAVID VIVAS. Comisario. Tiene 44 años, nació en Longchamps y vive en Mar del Plata. Fue jefe de Vial Monte. La semana pasada, cuando esta causa penal fue elevada a juicio en primera instancia, se convirtió en el único policía sobreseído. En un principio también había sido acusado de"asociación ilícita".

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