La instrucción de una causa penal caratulada como amenazas agravadas derivó en que personal policial realizara un allanamiento en una vivienda situada en cercanías al Tiro Federal de Azul, procedimiento donde fue incautada un arma de fuego.

La diligencia, llevada a cabo anteayer, había sido ordenada por Juan José Suárez, el magistrado a cargo del Juzgado de Garantías 3 con asiento en Tribunales, en respuesta a una solicitud formulada por Karina Gennuso, la fiscal titular de la UFI 6 que lleva adelante esta investigación penal.

Una casa situada sobre la calle Las Flores, entre San Juan y Tiro Federal, se había convertido en el objetivo allanado, en el marco de un procedimiento que llevaron a cabo policías pertenecientes al Grupo Táctico Operativo de la Seccional Primera local.

En ese inmueble -según lo referido en un reporte policial- se domicilia un hombre de 55 años de edad que figura acusado de haber amenazado días atrás al denunciante de este hecho y a su hija, utilizando para ello el arma de fuego que fuera secuestrada durante el allanamiento: un revólver calibre 22 largo de color negro que estaba "cargado con diez municiones".

El investigado por este episodio delictivo fue identificado por voceros policiales y judiciales como Juan José Bariain, quien durante el mencionado procedimiento había sido notificado de la formación de la causa penal que se está tramitando luego de esa denuncia que lo involucra.

El hecho

Damnificado por el hecho materia de esta investigación penal figura un hombre llamado Adolfo Antonio Vitale, de 57 años de edad.

En la denuncia que formulara por lo sucedido contó que el viernes de la semana anterior, junto con su hija, se había convertido en víctima de la amenaza que anteayer derivara en el allanamiento y posterior secuestro del revólver ya referido.

Según expresó, la situación obedeció a lo que había ocurrido meses atrás, cuando con el padre del hombre que está siendo investigado había acordado la compra de un terreno lindero a su casa, ubicado también sobre Las Flores entre Tiro Federal y San Juan.

Cotizado en 600000 pesos, ese lote Vitale lo venía pagando mediante una primera entrega que hiciera de 4300 dólares y, posteriormente, a través de treinta cuotas de 165 dólares cada una.

Luego de haber pagado cuatro de esas cuotas -se menciona en las actuaciones penales- volvió a radicarse en Azul el hijo del hombre que le había vendido el terreno.

En esas circunstancias se produjo el hecho que ahora es materia de esta investigación penal.

Una primera escena fue situada como ocurrida el miércoles de la semana anterior, cuando Vitale estaba realizando trabajos en ese lote que había adquirido y el hombre al que anteayer le secuestraron el revólver se acercó hasta el lugar para decirle que se fuera.

"Nadie te va a firmar nada porque el terreno es mío", se menciona textualmente que Juan José Bariain le expresó en aquel entonces a su vecino.

Dos días después se produjo el episodio intimidatorio que tuvo como víctimas a Vitale y su hija.

En la investigación penal se indica que alrededor de la hora 10.30 del viernes pasado nuevamente Bariain hijo se acercó hasta el frente de la casa de Vitale, quien en ese entonces estaba regando las plantas.

En aquella ocasión lo hizo "manipulando un arma de fuego" y le dijo: "Estos problemas lo vamos a arreglar fácil", al tiempo que a él y a su hija le apuntaba con el revólver que portaba.

Ante el temor generado por la intimidación, Vitale y su hija ingresaron a la casa donde se domicilian "con el fin de resguardarse", teniendo en cuenta que el acusado vive a unos treinta metros de su propiedad.

EL DATO

Además del allanamiento que finalizó con el secuestro del arma de fuego, otro pedido de la Fiscal a cargo de esta causa que el Juez de Garantías avaló se relaciona con una prohibición de acercamiento del investigado hacia el vecino y su hija, a quienes -según lo denunciado- había amenazado con el revólver. Y Juan José Bariain tampoco puede mantener contacto alguno con ellos "por cualquier medio (verbal, telefónica y por redes sociales)". Ambas medidas cautelares tienen vigencia por un plazo de seis meses.

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