La cantidad de milímetros que acumuló el otoño de 1993, sumado a la falta de obras de infraestructura hicieron un combo explosivo imposible de detener. Un 20% del territorio bonaerense quedó bajo agua en lo que fue una de las peores inundaciones que haya atravesado el territorio. Miles de productores afectados, animales muertos, granos bajo agua y pérdidas por más de 500 millones de dólares fueron solo algunas de las consecuencias que aún hoy, a 30 años, se recuerdan en gran parte de los distritos de la denominada Cuenca del Río Salado.

Con las grandes inundaciones de 1980, 1985 y 1987 en la memoria colectiva, el año 1993 arrancó con más lluvias de lo esperado, y eso hizo prever lo peor. En los primeros cinco meses, cayeron entre 700 y 1200 milímetros (dependiendo de la zona), lo que provocó el desborde del río Salado y una grave inundación que duró entre dos y tres meses, y afectó a una treintena de partidos.

Durante abril ocurrieron precipitaciones extraordinarias en toda la cuenca que originaron importantes inundaciones. En Dolores cayeron en tan solo siete días unos 320 milímetros, en 9 de Julio 300 y en Junín 315 milímetros.

Otra cifra que impactó fue la de Lincoln, con un promedio en ese momento de 860 mm anuales pero con lluvias de 1.425 durante 1993, año en que más del 50% de las 580 mil hectáreas fueron afectadas por las inundaciones. Además unas 1.500 personas quedaron aisladas y el ascenso de las napas hizo desbordar los pozos ciegos.

Las inundaciones de 1993 en Junín. (Gentileza La Verdad de Junín)

También Junín fue epicentro de la angustia y el agua, que tapó en 30 centímetros a unas 120 mil hectáreas, llevó a que más de mil personas fueran evacuadas, cientos perdieron sus puestos de trabajo y unas 80 familias sus casas. La trascendencia de los hechos derivó en que el presidente, Carlos Menem, viaje junto al gobernador Eduardo Duhalde hasta la ciudad. Allí el mandatario bonaerense anunció créditos por 250 millones de pesos y se comprometió a encarar obras hídricas relevantes para atenuar los efectos de las inundaciones, algo que recién se dio años más tarde con la elaboración del Plan Maestro de la Cuenca del Salado.

La situación revistió máxima gravedad también en Chascomús (donde la famosa laguna tuvo más de 1,20 metros de agua que lo normal), Viamonte, Monte, Alem y General Belgrano. El número mínimo de evacuados en la cuenca rondó los 5 mil. Y en casi todos los partidos se perdió entre el 70% y el 100% de las cosechas de maíz, soja y girasol, al menos 479.000 cabezas de ganado y la producción lechera.

Las graves consecuencias

La inundación, de acuerdo a diversas estimaciones oficiales, afectó a 14.500 productores y abarcó 6.500.000 hectáreas, incluyendo unas 2.400.000 de la desembocadura del Río Salado y el sistema de lagunas Encadenadas, al oeste bonaerense. Para tomar dimensión, la superficie afectada llegó al 20% del total del territorio bonaerense o, medido de otra forma, equivalió a 325 veces la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Producción, a cargo de Carlos Brown, estimó pérdidas por U$S 507 millones por la merma o el quebranto de la producción agrícola - ganadera. El 80% del total fueron campos con agua, mientras que el resto una merma en el rendimiento del sector ganadero.

El agua castigó a Chascomús en 1993. (Imagen TV)

El agua también trajo "oportunidades" (o mejor dicho oportunistas) y conflictos. Por un lado, hubo intendentes que salieron a denunciar que empresarios empezaron a comprar los campos inundados a mucho menos de su valor real.

Mientras que otros jefes comunales se pelearon por defender sus ciudades y escurrir el agua que afectaba a los campos de sus partidos. Durante ese 1993, los distritos de la cuenca media del Salado denunciaban que la inundación se originó a partir del bombeo de las Encadenadas y apuntaban sus miradas hacia el noroeste. Entidades de bien público, fuerzas políticas y del sector rural se oponían a la instrumentación del proyecto de las bombas holandesas, defendido por las autoridades provinciales.

El intendente de Saladillo, el histórico Carlos Gorosito, pidió entonces al Gobierno de la Provincia suspender las bombas que llevan agua al Vallimanca, pues ellas aportan aguas al arroyo Saladillo y otros canales de su partido. También florecieron conflictos entre Guaminí y Carhué, por las inundaciones que veían arrastrando desde 1992, y en ese contexto en Bolívar hasta amenazaron con volar la ruta 226 para hacer escurrir el agua que iría a Saladillo y 25 de Mayo. (DIB) FD