DISPUESTA DESDE LA JUSTICIA. Medida cautelar en favor del cliente de un banco que fue víctima de una estafa

Del mismo modo que sucediera a principios de este mes -cuando un juez de Garantías ordenara una medida de "no innovar" para que a un jubilado, luego de que su hija fuera víctima de una estafa telefónica, no le siguieran descontando de sus haberes cuotas de un préstamo por 110.000 pesos que delincuentes gestionaron y cobraron en su nombre- una decisión de similares características había tomado otro magistrado a fines de marzo pasado.

Según lo informado a EL TIEMPO por voceros judiciales, la medida fue dispuesta en el marco de una investigación penal relacionada con la estafa virtual que otro azuleño sufriera. Un hecho ocurrido también, como en el caso referido del jubilado, en diciembre del año anterior.

A este otro hombre, de 65 años de edad, por medio de una caja de ahorros que posee en un banco privado los autores de la maniobra delictiva le gestionaron en su nombre un préstamo por un millón de pesos. Y posteriormente, los delincuentes fueron transfiriendo ese dinero a otras cuentas para cobrarlo.

Todo eso sucedía al mismo tiempo que el banco donde el damnificado tiene radicada su cuenta comenzó a hacerle los descuentos por aquel crédito que él nunca había pedido.

A diferencia de lo ocurrido con el jubilado víctima de aquella otra estafa informática, una situación de la que EL TIEMPO informara días atrás, en el caso del azuleño al que le gestionaron un préstamo por un millón de pesos nadie lo había llamado por teléfono para engañarlo.

Según consta en la denuncia que ese vecino formulara cuando descubrió la maniobra, el préstamo había sido gestionado en su nombre el pasado 17 de diciembre.

El hecho sucedió cuando los delincuentes utilizaron sus datos bancarios, información que les posibilitó acceder a su caja de ahorros y, una vez obtenida la plata del préstamo trucho, realizar transferencias a otras cuentas.

El 19 de diciembre del año pasado, dos días después a que fuera gestionado y aprobado el préstamo desde el banco privado donde posee una cuenta, el azuleño descubrió la maniobra que lo había tenido como víctima.

Fue cuando aquel día, desde su casa y por medio de una computadora, ingresó a la página web del banco y pudo observar varios movimientos de dinero en su cuenta que, teniendo como referencia los montos, les resultaron llamativos.

Algo que el hombre aclaró en la denuncia -y que deja en evidencia la vulnerabilidad de este tipo de sistemas bancarios para operar de manera virtual- fue que solamente él tenía acceso al estado de sus cuentas; del mismo modo que a las claves para ingresar a las mismas y a la tarjeta que utilizaba.

Pero ni siquiera eso impidió que se convirtiera en víctima de esta estafa por la que, a finales del mes pasado, el magistrado Juan José Suárez -el titular del Juzgado de Garantías 3 con asiento en los tribunales de Azul- dictara esa medida cautelar en su favor.

Fechado el 26 de marzo, aquel fallo del Juez garante textualmente señalaba en su parte resolutiva: "Ordenar al Banco Galicia, por intermedio de la sucursal de esta ciudad de Azul, la inmediata y provisoria suspensión de todos los efectos" de aquel préstamo solicitado -ese ya mencionado 17 de diciembre de 2020- por los estafadores en nombre del vecino azuleño, quien en la denuncia que formulara en ese entonces había dejado expresamente aclarado también que en ningún momento pidió crédito alguno.

En lo dispuesto por el titular de Garantías 3, además, se ordenaba al banco "no devengar ni cobrar al titular de la caja de ahorro intereses, punitorios y cualquier gasto que sea consecuencia del préstamo antes referido hasta tanto sea resuelta la cuestión de fondo".

Un préstamo trucho

Una vez iniciada esta investigación penal -según se señala en las actuaciones- desde el Banco Galicia había sido informado sobre gestiones que, al parecer, permitieron recuperar casi 49.000 pesos que, por medio de una billetera virtual, los delincuentes habían transferido desde la cuenta del vecino azuleño.

Dicha suma formaba parte del préstamo gestionado por los estafadores en nombre del damnificado.

Pero más allá de aquel informe de la entidad bancaria, al momento de ordenada esta medida cautelar por el titular del Juzgado de Garantías 3 continuaban descontándole al damnificado cuotas de ese crédito que él nunca había pedido.

Dicha situación implicaba que el vecino tuviera que pagar por el préstamo trucho -a través de un total de 72 cuotas para devolverlo- montos de dinero que mensualmente superaban los 58.000 pesos.

Adrián Peiretti, el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción número 13 con asiento en el Palacio de Justicia de Azul, intervino en un principio en esta investigación penal preparatoria.

El funcionario judicial había sido quien, ante el Juzgado de Garantías 3, pidió la medida que el magistrado Juan José Suárez ordenara a fines del mes pasado en favor de la víctima de esta maniobra delictiva.

"La medida cautelar solicitada se avizora como adecuada y proporcional con relación al daño que pudiera ocasionarse al damnificado en caso de no otorgarse la misma", sostenía el Fiscal en aquella presentación.

Los elementos de prueba colectados en esta pesquisa habían servido para determinar también que de la cuenta de la víctima, una vez obtenido por parte de los autores de esta estafa ese préstamo por un millón de pesos, luego se realizaron diferentes transferencias a otras cuentas, como así también extracciones de dinero.

De esa manera, pudo constatarse que 162.000 pesos que la víctima tenía en su cuenta del Banco Galicia se remitieron a otra. Y también había sido realizada una transferencia por 42.000 pesos.

Al día siguiente de otorgado el préstamo -es decir, el 18 de diciembre de 2020- hubo más movimientos de dinero desde la cuenta del damnificado. Durante la mañana fue realizada una transferencia por 190.000 pesos. Y un minuto más tarde se hizo otra. En ese caso, por la misma suma de dinero. "También se generó una extracción en un cajero automático por el monto de 15.000 pesos", se indica en las actuaciones penales sobre la manera en que los autores de este hecho iban apropiándose del préstamo gestionado en nombre del azuleño damnificado. Al parecer, utilizando además para ello identidades falsas.

Según señalara el vecino estafado, al advertir todos esos movimientos en su cuenta se comunicó con la sucursal Azul del Galicia, desde donde le dijeron que cambiara las claves de acceso a la misma y que efectuara la denuncia ante la Justicia, para después darle forma al reclamo que también presentó ante ese banco.

De acuerdo con lo referido en la denuncia por ese hombre, cuando concurrió al banco le dijeron que su situación iba a resolverse "en el término de quince días".

Pero transcurridos tres meses de aquella estafa que había sufrido, cuotas de ese préstamo le seguían siendo descontadas, el motivo por el cual se resolvió ordenar desde la Justicia esta medida cautelar, teniendo en cuenta el grave perjuicio ocasionado al patrimonio del denunciante.

Una situación -según se refiere también en estas actuaciones penales- que había llevado al damnificado a pedir dinero a otras personas y a sacar créditos para poder afrontar el pago de esas cuotas de un préstamo por un millón de pesos que él nunca solicitara.

"El banco no ha procedido a dar de baja el préstamo concedido sin su consentimiento; y que a la fecha genera intereses periódicos, por lo cual el banco también se ve favorecido, haciendo ello que continúen vigentes los efectos del delito", se indicaba con relación a esta situación en un párrafo del escrito del fiscal Peiretti.

Formulada sobre la base legal que le da derecho a una víctima a "requerir el inmediato reintegro de los efectos sustraídos", aquella petición fue la que después se tradujo en el dictado de la medida cautelar en favor de la víctima de esa estafa por parte del Juez de Garantías que entiende en esta causa penal.

EL DATO

El sumario iniciado por este hecho se encuentra actualmente radicado en la UFI 22. Luego de dispuesta el pasado 26 de marzo la medida cautelar en favor del damnificado, dadas las características del ilícito investigado -que se produjo "bajo la modalidad y utilización de sistemas y programas informáticos"- el titular de la UFI 13 Adrián Peiretti remitió estas actuaciones penales a la fiscalía que en los tribunales de Azul conduce Lucas Moyano, con competencia en los llamados "ciberdelitos".