Desde la Cámara Penal departamental fue confirmada la denegatoria de un pedido de "excarcelación extraordinaria" para un hombre que está acusado de haber abusado sexualmente durante varios años de una menor, informaron fuentes judiciales a EL TIEMPO.

El rechazo de dicha solicitud fue en respuesta a una apelación que no prosperó y había sido formulada desde la ahora Defensa Oficial del encausado ante la Alzada departamental con asiento en el tercer piso de los tribunales de Azul.

Con las firmas de los camaristas Damián Cini y Carlos Pagliere (h), al denegar ese pedido ambos magistrados confirmaron lo que había resuelto el pasado 9 de mayo con relación a la situación procesal del encausado Federico Barberena, el titular del Juzgado de Garantías 2.

Aquel día, ese Juez que entiende en lo que está siendo la tramitación de este sumario penal -una causa por la que el imputado sigue preso en la Unidad 2 de Sierra Chica- había rechazado un pedido de similares características que desde la por entonces Defensa Particular del presunto abusador fuera formulado en esa primera instancia.

Este viernes que pasó, dos de los jueces de la Alzada departamental avalaron lo resuelto por el magistrado a cargo de Garantías 2, quien después de que ordenara la detención del imputado -la cual policías de la DDI Azul hicieron efectiva el pasado 18 de abril- también convirtió a ese medida de coerción en prisión preventiva, a través de una resolución fechada el día 17 del mes en curso.

Matías Leonardo Altamirano se llama el acusado de lo que a escala penal es considerado configurativo de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en ambos casos agravados por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima, los ilícitos por los cuales continúa privado de la libertad.

El hermano de Griselda Altamirano, la líder del movimiento "1° de Octubre", es patrocinado actualmente en esa causa por la que sigue preso por la defensora Oficial Laura Serradell.

Con la intención de que el acusado recuperara la libertad, esa funcionaria judicial había formulado ante la Cámara Penal el recurso de apelación que hace cuatro días terminó siendo declarado "improcedente".

Según la Defensora Oficial afirmaba, sabiendo Altamirano de su imputación en esta causa penal -que ante una eventual condena derivaría en la imposición de una elevada sanción de prisión a cumplir para él- siguió viviendo en su casa de Azul, ubicada en Villa Piazza Centro y en la que había sido detenido el pasado 18 de abril.

También Serradell argumentaba que Altamirano "continuó con su trabajo" al frente de una empresa de construcciones y "cumpliendo con sus obligaciones parentales y familiares" y que, además, "respetó la prohibición de contacto que fuera dispuesta al inicio de la investigación" con la presunta víctima.

Por esos motivos la Defensora Oficial sostenía que en libertad su representado no iba a entorpecer el desarrollo de la instrucción de esta causa penal que lo involucra y lleva adelante desde la UFI 13 el fiscal Adrián Peiretti.

Pero para los jueces de la Cámara Penal, al igual que lo sostuviera semanas atrás el magistrado a cargo de Garantías 2, esos argumentos no eran válidos para pronunciarse a favor de la liberación del encausado.

Teniendo en cuenta los delitos que le imputan a Altamirano, en el fallo de la Alzada se mencionó que "fácilmente se advierte que la situación del nombrado no encuadra en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 169 del código ritual", es decir, la norma que alude al otorgamiento del beneficio pretendido.

"Además de la pena en expectativa, también debe tenerse en cuenta, como peligro procesal de elusión del proceso, la gravedad de los hechos imputados, consistentes en someter, el sujeto activo, sexualmente, con acceso carnal, a la... menor de edad con la que convivía, durante un período considerable de tiempo", señaló el camarista Damián Cini -el primero en votar a la única cuestión, resuelta por unanimidad desde la Alzada- para confirmar la denegatoria de la excarcelación de Matías Altamirano.

"Las circunstancias alegadas por la apelante -arraigo, residencia fija, trabajo estable, ser empleador de varias personas, poseer un hijo menor de edad y carecer de antecedentes penales-, si bien algunas no han sido debidamente acreditadas, no poseen una relevancia con signos de excepcionalidad ni son cualitativamente superiores a las comunes, generales y ordinarias al resto de la población. Por ende, en el caso, no logran neutralizar ni atemperar la presunción legal de los peligros procesales merituados", afirmó el actual Vicepresidente de la Cámara Penal departamental en lo resuelto ahora.

"Las circunstancias invocadas por la Defensa no resultan de una relevancia superior que permitan excepcionar los peligros procesales a los que me refiriera; resultando, por el momento, la medida de coerción personal oportunamente dispuesta necesaria y proporcional", sostuvo también el Juez de la Alzada que votó en primer término en esta resolución.

De acuerdo con lo investigado, Matías Leonardo Altamirano abusó de la menor desde 2012 hasta agosto del año anterior.

Desde el entorno familiar de la adolescente -que actualmente tiene 17 años- fue formulada la denuncia ante la justicia por la cual el hermano de la líder del movimiento "1° de Octubre" resultó detenido en Azul ese ya referido 18 de abril pasado.

Los hechos que le imputan han sido situados como sucedidos en una vivienda de esta ciudad y también, años atrás, en un inmueble situado en San Bernardo.

En las actuaciones penales se menciona que Altamirano se aprovechaba de la situación de convivencia existente en ese entonces con la menor para abusar de ella, lo cual en algunas ocasiones incluía que la accediera carnalmente "abusando de una relación de dependencia y autoridad".

Dadas la "duración y circunstancias de realización" de estos hechos, desde la Acusación se sostiene también que el accionar del imputado significó para la chica "un sometimiento sexual gravemente ultrajante".

EL DATO

Uno de los elementos de prueba valorados para ordenar la detención del encausado, y después convertir a esa medida cautelar en prisión preventiva en primera instancia, estuvo relacionado con el testimonio que la menor brindara en sede judicial cuando le fue tomada una declaración por medio de la Cámara Gesell. A través de sus dichos, la adolescente dio cuenta de los abusos sufridos. Y también señaló a Altamirano como el autor de esos ataques de índole sexual a los que la sometía.

"Desalojo compulsivo"

Después de que ayer un juez de Garantías ordenara el "desalojo compulsivo" del campamento montado días atrás en el veredón del Palacio de Justicia de Azul por Griselda Altamirano -la líder del movimiento "1° de Octubre" que reclama por la liberación de su hermano por ese caso de abuso sexual que lo involucra- una vez que la mujer fue notificada de lo resuelto personal policial se hizo presente para constatar que se hiciera efectiva la medida.

De esa manera, el acampe fue levantado en horas de la tarde de ayer, luego de que desde el pasado 9 de mayo Altamirano se había instalado en el veredón de los tribunales de Azul en reclamo de lo que, según sostiene, es la inocencia de su hermano.

Juan José Suárez -el titular del Juzgado de Garantías 3- fue quien ordenó que Altamirano desmontara el acampe, dando lugar así a un pedido formulado días atrás por José Ignacio Calonje, el fiscal a cargo de la UFIE que intervino en la causa penal que se iniciara por lo que había sido esta manifestación, que según lo que la propia hermana de Matías Leonardo Altamirano afirmara incluía que ella realizara una huelga de hambre.

Una presentación desde la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental se tradujo en la tramitación de este sumario penal, ante la presunta existencia por parte de Altamirano y de quienes la acompañaron en el acampe de delitos de "acción pública".

En la previa a que el acampe fuera levantado, alrededor de cien personas habían sido convocadas ayer por la líder del movimiento "1° de Octubre" para participar en esta protesta por la situación procesal de su hermano.

"Si bien consta que con el transcurso del tiempo los actos delictivos se habían visto de alguna forma disminuidos, lo cierto es que a la fecha los mismos han recrudecido, encontrándose nuevamente excedido el derecho de manifestación y libertad de expresión", sostuvo el Juez de Garantías con relación a lo sucedido ayer a la mañana, para después concluir que ese desalojo que ordenó era "necesario" para "restablecer el orden público y proteger los bienes jurídicos que se encuentran en riesgo".

Desde semanas atrás fueron varios los reclamos que se habían recibido en sede judicial con relación a las características de esta manifestación, marcada en algunos momentos por música a un excesivo volumen que alteraba el desarrollo de las audiencias en los tribunales y, en otros, impidiendo el normal ingreso y egreso del público al edificio central del Poder Judicial de Azul.

"Lo cierto es que, existiendo remedios legales para revisar y cuestionar una medida judicial, los denunciados han optado por reclamar a través de otra vía, haciendo uso abusivo del ejercicio de libertad de expresión, interfiriendo directamente en el normal funcionamiento de la justicia y afectando derechos de terceros", había señalado el titular de Garantías 3 en la resolución que se tradujo en este desalojo, llevado a cabo sin que se registrara ningún incidente.