CONCEJO DELIBERANTE

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Por un año será declarada en el distrito de Azul la "emergencia alimentaria"

La respectiva ordenanza cuenta con dos despachos de comisión que aconsejan la aprobación de la medida. El tema será tratado en la sesión ordinaria del miércoles próximo. Entre otras cuestiones, se afirma que "es deber del Estado municipal garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes". Para el correspondiente seguimiento se conformará un Comité de Emergencia Alimentaria en el legislativo local.

Por: Marcial Luna
31 de marzo de 2024

La comisión de Acción Social del Concejo Deliberante emitió un despacho que aconseja la aprobación del proyecto de ordenanza que declara, en el Partido de Azul, la emergencia alimentaria por el término de un año. El tema será tratado el próximo miércoles, durante la tercera sesión ordinaria.

Con las firmas de los integrantes de la comisión, concejales Agustín Puyou, Valeria Hiriart, Saúl Lucero y Agustina Bauché, el despacho sostiene que "el derecho a la alimentación adecuada es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales de derechos humanos".

Refiere, además, que "el derecho a la alimentación adecuada es el presupuesto ineludible para el ejercicio de los demás derechos humanos fundamentales y su vulneración menoscaba las bases mismas de la dignidad humana".

También observa que "nuestro país atraviesa una fuerte crisis económica y el Partido de Azul no es ajeno al consecuente impacto socioeconómico".

"Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina -ODSA UCA-, en enero, de 2024, la pobreza asciende al 57,4 por ciento de los argentinos", se afirma, así como también "un significativo número de hogares y familias en el Partido de Azul se encuentran en situación de vulnerabilidad económica creciente como consecuencia de la inflación, el desempleo, la precariedad laboral y la crisis económica general".

Se asevera, asimismo, que "es deber del Estado municipal garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes" y que "toda demanda social debe tener una respuesta económica".

Luego de esas consideraciones, el despacho aconseja la aprobación del proyecto de ordenanza presentado el 28 de febrero pasado por el concejal de UCR, Agustín Puyou.

En esa iniciativa, se menciona que "el Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que el índice de Precios al Consumidor registró un alza del 20,6 por ciento en enero de 2024, lo que significa una inflación acumulada del 254 por ciento en los últimos doce meses".

Además, según datos de la Canasta Básica Total que fueron publicados por el INDEC, "en enero de este año, un hogar compuesto por dos adultos y dos niños necesitó 596.823 pesos para no ser pobre. Y según la Canasta Básica Alimentaria, que contempla los ingresos necesarios para cubrir las necesidades de alimentación, ese mismo hogar requirió 285.561 pesos para no ubicarse por debajo de la línea de indigencia".

En tal sentido, en el proyecto de ordenanza, se mencionó que "un significativo número de hogares y familias en el Partido de Azul se encuentran en situación de vulnerabilidad económica creciente como consecuencia de la inflación, el desempleo, la precariedad laboral y la crisis económica en general".

También se puntualiza que "es deber del Estado municipal garantizar el bienestar y la calidad de vida de todos sus habitantes, adoptando medidas urgentes y efectivas para atender las necesidades de aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad".

Ante esa situación, se expresa, "resulta necesario establecer un marco normativo que permita la implementación de acciones coordinadas y sistemáticas para hacer frente a la crisis alimentaria, priorizando el acceso equitativo a una alimentación saludable y suficiente para todos los ciudadanos".

"En virtud de la crisis alimentaria y nutricional -se subraya luego-, resulta ineludible profundizar las acciones que brinden respuesta a las necesidades de la población socialmente vulnerable" y que "es urgente garantizar el derecho a la alimentación y adoptar medidas para paliar el hambre de las familias en situación de vulnerabilidad".

El proyecto de ordenanza, en consecuencia, propone que se declare en el ámbito del municipio de Azul "la emergencia alimentaria por el término de un año a partir de la promulgación" de dicha norma.

Para ello, se faculta al Departamento Ejecutivo municipal "para reasignar partidas presupuestarias y disponer de recursos extraordinarios en el marco de la emergencia alimentaria con el fin de atender las necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad social y morigerar el impacto de la crisis económica".

También se facultará al Ejecutivo a "impulsar acciones, celebrar acuerdos con instituciones, empresas y organizaciones de la sociedad civil a fin de coordinar esfuerzos y optimizar recursos, como así también toda otra medida correspondiente, dirigida a atender la demanda alimentaria de la población afectada por la crisis".

Se encomienda al Ejecutivo municipal a peticionar "formalmente ante el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y al Gobierno nacional el refuerzo en el envío de alimentos al Municipio de Azul".

Por otro lado, la ordenanza plantea la creación del "Comité de Emergencia Alimentaria en el ámbito del Concejo Deliberante de Azul, con el fin de coordinar medidas, realizar un seguimiento continuo y control de las acciones implementadas en el marco de la emergencia alimentaria declarada" en la ordenanza.

Para tal fin, se conformará el Comité de Emergencia Alimentaria con un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante de Azul, el presidente de dicho cuerpo legislativo, los presidentes de las comisiones de Acción Social y de Presupuesto y Hacienda, y un representante de la Secretaría municipal de Desarrollo de la Comunidad.

La ordenanza establece, por otro lado, la elaboración de "un informe periódico sobre la evolución de la crisis alimentaria y las acciones implementadas para mitigar sus efectos, los cuales serán de carácter público y estarán a disposición de la ciudadanía".

El proyecto de ordenanza cuenta también con despacho de la Comisión de Interpretación, Legislación y Seguridad Pública del Concejo Deliberante, que cuenta con las firmas de los concejales Andrea Barceló, Xavier Cabrera, Natalia Colomé y Agustín Puyou.

En este caso, se plantea la modificación de tres artículos -5, 7 y 8- del proyecto de ordenanza relacionado con la emergencia alimentaria.

"Artículo 5°. Créase el Comité de Emergencia Alimentaria en el ámbito del Concejo Deliberante del Partido de Azul, con el fin de coordinar medidas, realizar un seguimiento continuo y control de la asignación de partidas presupuestarias específicas y la utilización de los fondos, así como también las acciones implementadas en el marco de la emergencia alimentaria declarada en la presente ordenanza.

"Artículo 7°. Redáctese el reglamento interno de funcionamiento será acordado por sus integrantes.

"Artículo 8°. Elabórese desde el comité de Emergencia Alimentaria un informe trimestral sobre la evolución de la crisis alimentaria, que estará supeditado a la información que otorgue el Departamento Ejecutivo a través de las áreas que correspondan respecto de la asignación de partidas presupuestarias específicas y la utilización de los fondos, como así también las acciones implementadas para mitigar los efectos de la crisis económica y social, los cuales serán de carácter público y estarán a disposición de la ciudadanía".


"Un significativo número de hogares y familias en el Partido de Azul se encuentran en situación de vulnerabilidad económica creciente", afirma el concejal Puyou en su proyecto de ordenanza. NACHO CORREA

Proponen crear un programa sobre educación alimentaria
El concejal Agustín Puyou (bloque UCR) presentó un proyecto de comunicación, también vinculado a la problemática alimentaria, que será tratado en la sesión ordinaria del próximo miércoles.
En este caso, se propone al Ejecutivo municipal "la creación de un programa de educación alimentaria dirigido a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica, comedores y merenderos comunitarios, con el objetivo de mejorar los hábitos y promover una alimentación saludable y accesible".
También sugiere "la puesta en funcionamiento de acciones de difusión, capacitación y promoción de hábitos alimentarios nutritivos y saludables, abordando temas como la planificación y elaboración de comidas nutritivas y económicas".
Por último, recomienda "la participación de nutricionistas y profesionales de la salud en la elaboración de estrategias de abordaje para una efectiva educación alimentaria, la confección de menús adaptados a las necesidades nutricionales y el asesoramiento técnico para comedores y merenderos comunitarios en relación a la calidad nutricional".
En su iniciativa, el edil Puyou refiere "la crisis social y económica, y la consecuente vulneración de derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación".
En la comunicación se indica que "resulta evidente la necesidad de mejorar y preservar la situación alimentaria y nutricional de la población".
"Para el cumplimiento de una alimentación adecuada y saludable es necesario garantizar el acceso a información útil, asequible y actualizada", se añade.
En ese contexto, "una estrategia estatal en torno a la educación alimentaria es imprescindible para garantizar el derecho a elegir alimentos sanos, nutritivos y variados".
Se sostiene, además, que "las familias en situación de vulnerabilidad enfrentan desafíos particulares en el acceso de una alimentación adecuada, lo que impacta negativamente en la salud".
Del mismo modo, se enfatiza que resulta "imperioso brindar herramientas y estrategias para el abordaje de estas familias, procurando prevenir y erradicar la malnutrición".
"La educación alimentaria desde edades tempranas contribuye a la formación de hábitos de alimentación adecuados", asevera Puyou en su proyecto de comunicación.
Es así que, puntualiza, "la alimentación significa mucho más que comer: es el derecho de todas las personas a acceder a alimentos suficientes, variados y saludables".
"Los comedores y merenderos -se añade- son espacios fundamentales para la alimentación de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, y es necesario fortalecer la calidad nutricional de la asistencia que allí se brinda".
Finalmente se planteas que "toda demanda social debe tener una respuesta política".

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