La investigación penal iniciada tras la denuncia de una enfermera, quien afirma que vacunas contra el COVID-19 fueron desviadas por autoridades del Hospital de Niños para que las reciban sus "familiares y amigos", derivó en que este viernes que pasó el Fiscal que está a cargo de esa causa se hiciera presente en el centro asistencial de salud local.

Durante una diligencia llevada a cabo poco antes del mediodía de anteayer y que se extendió por más de dos horas, José Ignacio Calonje -el titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Especiales con asiento en Azul- recogió en el hospital ubicado en Prat y De Paula registros fílmicos de cámaras de seguridad. También, documentación relacionada con la campaña de vacunación contra el coronavirus que en ese centro asistencial se viene llevando adelante.

El funcionario judicial a cargo de la llamada UFIE se hizo presente en el hospital acompañado por Virginia Ezquenazi, la secretaria de la fiscalía que conduce; y por efectivos policiales de la DDI Azul.

Para recoger las filmaciones y documentación consideradas de interés para esta investigación penal, además, convocó a dos testigos que presenciaron la diligencia.

En un contacto mantenido con EL TIEMPO, el propio Calonje se refirió a lo que había sido su presencia en el Hospital de Niños y a las características que tuvo esa diligencia que llevó a cabo hace dos días.

"Me constituí en el lugar y solicité, a modo de colaboración, que se me permita el acceso a determinada información pública y también a documentación, la cual me hicieron entrega desde la Dirección del hospital", señaló el titular de la UFIE.

La diligencia se hizo después de que anteayer María Soledad Miranda, la enfermera que denunciara esta presunta irregularidad con el manejo de las vacunas contra el COVID-19 en el Hospital de Niños, declarara en la fiscalía que conduce Calonje.

En esa ocasión hizo entrega también de documentación que tenía en su poder y se relaciona con esta situación presuntamente irregular de la que diera cuenta, en un principio, en sede policial.

"En la Fiscalía de Delitos Especiales declaré y llevé pruebas. A raíz de eso, tenían que recogerse las filmaciones de las cámaras y la documentación relacionada con las vacunas. Además, grabé cómo me querían sobornar para que me callara y no hablara", le había dicho la enfermera a EL TIEMPO luego de que el pasado viernes el Fiscal había concurrido al Hospital de Niños para llevar a cabo esta diligencia.

El miércoles de la semana anterior Miranda había sido recibida en la sede de la Fiscalía General de Azul, donde mantuvo un encuentro con Marcelo Sobrino -el titular de esa dependencia judicial con sede en la calle Colón- y con el Fiscal que ahora tiene a su cargo la instrucción de este sumario penal.

Al ser consultado Calonje con relación al delito en que podría ser encuadrado este caso, sostuvo que todavía "hay que analizar" las pruebas y demás elementos que se están incorporando a la investigación iniciada tras la denuncia que formulara días atrás la enfermera.

EL DATO

Si bien no fue confirmado oficialmente, teniendo en cuenta las características de los hechos convertidos en materia de esta investigación penal no se descarta que en los próximos días la justicia ordinaria se declare incompetente para seguir interviniendo en el sumario iniciado tras la denuncia de la enfermera. En consecuencia, eso implicaría que las actuaciones sean remitidas al ámbito de la Justicia Federal con asiento en Azul.

Lo que había denunciado la enfermera

Algunos medios porteños se hicieron eco de la denuncia de Miranda y la habían entrevistado. IMAGEN DE TV

Tal lo que EL TIEMPO ya informara, aquella presentación que hiciera María Soledad Miranda en sede policial y que hace dos días amplió, sobre la base de una nueva declaración que brindara ante la Justicia, indicaba que autoridades del centro asistencial donde ella trabaja desde hace unos siete años desviaron vacunas contra el COVID-19 para "familiares y amigos".

La versión de la trabajadora de la Salud de 43 años de edad señalaba que dichas situaciones ocurrieron durante los primeros días del mes en curso, aprovechando para eso que las personas que tenían que concurrir al Hospital de Niños para ser vacunadas contra el coronavirus, a través de los turnos que tenían y habían tramitado de manera online, no se hicieron presentes.

Esas dosis, señaló también Miranda en la denuncia, miembros del actual Directorio del centro asistencial de Azul las desviaron para que las recibieran personas de su entorno, entre las cuales hizo mención como beneficiarios a "familiares y amigos del personal jerárquico" del hospital.

Según afirmara, ella fue testigo de que unas veinte personas habían sido vacunadas en el Hospital de Niños cuando no figuraban en el listado oficial, no formaban parte del llamado "grupo de riesgo" ni de la franja etaria que en ese entonces estaba recibiendo las primera dosis de estas inoculaciones.

La denunciante sindicó como responsables de este desvío de las vacunas contra el COVID-19 al médico Néstor Cousté, actual director del Hospital de Niños; el contador Luis Tonel, director Asociado; a María de los Ángeles Silva, que tiene a su cargo el área de Recursos Humanos; y a Mercedes Gómez, la abogada que como representante legal desempeña funciones en el centro asistencial de salud. Del mismo modo, por esas presuntas irregularidades involucró en lo sucedido a la licenciada en Enfermería María Silvia Tucci, encargada de las vacunas en general y en particular de las que se aplican contra el COVID-19 en el Hospital de Niños.

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