POR MARISA GRAHAM | TÉLAM

La experiencia del abuso sexual atraviesa la vida de muchas niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Lejos de ser comportamientos aislados, estos hechos son más habituales de lo que quisiéramos imaginar. Más allá de las particularidades de cada situación abusiva, ellas encuentran fundamento en las jerarquías y desigualdades que estructuran las relaciones entre los géneros y las generaciones y en la pervivencia de una mirada que cosifica a las niñas, niños y adolescentes haciendo de ellos y ellas propiedad del mundo adulto. Resulta, entonces, relevante comprometerse como sociedad en un cambio cultural que ponga en crisis el patriarcado y el adultocentrismo, como su subproducto, y así poder otorgar otro lugar a la niñeces y adolescencias.

Si bien es cierto que en nuestra sociedad estos actos se ocultan y se toleran mucho menos que antes, aún existen deudas en materia de políticas públicas. Durante las medidas de ASPO y DISPO las niñas, niños y adolescentes vieron fragilizados e incluso interrumpidos los vínculos con la escuela, una institución que es puerta de acceso a otros derechos además del de aprender, y que es clave en la detección y acompañamiento de las situaciones de abuso sexual jugando un rol fundamental en su prevención, a través de la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral.

La ESI permite que, desde el nivel inicial, de modo gradual, integral y transversal, se trabaje con las niñas, niños y adolescentes contenidos de vital importancia para la prevención de los abusos. El reconocimiento del propio cuerpo, los límites y la posibilidad de decir que no, la transmisión que posibilite el surgimiento del pudor y la intimidad y la importancia de poder expresar las emociones son aspectos que las y los fortalecen en relación a su cuidado y que las y los ayudan a identificar situaciones abusivas. Se trata de generar un compromiso ético con el cuidado del propio cuerpo y también con el cuerpo de las y los otros. Es por esto que seguimos insistiendo, sin dejar de reconocer los avances realizados, que resulta imperioso garantizar su efectiva y sistemática implementación en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Es urgente contar con programas robustos y accesibles de acompañamiento de las niñas y chicas frente al ASI, en el marco de un trabajo, anclado en el territorio e interinstitucional capaz de actuar ante la detección de situaciones que vulneren su integridad física y emocional, protegiéndoles y orientando a tiempo las intervenciones hacia los organismos competentes en cada jurisdicción.

Es necesario generar espacios de referencia a los que puedan acceder fácilmente. Entre ellos los servicios de protección de derechos provinciales y municipales y la línea telefónica 102 especializada en la escucha de las chicas y los chicos.

Finalmente, el poder judicial debe garantizar la escucha de las niñas y los niños y tenerla en cuenta al momento de tomar medidas que afectan sus vidas. Si bien en algunos casos se procede formalmente a la escucha, luego su palabra se desestima por considerarla influenciada o contaminada por el discurso adulto. Estas prácticas dan cuenta de la existencia de una mirada adultrocéntrica y patriarcal aún presente en un sector de la justicia, la cual lleva incluso, en casos extremos, a ordenar revinculaciones forzadas bajo el argumento del Síndrome de Alienación Parental, ampliamente cuestionado por su falta de credibilidad científica. Solo así y con el compromiso de todos los niveles y poderes del Estado y de la sociedad en su conjunto, realizando una revisión profunda de representaciones y prácticas enraizadas, es posible avanzar hacia una sociedad más democrática y libre de violencias.

Por Marisa Graham, Defensora del niño/niña y adolescente de la Nación.